Políticos estadunidenses rehúyen el tema, acusa el experto de la Brookings Institution

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 1o. de junio Las recetas de política económica de Estados Unidos a México promueven el narcotráfico y más migración, pero los políticos estadunidenses, por una serie de razones políticas y burocráticas, se resisten a abordar ese problema, según un nuevo análisis de la relación bilateral de un experto de la prestigiada Brookings Institution.

En una largo artículo que aparecerá este domingo en la revista Foreign Policy, el investigador de la Brookings, Peter Andreas, señala que una combinación de factores --por un lado burócratas en busca de nuevas agendas en la era de la posguerra fría y, por otro, los continuos temores de los políticos de ser percibidos como "suaves en torno al problema de la droga"--, ha llevado a que los diseñadores de políticas se nieguen a reconocer los vínculos entre las políticas de libre mercado y libre comercio, el narcotráfico y la inmigración.

"Las iniciativas de política exterior --escribe Andreas-- tienen que empezar con un diálogo hemisférico honesto que finalmente reconozca y enfrente las contradicciones incómodas que frecuentemente surgen entre nuestra aplicación de la ley y las recetas de política económica." Según Andreas, la política estadunidense hacia México ilustra esta contradicción.

Las recetas de política que llevan a que los gobiernos abran sus mercados mediante la liberalización de éstos, reducen la capacidad de estos gobiernos para soportar las mismas presiones del mercado, argumenta Andreas. "Después de todo, los países que siguen las premisas de la teoría económica neoclásica deberían especializarse en esas exportaciones en las cuales tienen una ventaja comparativa", escribe. "Esto implica que el nicho de mercado de algunos países es la exportación de drogas ilícitas y mano de obra migrante. Esto es notablemente evidente en el caso de México".

La privatización de empresas estatales y la liberalización del sector financiero hicieron que la económica mexicana quedara mucho más abierta para los narcotraficantes en los 90, dice Andreas. Cita, como evidencia de esto, el argumento de James Moody, agente del FBI, de que ``muchas'' de las empresas privatizadas bajo el gobierno de Carlos Salinas fueron adquiridas por narcotraficantes.

Agregando a estas presiones, Andreas señala que la liberalización del sector agrícola y la reducción de los subsidios gubernamentales a áreas rurales incrementaron los incentivos para que los campesinos se dedicaran al cultivo de productos como la mariguana. Un informe de la DEA citado por el autor indica que "el incremento de producción de drogas ilícitas probablemente será un resultado directo de la descontinuación de subsidios de cosecha".

Aunque el autor acepta que en teoría las fuerzas del mercado podrían, a futuro, reducir la inmigración, argumenta que en el corto y mediano plazos el mercado libre está aumentando el flujo migratorio a Estados Unidos. Citando a varias investigaciones económicas y hasta al propio Luis Téllez, Andreas alega que millones de campesinos serán forzados a abandonar la tierra por los cambios en la ley agraria y el fin de los subsidios.

Un parte sustancial de estas personas irá hacia el norte. "La liberalización económica no sólo termina promoviendo la migración, sino la exportación de parte del peso del creciente desempleo del país, (lo que) ofrece un importante amortiguador para el gobierno mexicano mientras procede a implantar su programa de reforma económica", dice Andreas.

Sin embargo, en Estados Unidos el Pentágono, la CIA y Departamento de Estado siguen buscando redefinir sus papeles en la era de la posguerra fría al determinar nuevas misiones. El autor documenta cómo estas dependencias están ampliando su papel en cuestiones de seguridad pública y en tareas de control de fronteras, entre otras. Así se incrementa la presión para enfatizar esfuerzos de seguridad y económicos para enfrentar estos problemas, algo que se nutre por la percepción pública manifestada en encuestas, según la cual detener el flujo de droga y de inmigrantes debieran ser las prioridades principales de la política exterior estadunidense en la era de la posguerra fría.

La brecha entre un enfoque políticamente efectivo sobre la reducción de la oferta de drogas y lo que el autor considera que son las soluciones prácticas a largo plazo para el problema del narco --algo que tendría que enfocarse en el tratamiento y la reducción de demanda-- continúa ampliándose. Al mismo tiempo, los diseñadores de políticas en este país han sido renuentes a enfrentar las fuerzas económicas que generan la migración ilegal desde México a Estados Unidos.

Andreas argumenta que el gobierno estadunidense no ha tenido la voluntad de enfrentar el problema de los empresarios de la industria de la confección y del agro, cuya dependencia de la mano de obra pobre barata y frecuentemente indocumentada, sigue funcionando como un poderoso imán para los trabajadores mexicanos.

"Un énfasis para elevar las normas laborales al ajustar los controles en la fuente de trabajo, haría mucho más para abordar la raíz del problema que el simple reforzamiento de los controles de frontera", escribe. El autor también argumenta que Estados Unidos debería considerar urgir a México a desacelerar el ritmo de las reformas agrarias que desplazan a la gente de sus tierras y que ayude a promover industrias pequeñas y medianas en zonas rurales, a fin de asistir a los recién desplazados de la tierra.

Sin embargo, el autor advierte que "tales medidas requieren una intervención estatal activa para manejar la transición económica en la provincia en lugar de la actual forma laissez faire".

Finalmente, Andreas señala que el FMI y el Banco Mundial deben comenzar a considerar este tipo de temas en sus recetas de políticas económicas. Aunque reconoce que sus sugerencias no resultarán en una solución rápida y definitiva, señala que podrían generar un proceso para desarrollar una forma más efectiva y humana en el manejo de estos asuntos binacionales.

Pero el autor no es muy optimista de que sean pronto adoptadas aquí. "El progreso real en esta dirección es imposible mientras la respuesta de política primaria de Washington continúe siendo el aumento en lugar de la revaluación".