Hoy concluye en Estambul la Conferencia Hábitat II, convocada por las Naciones Unidas, a la que asistieron miles de delegados de más de cien países, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales y especialistas en el tema. Previamente tuvo lugar la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales, con la presencia de 400 alcaldes de todo el mundo, entre ellos los de las urbes más pobladas y con mayores problemas, como el Distrito Federal.

Para muchos de los asistentes a ambas reuniones, una preocupación básica fue el deterioro ambiental, económico, político y social que presentan las grandes y medianas ciudades. Y de manera notable, el abatimiento de la calidad de vida entre millones de personas que habitan las periferias. Estos asuntos se han agravado desde 1976 (cuando se realizó la primera reunión de Hábitat en Vancouver) por la acelerada expansión de las manchas urbanas y el crecimiento de la población.

En la Asamblea Mundial de Ciudades, el regente Oscar Espinosa presentó un documento donde detalla los retos y oportunidades relativas al DF. Además del diagnóstico sobre los problemas que aquejan a la capital del país, enunció los cuatro puntos en que descansa la estrategia oficial para salir adelante: 1) La planeación efectiva del crecimiento urbano, que incluya el elemento ambiental y el mejoramiento de los servicios; 2) la reforma profunda de las instituciones políticas, comenzando por la elección, en 1997, del regente mediante el voto de los ciudadanos; 3) la satisfacción de necesidades básicas y el mejoramiento integral de los habitantes del DF; y 4) un proyecto económico que garantice el crecimiento de sectores que ofrezcan competitividad, generen empleo y cuiden el medio.

A propósito de dicho documento, cabe señalar lo que ocurre en varias megalópolis, con Tokio, Sao Paulo, Nueva York, México, Bombay, El Cairo, Calcuta y Shangai a la cabeza: los problemas parecen no tener solución a medida que se convierten en influyentes centros regionales, donde a mayor dimensión urbana y población, más deterioro ambiental, uso irracional de energía, aumento en el costo del transporte y el intercambio económico. En algunos casos, reina una complicada madeja burocrática y administrativa, responsable de proporcionar los servicios públicos básicos, garantizar la infraestructura citadina, hacer menos pesada la carga financiera gubernamental y resolver los problemas de contaminación.

En este último aspecto, los informes presentados en Estambul muestran que, pese a los esfuerzos de muchos países para fortalecer la gestión municipal, son pocas las ciudades donde efectivamente el gobierno ha mejorado el ambiente. Por el contrario, cada vez se informa con mayor precisión sobre las consecuencias visibles y directas en la salud y en la productividad de la población, debido a la escasez de agua apta para consumo humano, la generación de basura, el aire contaminado por el parque vehicular, la industria y los servicios; la falta de áreas verdes y de cinturones agrícolas que aminoren los efectos de la incontenible mancha de asfalto; el deterioro de la salud y la calidad de vida de las mayorías por la falta de un transporte cómodo y suficiente, por el déficit de vivienda y la construcción de latas de sardinas disfrazadas de unidades de interés social, y miles de casuchas sin servicios en las periferias.

A lo anterior se agrega la concentración de riesgos en áreas densamente pobladas o con importante actividad industrial. El reciente pasado muestra ejemplos aleccionadores en nuestro país: los temblores de 1985 en la ciudad de México, la explosión en el sector Reforma de Guadalajara en 1992, sin faltar tragedias en ciudades medias, como Córdoba, donde hace cinco años se incendió una planta elaboradora y almacenadora de plaguicidas altamente tóxicos, ubicada en una zona habitacional y de servicios, y cuyos efectos en la salud de las personas todavía se resienten.

En las dos reuniones celebradas en Estambul, diversos analistas insistieron en la urgencia de que los principales objetivos de la política y la gestión de las ciudades tengan como fin hacer posible que el proceso de urbanización contribuya al desarrollo sustentable a escala nacional, habida cuenta el papel concentrador (en lo político, social, económico, administrativo, etcétera) que tienen las megaciudades; que igualmente sean económica y ecológicamente más eficientes, menos depredadoras de recursos, y más vivibles. Porque hay evidencias de los efectos negativos de la privatización de la economía y los servicios de la urbe, so pretexto de ``adelgazar'' el tamaño del aparato burocrático estatal, eliminar subsidios a servicios públicos claves, privatizarlos y hacerlos rentables. Pero ello se refleja en menores apoyos a quienes, por millones, habitan las zonas marginadas.

Como la realidad lo está demostrando, las medidas ``modernizadoras'' en vez de mejorar la calidad de vida de la población producen todo lo contrario, especialmente entre quienes ya se encuentran afectados por la mala distribución del ingreso y la riqueza, y por el modelo de ``desarrollo'' y globalización vigente. Por eso, muchos piensan que los acuerdos adoptados en Estambul correrán la misma suerte que los de otras reuniones cumbre: ser una lista de buenas intenciones que se olvidan pronto.