La mayoría priista en la Cámara de Diputados, el PRI en su conjunto, y el sistema en suma, contra viento y marea defienden hasta la ignominia al gobernador de Guerrero con licencia, Rubén Figueroa. A toda costa se empeñan en evitar que ese distinguido miembro del grupo gobernante rinda cuentas completas y claras ante la ley y ante la sociedad, por su responsabilidad en los graves hechos en Aguas Blancas donde fueron acribillados 17 campesinos.

Desde el 28 de junio del 95 fue evidente la responsabilidad moral y política del entonces gobernador en esa emboscada criminal que sacudió la conciencia nacional. Más tarde, en la declaración de María de la Luz Núñez, nunca desmentida convincentemente, Figueroa apareció como el alto funcionario que dio la orden de detener a como diera lugar a los miembros de la Organanización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que ese día se proponían realizar un acto pacífico y legal en apoyo a diversas demandas.

Pese a la certidumbre sobre la responsabilidad de Rubén Figueroa y a las exigencias de una opinión pública indignada, el todavía gobernador aunque no en funciones, ha permanecido intocable. La presión social y la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sólo consiguieron la destitución de algunos funcionarios secundarios y el encarcelamiento y proceso judicial de una docena de miembros de los cuerpos policiacos. El sistema ha conseguido salvar a uno de sus ilustres integrantes, de la misma manera que encubre hasta la fecha al gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo. Sólo está dispuesto a sacrificar a funcionarios secundarios como David Garay Maldonado, para fingir que se escuchan los reclamos de la sociedad.

Casi un año después del aciago día 28 de junio del 95 el PRI sigue comprometido en la defensa de Rubén Figueroa. Así lo demuestran los diputados priistas que en la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados imponen su mayoría para cancelar en esa instancia la posibilidad de juicio político al gobernador con licencia. Tienen la mayoría pero no la razón ni tampoco argumentos.

Acorralados por las evidencias, la presión social y el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría priista en esa subcomisión admitió que en Guerrero y en el caso concreto de la masacre del 28 de junio en Aguas Blancas, hubo violación grave de los derechos constitucionales, en lo cual cabe responsabilidad al gobernador, pero no son tantas ni ``sistemáticas''. Por ello, concluyen, no se justifica el juicio político que podría concluir con la destitución de la gubernatura (sigue siendo gobernador, aunque con licencia) y su inhabilitación por 20 años para ocupar puestos públicos. Exonerarlo, formalmente abre la posibilidad de que siga en la vida política, ingrese al gabinete del doctor Zedillo o sea postulado para presidente.

Ante los representantes de los medios se evidenció la inconsistencia de la decisión de la mayoría en la subcomisión. Los diputados priistas sólo pudieron balbucear respuestas que dejaron completamente insatisfechos e irritados a los reporteros por la falta de claridad y precisión en las razones por las cuales la mayoría decidió exonerarlo (veáse La Jornada de ayer, nota de Elena Gallegos y Oscar Camacho). Esos diputados tienen, no faltaba más, el apoyo del líder de la mayoría en la Cámara de Diputados y del presidente del PRI, Santiago Oñate. Es pues el partido oficial en una suerte de complicidad mafiosa el que de nueva cuenta protege, encubre y salva a uno de los suyos. Tal decisión constituye un arrogante menosprecio para las víctimas de la masacre de Aguas Blancas, es un nuevo atropello a la legalidad y una burla a toda la sociedad.