El conflicto chiapaneco vive hoy su peor crisis desde la ofensiva militar en contra del EZLN de febrero de 1995. Más allá de las razones formales que la explican, ésta es el resultado de las carencias de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, de los candados del Acuerdo de San Miguel y de la descomposición política en el estado.

La Ley para el Diálogo es el mecanismo que los poderes Ejecutivo y Legislativo establecieron para darle una salida legal a la negociación del conflicto armado en Chiapas. Su objetivo central es alcanzar, a través de un Acuerdo de Concordia y Pacificación, la solución justa, digna y duradera a la insurrección. El Acuerdo de San Miguel, firmado por el gobierno federal y el EZLN, contiene los principios básicos de la negociación.

La Ley para el Diálogo tiene dos caras, como la Luna. Una brillante, conocida por el público, y otra oscura y poco conocida. La crisis actual del proceso de negociación ha hecho evidentes las insuficiencias y limitaciones presentes en la otra cara de la ley.

El primero de ellos se refiere a la definición de los actores centrales de la negociación. Esta se realiza entre el gobierno federal y el EZLN, con la coadyuvancia de la Cocopa y la intermediación de la Conai. Se trata de una negociación entre el poder Ejecutivo y los zapatistas, en la que el poder Legislativo es solamente coadyuvante, y el poder Judicial no participa. Ello propicia que como sucedió en el caso de Elorriaga el poder Judicial pueda emitir una sentencia por terrorismo, que lastima severamente el espíritu de la ley. En el mismo sentido actúa el que la estrategia de negociación sea definida exclusivamente por el Ejecutivo, prácticamente sin mediaciones ni contrapesos.

Para evitar este tipo de conflictos, que en la dinámica actual tienden a ser recurrentes y de graves consecuencias, se requiere replantear a fondo el esquema de negociación, poniendo de un lado de la mesa al Estado mexicano (entendido como los tres poderes) y del otro al EZLN. Un mecanismo de esta naturaleza no tiene porqué lastimar la precaria independencia de los poderes y puede propiciar que actúen como contrapesos reales.

Otra contradicción de la ley proviene de la doble representación del gobierno local chiapaneco. Por un lado, uno de sus integrantes participa en la Cocopa, que es una comisión legislativa; por el otro, varios de sus representantes forman parte de la delegación gubernamental. Son pues, simultáneamente, negociadores y coadyuvantes.

Una tercera laguna se desprende de la naturaleza de los compromisos pactados en la Mesa del Diálogo. Mientras que para los zapatistas son obligatorios, para el gobierno federal son apenas compromisos y propuestas sobre temas de alcance nacional. Sucede así que los acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas son considerados por algunos funcionarios gubernamentales apenas como una opinión más dentro de la Consulta Nacional que se organizó sobre el tema.

Un cuarto hueco se relaciona con la mecánica misma del Diálogo. En la primera fase de la Mesa sobre Democracia y Justicia, la representación gubernamental no llevó invitados ni asesores, a pesar de que sus opiniones no expresaban a las partes. Esta actitud, contraria al espíritu de la Ley, no violaba formalmente las ``bases de la negociación''.

Una quinta limitación se refiere a la ausencia de mecanismos para dirimir conflictos que ``contaminan'' el proceso del Diálogo. En cada ronda de pláticas ha habido desalojos de tierras y asesinatos de campesinos, como parte de un clima de provocación, sin que sus responsables hayan sido sancionados.

Una sexta carencia surge de las acciones unilaterales del gobierno que buscan ``podar'' la agenda de negociación con el zapatismo y que desestabilizan el Diálogo. Un ejemplo reciente de esto es la declaratoria oficial de finiquito agrario en el estado, a pesar del compromiso gubernamental de abrir una Mesa con el EZLN para tratar este asunto.

Un séptimo conflicto se refiere a la negativa gubernamental a aceptar que en la Comisión de Verificación y Seguimiento estén integradas las partes, y la falta de instrumentos legales para resolver la cuestión. La negativa gubernamental parte de consideraciones estrictamente políticas: aceptar la propuesta implicaría dar a los zapatistas una salvaguarda para moverse por el país. El bloqueo gubernamental ha impedido la formación de esta comisión.

Finalmente, existe una indefinición en si la continuidad del Diálogo implica el establecimiento de fechas límite para las reuniones, independientemente de si existen o no condiciones para su realización.

Pacificar Chiapas hoy requiere mirar los dos lados de la luna contenidos en la Ley. El luminoso y brillante, y el que impide la cabal aplicación de su espíritu. Obliga a cubrir las insuficiencias y candados tramposos que hay en ella. Revisar la Ley y las reglas de procedimiento son la vía para hacerlo.