No debe pasarse por alto la fundamentada advertencia del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre la instalación de casinos, que ha sido también entregada para su estudio y consideración oficialmente al Senado de la República. La explicable polémica en torno al Abad de la Basílica no debería desvirtuar este tipo de declaraciones y mucho menos poner en duda deliberadamente su legitimidad ahora y en otras ocasiones. El interés que les mueve es el bien de la República y sus argumentaciones tienen o no tienen valor por sí mismas, además que no hacen otra cosa más que cumplir con las exigencias de su propia función.

Con conocimiento objetivo de lo que sucede en otros países y con experiencia de lo que acontece en nuestro país, los obispos católicos desaconsejan por razones económicas y sociales, pero sobre todo culturales y morales, la instalación de tales establecimientos en México y cuestionan las ``bondades'' que ideológicamente pretenden fundamentarla.

Para los obispos tales ``bondades'' están críticamente condicionadas por los intereses inmediatos, por las expectativas que despierta ese proyecto ante la situación financiera, económica y social del país, y por las experiencias particulares de las empresas contratadas para su estudio y análisis. Pero con muchos expertos ponen en guardia acerca de que tales antros son lugares propicios para el narcotráfico y el lavado de dinero, matriz que genera e incrementa la corrupción pública y privada, fuente de ganancias exorbitantes para el capital extranjero y sobre todo instalaciones que alimentan la ``cultura'' del dinero fácil e injustamente acumulado y poseído, así como de la indolencia y el providencialismo temerario. Todo lo cual relativiza en grado sumo las expectativas de generación de divisas en un país con gravísimos problemas financieros, de creación de empleos, de competitividad turística mayor y de aceleración del crecimiento.

Para ellos con razón la vigilancia y control estricto que se prometen sobre el manejo de las finanzas en este campo, ``están por fuerza condicionadas a la honestidad y eficacia de las instituciones gubernamentales y empresariales, cuyo descrédito moral ha ido por desgracia en aumento''. ``Las alianzas entre políticos y empresarios dicen atinadamente han causado males gravísimos al país y nos impiden pensar que se cancelarán de raíz con la edición de una nueva ley y la creación de un Consejo de Vigilancia, sobre todo tratándose de materia tan codiciable''.Con fundamento, puesto que se han documentado responsablemente de lo que sucede en otros países, los obispos advierten que dichas empresas suelen tributar mayoritariamente en el extranjero a causa, entre otras cosas, del origen de los capitales, de los insumos importados, del pago de regalías y de los costos de administración con personal y sueldos internacionales, y por dolorosa experiencia histórica sentencian: ``De la fuga de capitales y divisas tenemos los mexicanos una amplia y dolorosa experiencia; no vemos cómo en el caso de las casas de juego podría ser diferente''. Además de que reconocen que son relativamente pocos los turistas que deciden su destino por la existencia de una casa de juego. ``Este suele ser por lo común dicen un motivo más, pero no el determinante para el destino de un viaje. Mayor sería la afluencia turística si los visitantes contaran con mejores servicios y más seguridad en calles y carreteras''. Pero son sobre todo los motivos culturales y morales los que también con razón preocupan especialmente a los obispos y con ellos a muchos miembros de la Iglesia y hombres y mujeres de buena voluntad. Dada la pseudocultura del despilfarro y del dinero fácil, que desgraciadamente reina en el país, y que estas casas de juego vendrían a incrementar, así como la corrupción pública y privada imperante, la práctica de los juegos de azar en México sería fácilmente dañina para todos y gravemente pecaminosa. En nuestro país, por el contrario, lo que necesitamos urgentemente no es seguir privilegiando al especulador sobre el inversionista, en contra de los trabajadores, sino fomentar ``una auténtica cultura de la administración y del uso correcto de los bienes de la creación y del trabajo humano'', en beneficio de todos, pero fundamentalmente de las mayorías pobres y miserables.