El domingo pasado, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, dio a conocer un documento en el que se denuncia la existencia de ``un proyecto para deponer al presidente Ernesto Zedillo, inspirado y promovido desde el extranjero y vinculado a grupos políticos y económicos que traicionan al régimen para apoderarse de las riquezas del país, esencialmente los yacimientos petroleros''. Ayer, un grupo de diputados priístas, en un manifiesto de apoyo a las instituciones, rechazó las ``acechanzas externas e internas'' y las estrategias de ``incertidumbre'' y salió al paso de rumores sobre una presunta renuncia del Presidente.

Por más que, en la información cotidiana que recibe la opinión pública nacional, estos designios aparecen como asuntos aislados y dispersos, los señalamientos de López Obrador y de los legisladores obligan a reconocer que existen presiones de dentro y fuera del país, y que pasan por grupos de interés político y económico, orientadas a desestabilizar la institucionalidad nacional.El orden político y legal de México en el momento presente no es lo sólido ni lo satisfactorio que se quisiera, pero es evidente que su quebrantamiento sería gravísimo para el país, afectaría a la enorme mayoría de la sociedad, cancelaría las perspectivas de democratización y nos colocaría en una situación de inaceptable indefensión ante los intereses extranjeros que, en efecto, desearían ver drásticamente reducido el margen de nuestra soberanía para tomar el control de nuestros recursos, particularmente el petróleo.En esta perspectiva, la toma de posición de López Obrador en contra de los intentos desestabilizadores, y el llamado a cerrar filas emitido por los diputados del PRI, constituyen puntos de referencia de primera importancia para todos los sectores sociales, para el conjunto de las organizaciones políticas y para la ciudadanía en general.

Para defender la estabilidad institucional, es necesario que la clase política en su conjunto, los medios de información y los mismos ciudadanos hagan el vacío a los rumores y a las versiones sobre una supuesta dimisión o remplazo del presidente Zedillo por el daño enorme que ello causaría al país.

Por su parte, el gobierno que éste preside debe responder con decisión y energía a los chantajes y presiones de los círculos que, desde feudos de poder político y económico no pocos de los cuales están enquistados en la propia estructura de la administración pública, en gobiernos estatales y en cotos corporativosactúan en contra de los intereses de la nación. Es necesario poner un alto radical a todo empeño por dislocar el funcionamiento de las instituciones y quebrantar el Estado de derecho.Al margen de diferencias políticas y de concepciones económicas divergentes, la sociedad mexicana está unida por un consenso de base en torno a la Constitución, la preservación de la paz y el mantenimiento de la estabilidad. Hoy, ese consenso debe expresarse, en forma inequívoca, en apoyo a las instituciones nacionales.