Denunciará México el caso ante la OEA y la cumbre Iberoamericana

Ansa, Pl, Dpa, Reuter e Efe, La Habana, 30 de mayo Cuba afirmó hoy que las advertencias formuladas por Estados Unidos a empresas de Canadá, Italia y México sobre eventuales sanciones a raíz de sus inversiones en la isla tienen un "evidente propósito injerencista y de coacción para los potenciales o reales inversores", pero reconoció que la ley Helms-Burton puede lograr ``alguno de sus objetivos''.

En Toronto, la empresa canadiense Sherrit, que confirmó haber recibido una carta de advertencia del Departamento de Estado, aseguró que mantendrá sus operaciones en la isla, y dijo que junto con el gobierno del primer ministro Jean Chrétien buscará anular en lo posible los efectos de la Helms-Burton, destinada a internacionalizar el bloqueo impuesto por Washington a La Habana hace más de tres décadas.

La empresa italiana Stet aseveró en Roma que su participación en la empresa cubana de telecomunicaciones Etecsa ``es sólo indirecto'', pues, subrayó, ``controla únicamente el ''49 por ciento de las acciones" mediante el grupo Domos.

Por lo pronto, continuaron las críticas de diversos gobiernos a la polémica legislación estadunidense, apoyada por el presidente Bill Clinton y sancionada por el Congreso estadunidense, después del incidente en el que dos avionetas de un grupo anticastrista fueron derribadas por Migs cubanos, en febrero pasado.

Similares planteamientos se produjeron también en Estados Unidos, y el representante demócrata Charles Rangel afirmó que "la Helms-Burton es una ley tan mal escrita, tan inconstitucional, tan ilegal en el plano internacional y tan deformada como sólo el deseo de la reelección (de Clinton) pudo haberlo logrado. Yo creo que va a caer por su propio peso".

Rangel añadió que "ninguna gran nación puede mirar a sus socios comerciales y decirles qué es lo que les va a hacer si se les ocurre tener tratos con el pueblo de la pequeña isla de Cuba". Anunció que, junto con más opositores al bloqueo, mantendrá la presión sobre la Casa Blanca para que las 395 computadoras confiscadas al movimiento Pastores por la Paz hace tres meses puedan ser enviadas a la isla, en donde se usarán en el sector salud.

En su tradicional conferencia de prensa semanal, el vocero de la cancillería cubana, Miguel Alfonso, calificó el envío de cartas de advertencia del Departamento e Estado a empresas de México, Canadá e Italia como un "chantaje intimidación: a los potenciales o reales inversionistas extranjeros en la isla".

"Nosotros tenemos plena confianza en los socios inversionistas y en los socios comerciales``, indicó, y señaló que La Habana ''no se siente en obligación ninguna de ofrecer información que no entienda adecuada en un momento determinado acerca de estos desarrollos".

Interrogado sobre el anuncio de la cementera mexicana Cemex de que se retira de la isla, Alfonso dijo: "no estoy en la posibilidad ni en condiciones de darles información de tal o cual empresa".

El vocero diplomático recalcó además que la puesta en vigor de la Helms-Burton "no va a detener el proceso de reforma económica emprendido por el gobierno, ni va a mellar las garantías dadas por Cuba a los inversores".

Pero el presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, reconoció que la iniciativa estadunidense podrá tener consecuencias en la isla. "El proceso busca desalentar inversiones. Uno debe esperar que consigan algunos de los objetivos de la ley".

El ex canciller y ex representante cubano en la ONU se mostró, sin embargo ``seguro de que van a lograr ese propósito'', y tras señalar que La Habana ``hará todo lo humanamente posible para que fracase'' la Helms-Burton, reiteró la posición de Alfonso en el sentido de que su gobierno ``no explicará las cosas que hará'' para detener los efectos de la Helms-Burton.

En Toronto, la vicepresidenta de Sherrit, Patrice Marrin, indicó que su empresa no retirará sus inversiones de la isla, y señaló que la presión estadunidense "ha estado ahí fuera desde hace mucho tiempo, y tampoco va a desaparecer".

En Roma, el administrador delegado de la Stet, Ernesto Pascale, recalcó que su empresa ``en el momento de la firma de la compra'' de la sociedad cubana recibió garantía "por escrito que en el patrimonio de Etecsa no había propiedades pertenecientes a sociedades estadunidenses y que luego fueron nacionalizadas por el gobierno cubano``. La Helms-Burton prevé sanciones para quienes "trafiquen'' con propiedades que pertenecieron a ciudadanos estadunidenses, incluso a aquellos de origen cubano, y que fueron confiscadas al triunfo de la revolución de 1959.

Pascale hizo énfasis en que en la empresa cubana hay "sólo inmuebles que habían sido utilizados por las sociedades estadunidenses".

Gran Bretaña condenó nuevamente la Helms-Burton en voz de su ministro para Asuntos Latinoamericanos, Nicholas Bonsor, quien a su llegada a Caracas insistió en que Londres no aceptará que ningún país aplique leyes con carácter extraterrito-rial sobre otras naciones..

El canciller español, Abel Matutes, dijo que la Helms-Burton es ``totalmente inaceptable e inadmisible'', mientras que el director general de Turismo español, Carlos Díaz, dijo que se elabora ya una lista de las empresa españolas en la isla para brindarles apoyo.

El presidente guatemalteco, Alvaro Arzú, criticó también la Helms-Burton y sostuvo que su gobierno analiza la posibilidad de abrir una oficina de intereses en La Habana, mientras la Asociación de Estados del Caribe y empresarios chilenos condenaron, por separado, la iniciativa estadunidense.