Un mes después de que el juez primero de distrito Juan Manuel Alcántara condenara a trece y siete años de prisión a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin por los delitos de terrorismo, conspiración y rebelión, dicha sentencia es anulada en segunda instancia y los presuntos zapatistas, el jueves 6 de marzo, han salido de la prisión de Cerro Hueco.

Esta es sin duda una buena noticia. No sólo ellos recobran su libertad tras quince meses de prisión política injusta. Se crean mejores condiciones para la reanudación del diálogo del gobierno con el EZLN en San Andrés Sacanch'en, puesto en peligro por la absurda sentencia del juez primero de distrito el 2 de mayo. Es un respiro en medio de la crisis política, económica y también social que agobia al país.

Es plausible la decisión del magistrado del Tribunal Unitario Enrique Durán Martínez. Al dictar sentencia absolutoria rectifica por completo la decisión aberrante del juez Alcántara. Al magistrado no debe haberle costado ningún trabajo, desde el punto de vista legal, pues la sentencia condenatoria contra Elorriaga y Entzin, era inconsistente, fundada en pruebas y testimonios falsos, insostenibles, presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) a través del Ministerio Público Federal. El principal de ellos fue el testimonio de un delator o un ``fantasma'', Salvador Morales Garibay, del cual debe informar la PGR.

En realidad de lo que se trataba era de rectificar formalmente una sentencia judicial, pero en esencia un error político grave del gobierno mexicano, que durante el mes de mayo puso en riesgo, de nueva cuenta, las posibilidades de solución política de los problemas. La PGR de manera irresponsable llevó hasta el fin sus acusaciones de terrorismo, conspiración y rebelión contra Elorriaga, Entzin, a sabiendas de que una sentencia condenatoria, que lógicamente demandaba al juez, tendría graves repercusiones políticas en las negociaciones.

En buena hora se produce la rectificación. Pero fue posible sólo gracias a la firma actitud del EZLN que rechazó la sentencia no únicamente por injusta sino porque era una acción grave de acoso y presión sobre el zapatismo que al mismo tiempo negocia con los representantes del gobierno. El EZLN no podía volver a la mesa de las negociaciones tras la sentencia a quienes el gobierno juzgó y condenó como zapatistas. Esa posición del EZLN fue decisiva para que los órganos del Estado entendieran algo importante: es riesgoso para la paz y la conservación de limitada estabilidad del país seguir en Chiapas o en cualquier otro conflicto el doble juego de pegar y negociar. La calificada por Jaime Avilés Doctrina Iruegas que no es sino la versión de la política desde posiciones de fuerza, debiera ser por completo abandonada por el gobierno.

También contribuyeron a conseguir la rectificación de la sentencia las críticas y exigencias de los sectores más conscientes de la sociedad, aunque por momentos parezcan cansados de tanto esfuerzo, y una opinión pública cada día más vigilante. Ambas hacen sentir su presencia positiva en todos los asuntos de la vida política y social del país, lo mismo en Chiapas que en Tabasco o Guerrero.

Por último, sería erróneo no valorar el importante papel jugado por la comisión plural de la Cámara de Diputados para la paz, la conciliación y la concordia en Chiapas, la Cocopa, para encontrar una salida a los problemas que pusieron y ponen en riesgo las negociaciones del EZLN y el gobierno. La Conai merece un reconocimiento especial, don Samuel Ruiz en particular, que en momentos críticos mantienen la confianza y la espoeranza en una salida negociada de los problemas.

Desde otra perspectiva, la decisión absolutoria del Tribunal Unitario liberando a Elorriaga y Entzin, pone en evidencia nuevamente, el sentido aventurero y la irresponsabilidad de la ofensiva policiaca contra el EZLN iniciada el 9 de febrero de 1995. Nada de lo afirmado por el Presidente ese día se ha confirmado: ni el EZLN había extendido sus actividades militares a otros lugares, ni se empeña en una solución armada, y los supuestos zapatistas acusados de terrorismo, rebelión y conspiración han sido liberados porque fueron acusados en falso por la PGR. En realidad el gobierno comenzó aquel día un plan para ponerle punto final al EZLN mediante la violencia policiaca y militar y abarrotando las cárceles de supuestos o verdaderos zapatistas. Pero los estrategas del gobierno se equivocaron en lo fundamental: la rebelión en Chiapas iniciada el 1o de enero del 94 no tiene solución policiaca ni militar, es política.