La corrupción evita que los planes del FMI beneficien a los pobres: Camdessus

Ansa y Efe, Caracas, 9 de junio La corrupción es un ``flagelo que atenta'' contra los planes de ajuste económico del Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo hoy su director gerente, Michel Camdessus, al insistir en la necesidad de modernizar al Estado en Venezuela.

Camdessus dijo, en declaraciones a la televisión venezolana, que si los ``beneficios'' de los programas del FMI no llegan a los más pobres ``es por la corrupción''.

Añadió que la corrupción y la ausencia de un sistema jurídico, problemas que se presentan en Venezuela "al igual que en muchas otras partes del mundo``, son ''flagelos que hay que combatir con determinación absoluta".

En el caso del país sudamericano, Camdessus aconsejó efectuar un ``cambio profundo en muchas instituciones'', entre ellas el sistema financiero, las redes de protección social y el Estado mismo, que, dijo, ``debe achicarse y hacerse más eficiente''.

"La justicia debe cambiar. Debe establecerse, y esto lo dicen muchos venezolanos, un Estado de derecho para que los bienes estén mejor protegidos, para que las transacciones estén mejor protegidas, para que la seguridad de las personas esté afianzada", agregó.

Michel Camdessus opinó que los programas del FMI ``no golpean'' a las familias de menores recursos, sino que por el contrario "lo que golpea es no tener programas porque los países se estancan y crecen todos los riesgos que después deben corregirse con medidas de restricción de demanda".

El FMI otorgará a Venezuela un crédito standby de mil 500 millones de dólares por 11 meses para apoyar sus reservas internacionales y, posteriormente, firmará con Caracas un acuerdo de facilidades ampliadas por tres años, luego de que el presidente Rafael Caldera puso en práctica el 15 de abril un severo plan de ajuste con el objetivo de abatir la inflación y reducir el déficit fiscal.

"Lo mejor es hacer un enorme esfuerzo para cortar el gasto público y que sea mayor la proporción de gasto productivo en el presupuesto para que la inflación baje, las tasas de interés bajen y que no haya demasiada responsabilidad puesta en el anclaje monetario", sostuvo el director del FMI.

Por otro lado, el presidente del Congreso venezolano, Cristóbal Fernández Dalo, aseguró que existe un plan para reagrupar a nivel nacional a grupos subversivos.

"Tengo informaciones que me permiten afirmar que estamos en presencia de un plan que pretende reconstruir a la subversión dispersa en el país", dijo Fernández, de acuerdo con una versión del diario El Nacional.

El parlamentario del Movimiento al Socialismo, que forma parte de la coalición gubernamental, aseguró que el presunto plan busca agrupar a varias organizaciones políticas de izquierda que estaban separadas por ``diferencias ideológicas''.

Agregó que esas organizaciones quieren aprovechar el ``descontento'' que pueda generar en la población el plan de ajuste económico puesto en práctica por el gobierno el 15 de abril, pero confió en que no tendrán éxito porque la opinión pública ``los rechaza''.

Fernández opinó que en ese contexto se explica la quema de 14 unidades de transporte público ocurrida la semana pasada en barrios populares de Caracas, hechos que fueron atribuidos por el Ministerio del Interior a grupos ``terroristas''.

El ex director de la Policía de Inteligencia y de la Policía Judicial, José Lugo, también aseguró este domingo que la quema de los vehículos es un ``acto terrorista" y lo atribuyó a ''grupos totalmente anárquicos, se ignora de qué tedencia, que están actuando con un fin netamente político".

"El objetivo no es asediar a Caracas sino desestabilizarla... sin pensar que esa subversión del orden, en caso de que sea parte de grupos izquierdistas, puede provocar que se instaure un régimen de derecha militar", indicó Lugo.

Finalmente, el comisionado de Naciones Unidas, Nigel Rodley, llegó hoy a Caracas para investigar las denuncias sobre un ostensible incremento de los casos de tortura en Venezuela durante 1995.

Un reciente informe del Programa Venezolano de Educación y Acción para los Derechos Humanos (Provea) señaló que las torturas a detenidos en organismos de seguridad del Estado aumentaron 151 por ciento el año pasado, con 99 casos debidamente documentados.

Del total de torturas documentadas, Provea dice que 51 fueron ejecutadas por miembros de organismos policiales, mientas que 48 por ciento las atribuye a organismos dependientes de las Fuerzas Armadas, y en muchos casos se utilizó desde "incomunicación, golpizas generalizadas, quemaduras con cigarrillos, hasta descargas eléctricas".