Curiosa, por decir lo menos, la reacción del gobernador Madrazo ante el informe de la PGR, y no menos llamativos algunos ecos que ha encontrado en la prensa y que hacen ver al procurador cargando una nueva derrota en su haber. Desde mi punto de vista, el informe, a pesar de las limitaciones de sólo conocer delitos de orden federal, revela que efectivamente hubo excesivo gasto de campaña, y además que el origen de ese dinero es oscuro y se vincula con personajes y procesos igualmente turbios.

Sin embargo, en su autodefensa, al gobernador se le olvida aclarar ciertos puntos. Veamos. Si el hecho que no se ejerza acción penal contra Madrazo supone una victoria de éste, ciertamente se olvida el origen del conflicto y las posibilidades de acción de la PGR. Sólo así se puede entender la pretensión de presentar el informe como una exoneración. Y en esa línea parece ir la argumentación: Madrazo no ha ofrecido, desde el principio, ni una sola prueba que desdiga la sospecha del excesivo gasto de campaña. La PGR ha dicho que una parte importante de las operaciones que se indagan se hizo en efectivo, por lo que el seguimiento se complica, y por tanto el monto orginalmente presentado por Andrés Manuel López Obrador para investigación se reduce. La reacción del mandatario tabasqueño desdeña de nuevo la gravedad de las acusaciones, y aporta ese dato (un monto inferior al original, pero de cualquier forma muy superior a los topes autorizados) como alegato de la poca seriedad de las investigaciones.

Una cosa es que el proceso electoral sea cosa juzgada por los órganos locales, y otra que el mandatario ostente la legitimidad para ocupar el puesto. Lo que ha estado en entredicho en todo este proceso es precisamente la posibilidad de documentar un abuso, en cuyo caso, es decir si se consiguiera aportar elementos del agravio, y más allá de los enredos estrictamente legales, lo que se cuestionaría es la pertinencia de que el gobernador permanezca en funciones. Insisto en que, aunque tiene una dimensión legal que no se puede ignorar, no sólo por los montos involucrados, sino ahora también por el origen oscuro del financiamiento de campaña, el resultado necesariamente ha de ser político.

El gobernador ha conseguido situar a Tabasco de nuevo en el ojo del huracán. La PGR sostiene que se gastó en exceso en la campaña, pero para juzgar eso no tiene competencia y envía la documentación al ámbito de justicia local; sí la tiene, en cambio, para establecer que hay posible lavado de dinero en las operaciones que financiaron la millonaria campaña del PRI en Tabasco. Esos son los hechos. Sin conocer a detalle las consecuencias jurídicas que se deriven, no se pueden evadir las consecuencias políticas de los hechos. Cuando se debate la posibilidad de lograr una nueva legislación electoral de consenso, de nuevo Tabasco aparece como un obstáculo en el camino.

Habría que rendirnos ante la evidente capacidad de Madrazo de conservar el puesto, a pesar no sólo de los cuestionamientos que se hacen de él a nivel de la opinión pública nacional, sino a contrapelo también de un clima político y social en la entidad que se aleja bastante de la concordia. Pero resignarnos a que esto sea así, sería tanto como rendirle pleitesía al cinismo. Ojalá se encuentren soluciones políticas y jurídicas que den cuenta de la gravedad del conflicto que hoy tiene lugar en Tabasco; de otra manera, los grandes arreglos nacionales a que aspiramos volverán a correr el riesgo de quedar cautivos de un caudillo que se aferra a la silla.