La demanda de la cancillería va dirigida a la jefatura de los Rangers de Texas

David Aponte y Rubén Villalpando, corresponsal La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó una investigación a la jefatura de los Texas Rangers sobre el ataque del alguacil Oscar Gallego a dos indocumentados mexicanos, quienes resultaron heridos de bala.

Adicionalmente, el consulado de México en Midland, Texas, hizo contacto con el fiscal de distrito de Presidio, Albert Valadez, para llevar el caso ante el Gran Jurado, de acuerdo con un reporte de la cancillería.

En respuesta, el fiscal informó a la representación consular que presentará la agresión a los indocumentados mexicanos ante el Gran Jurado a finales de junio, para determinar si procede o no someter a juicio al mencionado alguacil.

Por su parte, los abogados consultores del despacho Crowley, Marks and Douglas, de la ciudad de Houston, llevarían la demanda penal y civil en contra de las autoridades policiacas de Texas, involucradas en el ataque a los connacionales.

Durante la última semana del mes de mayo el alguacil de Presidio, Oscar Gallego, disparó con su escopeta hacia una camioneta en la que viajaban los indocumentados mexicanos José González Piñón, Alvaro Téllez Muñiz, Olegario Contreras y Andrea Durán Ortega.

Las postas destrozaron el rostro de González Piñón, actualmente hospitalizado en el University Medical Center de la ciudad de Lubbock, e hirieron a Téllez Muñiz, quien fue puesto en la línea fronteriza pese a tener cuatro perdigones en el cráneo.

Olegario Contreras y Andrea Durán fueron transportados por elementos de la Patrulla Fronteriza a la jefatura del sector con sede en Marfa, para que firmaran su ``salida voluntaria''. Los indocumentados regresaron a territorio nacional sin que la delegación del Instituto Nacional de Migración con sede en Ojinaga, tomara conocimiento de los hechos, señala el reporte de la SRE.

Por el momento, la representación consular mexicana en Midland estableció comunicación con el capitán Gene Powell, jefe de los Texas Rangers, ``quien tiene a cargo la investigación interna del incidente en cuestión (y) a quien se le solicitó un peritaje de máxima velocidad de la camioneta, así como la información de la fecha del juicio, con la finalidad de contactar a los connacionales deportados que servirán como testigos de cargo''.

Por separado, los abogados consultores interpondrán los recursos legales pertinentes para llevar a juicio al oficial Oscar Gallego. El Gran Jurado de la localidad determinará la procedencia a finales del mes de junio, según los informes consulares.

En tanto, el consulado mexicano ha solicitado los reportes médicos de González Piñón, quien fue sometido a una cirugía reconstructiva en los maxilares y ha mantenido comunicación con la señora Virginia Rodríguez, hermana del connacional herido, añaden.

Mientras que el consulado de México en Midland, Texas, dio a conocer que la SRE presentó una denuncia contra el policía que baleó a dos indocumentados mexicanos, la Patrulla Fronteriza informó que fueron reinstalados en su trabajo tres agentes despedidos el año pasado por estar involucrados en la muerte de un mexicano en Tucson, Arizona.

La Patrulla Fronteriza restituyó en sus puestos a Frank Arellano, Gilbert López y Gracie Mata, quienes mintieron a favor del agente policiaco Michael Elmer, oficial que mató a un mexicano en junio de 1992.

En el caso de Presidio, la demanda del consulado mexicano fue presentada en las cortes estatales contra las autoridades policiacas del condado texano. De acuerdo con la versión de la representación consular, el juicio será llevado hasta las cortes federales, debido a que el incidente es considerado como un claro caso de violación a los derechos de los trabajadores indocumentados.

Presidio es un pequeño poblado de unos 3 mil residentes, que viven en su mayoría de los sueldos de funcionarios federales como agentes de la DEA, del FBI, de la Patrulla Fronteriza y otros organismos.

Las corporaciones gubernamentales de Presidio no dieron a conocer estos hechos al consulado de México, a pesar de que existen convenios entre ambos países para reportar de inmediato cuando un mexicano es herido.

La población y autoridades mexicanas tomaron nota del incidente cuando un grupo defensor de derechos humanos presentó la denuncia pública a través de periódicos locales y nacionales.