Las especulaciones sobre la posible renuncia de Ernesto Zedillo a la Presidencia de la República no se deben a una supuesta conjura de grupos priístas en su contra, como pretende la propaganda oficial, sino al fracaso de sus políticas, y es por eso que no debe olvidarse algo esencial: que la Constitución prevé el caso y que es un derecho de la ciudadanía el discutir sobre el tema.

1. El gobierno ha orquestado una campaña en los medios para ``defender'' a Zedillo, luego de que tanto aquí como en Estados Unidos se han publicado decenas de notas sobre su salida de Los Pinos, pero lo ha hecho buscando silenciar la discusión y tergiversando los hechos: como si no pudiese ser para bien de México.

2. Los regímenes democráticos, no debe olvidarse, se caracterizan por tener los mecanismos constitucionales para poner fin anticipadamente a las funciones de un gobernante, los que puede dejar el cargo, en cualquier momento, no sólo a) por voluntad propia (al reconocer el costo que tiene para el país el que se aferren a seguir en el cargo), sino también b) porque un órgano del Estado (el Legislativo) o un mecanismo de consulta ciudadana (la revocación del mandato) así lo deciden. El fundamento democrático de estas instituciones es evidente: un pueblo no puede estar condenado a tener en un cargo público a un hombre incapaz política y/o moralmente para ejercerlo. En los regímenes parlamentarios, la Cámara baja puede así poner término al encargo del primer ministro (al retirarle su confianza), lo que es harto frecuente, al igual que en los presidenciales, aunque a través de un mecanismo más complejo: el impeachment (como en Estados Unidos o en Brasil) o el juicio político (como en México).

3. El debate actual se puede plantear, por lo tanto, en términos muy claros; es Ernesto Zedillo un hombre capaz, política y moralmente, para ejercer el cargo que ocupa? El hecho de que no ejerza plenamente sus funciones, de que deje gobernar al equipo de su predecesor y a fuerzas del exterior, las que imponen políticas antinacionales gracias al ``sistema'' de partido de Estado, y de que su actividad se haya centrado en la tarea de encubrir los crímenes de Joseph-Marie Córdoba y de Carlos Salinas, hace pensar que no es así, y el debate es por lo mismo de enorme importancia.

4. Los mexicanos, en todos caso, desaprueban todos los días las políticas del gobierno, y no son sólo los campesinos indígenas de Chiapas o los maestros de la CNTE o los pequeños empresarios de El Barzón. Las últimas encuestas muestran el repudio generalizado a Zedillo, pues según los entrevistados por Reforma y El Norte está ``reprobado'' en su gestión con 5.6 de calificación (Reforma, 2 de junio) mientras que para el CEO de la Universidad de Guadalajara sólo obtiene 5.5 (La Jornada, 4 de junio).

5. En el ``sistema``de partido de Estado en México, el Presidente ha sido, sin embargo, un ``intocable'', y en un absurdo jurídico y político se ha pretendido que encarna a las ``instituciones'', a la legalidad y/o a la patria, de tal manera que plantear la necesidad de su remoción por problemas de extrema gravedad nacional, como el de su incompetencia y falta de autoridad moral, el de la sumisión que guarda a su predecesor o el de su subordinación a fuerzas trasnacionales y/o el de las políticas anticonstitucionales y contrarias a los intereses de la mayoría de los mexicanos que se empecina en imponer por la fuerza, no sería como en cualquier país democrático un derecho esencial de los ciudadanos y de las fuerzas políticas, sino que constituiría un acto ``desestabilizador'', ``golpista'' y de ``lesa traición''. Esa y no otra ha sido la lógica de ``las plumas del régimen'' que han llenado las planas de los diarios, en ``defensa de Zedilo'' (y de Córdoba y Salinas, naturalmente) y desde luego de sus propios intereses: la lógica del ``sistema''.

6. La cultura presidencialista del ``sistema'' ha permeado como se sabe no sólo a las organizaciones del PRI, sino a amplios sectores del país, incluyendo a intelectuales y a dirigentes de izquierda, pero es sorprendente como éstos lo están demostrando con el ''affaire Zedillo''. Buena parte de ellos evidencian que conservan una cultura política no democrática, similar a la de los dirigentes empresariales, y no han faltado presuntos voceros de los sindicatos y del PRD e incluso oficiosos ``asesores'' del EZLN que, pretendiendo hablar desde una posición (supuestamente) progresista, se han sumado a la carga priísta, interpretando que la salida de Zedillo conduciría fatalmente a un régimen aún más autoritario que el actual.

7. Es por eso que la pregunta en torno a Zedillo ha de reformularse: Debe estar Mexico fatalmente condenado hasta el año 2000 a que Salinas y Córdoba permanezcan en la impunidad y sigan mangoneando al actual gobierno para preservar sus intereses económicos y políticos?8. El régimen constitucional mexicano no ha establecido aún la institución de la revocación del mandato (por la cual se somete a consulta ciudadana si un funcionario debe o no dejar el cargo), pero aún así prevé dos vías para que un Presidente deje su puesto en cualquier momento, y éstas pueden resolver el conflicto actual. Zedillo tiene desde luego la posibilidad constitucional de presentar su renuncia por una ``causa grave'' (artículo 86) que calificaría el Congreso (artículo 73, fracción XXVIII), pero existe también otro mecanismo: el del juicio político, por el que puede ser acusado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores (artículo 111) por ``traición a la patria'' y delitos graves (artículo 109), y no faltan elementos para ello.

9. La renuncia, claro está, es un acto muy personal, y supondría, que Zedillo comprende el mal que le ocasiona a México al ocupar el cargo no por la voluntad popular sino por la imposición de un ``sistema'' subordinado a Córdoba y Salinas, siendo que no tiene una idea del Estado y no actúa más que como instrumento de las multinacionales: y que, por lo mismo, no puede cambiar de políticas. El juicio político, por el contrario, implicaría un amplio debate.

10. El tema de la salida de Ernesto Zedillo es de extrema gravedad y debe por lo mismo plantearse en términos democráticos, pues puede ser la vía hacia la transición mexicana. Pero lo que el país no puede es seguir en la misma pendiente.