Los estados latinoamericanos, incluido el mexicano, fieles a su religión neoliberal, han dejado más o menos rápidamente en manos del libre mercado la satisfacción de la necesidad de vivienda del conjunto de la población; es decir, en manos de la iniciativa privada. El resultado ha sido, en las condiciones de crisis profunda y de larga duración de las economías, un aumento sin precedente de los déficit absolutos y relativos de vivienda en campos y ciudades; una violación masiva de los derechos humanos. Ello es el resultado de una combinación compleja de factores estructurales, que impiden a la mayoría de la población el acceso a la vivienda ofertada en el mercado.

La vivienda es un bien que por su necesidad de suelo, soporte, por su complejidad estructural y por el atraso productivo del sector, tiene un alto precio de producción y de venta. El suelo urbanizable o urbanizado para tal efecto, se encuentra monopolizado por un número reducido de terratenientes, que utilizan la escasez y su situación de monopolio para mantenerlo en reserva y obtener con el correr del tiempo y la presión demográfica, rentas extraordinarias y especulativas del suelo, elevando su precio de mercado. En estas condiciones, el fraccionamiento popular no resulta rentable para las fraccionadoras privadas, frente a la demanda para colonias residenciales y otras obras inmobiliarias ligadas a la actividad del capital.

Con la reducción del gasto público, el Estado dedica cada vez menos recursos a la dotación de infraestructura general y local para adecuar el terreno a la construcción de vivienda popular; cada día los subsidios son menores, acercándose al precio comercial, lo que constituye un elemento más de encarecimiento. Las empresas privadas, en el fraccionamiento, la dotación de infraestructura, la construcción y comercialización de la vivienda, acumulan ganancias en cascada para garantizar la rentabilidad de los diferentes capitales y empresas involucradas en el proceso. En general, la vivienda popular urbana no es buen negocio para el capital constructor e inmobiliario privado, por lo que poco se ocupan de ella; la rural, ni la conocen.

Esto hace que el precio final sea muy elevado y los pocos trabajadores que pueden acercarse al mercado, tengan que recurrir al crédito. Pero la inestabilidad y elevación de las tasas de interés en las economías especulativas y tormentosas que caracterizan a nuestros países, hacen inaccesibles los créditos, multiplican muchas veces su costo y conducen periódicamente a la insolvencia de los acreedores y al despojo de muchos compradores, de la noche a la mañana. El caso mexicano es paradigmático y aleccionador. Convertidas en simples entidades de crédito hipotecario, las instituciones estatales de vivienda reducen en algunos casos el peso de las tasas de interés, pero al mismo tiempo, al entregar la producción y comercialización a la empresa privada, permiten la acumulación de costos y ganancias.

La mayoría de los trabajadores urbanos de nuestros países no son sujetos de crédito ni de la empresa privada ni de la estatal. Carentes de empleo estable y hundidos en la informalidad que afecta a cerca del 40 por ciento de la población activa, no pueden siquiera pensar en una transacción comercial de esta naturaleza; este porcentaje crece constantemente con la crisis económica recurrente y la modernización tecnológica ciega convertida en dogma por los neoliberales. Al mismo tiempo, los salarios reales caen constantemente como resultado de 20 años de política estatal-patronal de ``austeridad'' salarial forzada y violenta; el salario no cubre lo necesario para acceder a una vivienda digna en renta o compra. Estos dos procesos reducen el número de derechohabientes que pueden acceder al crédito de los organismos públicos de vivienda y el monto de sus aportaciones y los créditos demandables.

En el capitalismo sólo se produce aquello que cuenta con demanda solvente; la vivienda popular carece de ella, aunque la necesidad sea de millones de unidades. El capitalismo no satisface necesidades si no están armadas de dinero para pagar el costo de producción y la ganancia empresarial. Por esto, el libre mercado no puede resolver la necesidad de vivienda de las masas urbanas y rurales; el Estado, financiado con los impuestos de todos, tiene que tomar en sus manos, si quiere afirmar que expresa el bien común, la satisfacción de este derecho humano y social inalienable de los latinoamericanos y mexicanos.