La Jornada 4 de junio de 1996

Cesa el ejecutivo de Jalisco al oficial mayor de su gobierno

Gerardo Rico, corresponsal, Guadalajara, Jal., 3 de junio El gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, destituyó al oficial mayor del gobierno local, Saúl Tapia Contreras, por su presunta relación amistosa y de negocios con los hermanos Lupercio Serratos, quienes según el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD) son destacados miembros del cártel de Ciudad Juárez.

``En mi gobierno deseo que no haya duda, ninguna mala interpretación, de que no estamos coludidos'' con asuntos de este tipo, manifestó el mandatario. Anunció que se revisarán todos los expedientes de funcionarios de mandos medios para reexaminar sus trayectorias, pues aceptó que a varios colaboradores no los conocía hasta que fueron integrados a su gobierno.

Es el caso del ex oficial mayor Tapia Contreras, quien fue invitado a colaborar por el secretario de Gobierno, Raúl Octavio Espinosa Martínez.

En sus primeras declaraciones ante el agente del Ministerio Público Militar, Jorge Sánchez Mancilla, el narcotraficante colombiano Jorge Iván Taborda Maya involucró a Tapia Contreras en operaciones relacionadas con el narcotráfico.

Afirmó que el ahora ex funcionario era el encargado de pagar los salarios a los trabajadores de los hermanos Lupercio Serratos, además de que aparece como apoderado legal de los negocios que tienen en Guadalajara, con facultades para realizar pleitos, cobranzas, administración y dominio sobre diferentes inmuebles. Sin embargo, este lunes, en su declaración preparatoria ante el juzgado tercero de distrito en materia penal, Toborda Maya negó tales aseveraciones

El mandatario estatal fue entrevistado al término de un acto oficial sobre Promoción y Desregulación Económica. Ahí indicó que cualquier persona que sea dada de alta en su gobierno tendrá que pasar por un riguroso examen.

Posteriormente el secretario de Gobierno convocó a una rueda de prensa en donde leyó la ``renuncia'' de Tapia Contreras.

En la misiva firmada por el ahora ex funcionario, apunta que ``en virtud de los intensos e injustificados señalamientos contra mi persona que se han dado en los últimos días, me permito presentar mi renuncia voluntaria irrevocable. Lo anterior para que no se inmiscuya o señale al gobierno de Jalisco por hechos, todos lícitos, que realicé en el ejercicio de mi profesión de abogado, mucho antes de ser invitado a colaborar en este gobierno''.

En otro párrafo señala que ``en su oportunidad, ante las instancias legales correspondientes, acreditaré mi inocencia; nunca estuve ni estaré relacionado con hechos ilegales''.

Espinosa Martínez dijo que el gobierno panista ``es el más honesto que ha tenido Jalisco en los últimos 65 años''. Subrayó que existe la voluntad del gobernador y de sus principales colaboradores para que esta gestión se depure, por lo que se dará un combate absoluto a la corrupción. Sostuvo que la presunta implicación de Tapia Contreras con los hermanos Lupercio Serratos es el precio del cambio de actitud, ``donde hoy no se oculta la verdad'', por lo que corresponde a la Procuraduría General de la República y a instancias como los juzgados de distrito, investigar el caso.

Se refirió, por otra parte, al hecho de que el ex oficial mayor haya colaborado en la campaña del ex candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por el PRI, Ismael Orozco Loreto, y acotó que eso ``no implica no tener también la posibilidad de colaborar en un gobierno con otra ideología'.

Al hablar sobre su asistencia a la inauguración de una ''estética'', propiedad de los hermanos Lupercio Serratos, el secretario de Gobierno mostró un recorte periodístico en el que aparece retratado con uno de los miembros de esa familia, lo cual justificó diciendo que se está sujeto ``a realizar muchos eventos en función del cargo''.

Este lunes, los 10 narcotraficantes detenidos el 29 de mayo fueron consignados al juzgado tercero de distrito en materia penal, por asociación delictuosa y delitos contra la salud, así como por privación ilegal de la libertad y homicidio calificado.

Los presuntos delincuentes negaron cualquier relación con los 125 kilos de cocaína que fueron decomisados y con la exhumación de los cinco cadáveres encontrados en un domicilio del municipio de Tlajomulco.

Solicitaron, asimismo, la ampliación del término constitucional para aportar pruebas sobre su inocencia, por lo que será el próximo sábado cuando el juez determine su situación legal.

Hasta el momento permanecen en Guadalajara seis investigadores de la PGR, quienes realizan las pesquisas en torno a la supuesta implicación de funcionarios estatales con el negocio de estupefacientes, además de rastrear la red de narcotraficantes con quienes tenían relación los detenidos.