Fernando Collor de Mello fue uno de los grandes beneficiarios del tráfico de influencias, dice la Policía Federal brasileña Ocupan cientos de campesinos el Ministerio de Agricultura en demanda de créditos

Efe, Ap, Dpa, Ansa, Reuter, y Afp, Brasilia, 30 de mayo El ex presidente Fernando Collor de Mello fue uno de los grandes beneficiarios del esquema de poder paralelo montado por sus principales asesores durante su gobierno, pero no hay elementos suficientes para encausarlo, informó hoy la Policía Federal.

El informe, resultado de más cuatro años de investigaciones, fue divulgado en momentos en que cientos de campesinos ocuparon el ministerio de Agricultura en demanda de la liberación de créditos por 2 mil millones de dólares para los pequeños agricultores de todo el país.

La Policía Federal señaló que Collor de Mello era "el sostén velado de las actividades criminales" del grupo encabezado por su ex tesorero de campaña, Paulo César Farías, conocido como PC .

En su informe, de 267 mil páginas, la Policía Federal sostuvo que PC montó una red de tráfico de influencias por medio de la cual otorgaba favores gubernamentales a grandes empresas y recibía a cambio millones de dólares que eran depositados en cuentas bancarias en Brasil y en el exterior.

Collor, de 46 años, renunció a la presidencia en diciembre de 1992 para evitar su destitución por el Congreso en juicio político por corrupción, y dos años después fue absuelto de los mismos cargos por el Supremo Tribunal Federal, por no haber pruebas en su contra.

El director de la Policía Federal, Vicente Chelotti, dijo que el delegado que elaboró el informe, Paulo Lacerda, llegó a la conclusión de que Collor de Mello era líder del denominado ``esquema PC'', pero que ``no hay pruebas documentales para hacer una denuncia''.

Agregó que Collor de Mello "fue uno de los grandes beneficiarios del dinero ilícito, con el cual se pagaba sus gastos personales", y no hizo "nada a lo largo de su mandato para impedir la acción inescrupulosa de Farías, que en la época era ampliamente comentada en los círculos políticos y empresariales".

En el informe se señala que los empresarios extorsionados acudieron al Servicio Nacional de Información para que se notificara a Collor de Mello de la presión que sufrían, y que después llevaron esas denuncias a Pedro Collor, el hermano del entonces presidente.

Pedro Collor, ya fallecido, fue alertado entonces por los empresarios de que PC planeaba debilitar sus negocios y, al no encontrar respaldo en su hermano, decidió hacer públicas las denuncias, con lo que estalló el escándalo conocido como el Collorgate.

A todo esto, se reactivó un debate en el Congreso en torno a una polémica ley de prensa, luego de que el famoso comentarista Arnaldo Jabor dijo en un programa de televisión que los legisladores han convertido al Legislativo en un ``centro de negocios'', canjeando sus votos por favores del gobierno o de empresas privadas. Parlamentarios de todos los partidos condenaron las afirmaciones de Jabor, y el presidente de la Cámara Baja, Luiz Eduardo Magalhaes, anunció que se demandará al periodista por calumnia. En tanto, unos 800 campesinos tomaron la sede del ministerio de Agricultura y advirtieron que permanecerán en el inmueble hasta que el gobierno libere unos 2 mil millones de dólares en créditos destinadoas al sector.

``Sólo nos marcharemos de aquí una vez que obtengamos el dinero'', dijo Tedirmo Paulo Queiroz de Soura, líder de la Confederación Nacional de Trabajadores Agricultores.

Aunque se reportaron enfrentamientos ente los labriegos y la policía, no se informó que haya habido detenciones. Los campesinos dijeron que tres personas de su grupo resultaron heridas, mientras que la policía aseguró que un uniformado corrió la misma suerte.

Y mientras el Tribunal de Cuentas Públicas criticó la reducción de presupuesto para combatir la pobreza, para el sector educativo, la asistencia social y el desarrollo urbano y rural, en un análisis sobre las cuentas públicas del año pasado el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada señaló que el índice de pobreza en las seis mayores ciudades del país bajó de 42.2 al 28.7 por ciento tras la aplicación del Plan Real de estabilización económica.