En estos días existe la sensación de que se ha intensificado el debate político en México, no sólo por el incremento de la rumorología, sino porque los problemas públicos se discuten de una forma más abierta y con mayor resonancia que hace unos años. Al mismo tiempo que existen mayores espacios de libertad de expresión, como fue reconocido por periodistas y gobierno el pasado 7 de junio, también hay un clima de incertidumbre propicio para que el rumor pueda tener verosimilitud.

De forma simultánea, tenemos en unos cuantos días varios hechos importantes al respecto. Se pueden destacar: el discurso de Emilio Chuayffet con motivo del día de la libertad de expresión; la entrevista al procurador Lozano Gracia (Proceso 1023) y el rumor de la renuncia presidencial.

La paradoja entre rumor y libertad es sólo una expresión del momento político del país. El contexto inmediato presenta problemas palpables, urgentes de resolver, entre los cuales se pueden destacar: el malestar, la inconformidad y el deterioro social por la crisis económica y por el ajuste gubernamental; el reacomodo de las fuerzas políticas para la elección de 1997; la negociación sobre las nuevas reglas del juego político; el compás de espera frente a los expedientes penales de asesinatos políticos (Colosio, Ruiz Massieu), y fraudes millonarios (Tabasco, Raúl Salinas) que han permeado la vida pública, pero todavía no se logran resultados; las amenazas al proceso chiapaneco de pacificación.

Los rumores llegan a tener eficacia cuando logran despertar dudas en la sociedad; y la posibilidad de que se haga realidad la pesadilla empieza a formar parte de los cálculos reales de un clima propicio. El rumor de la renuncia presidencial está amarrado al juego de poder que se da dentro del aparato gubernamental y en la clase política priísta. No hay que confundirlo con los desacuerdos abiertos que se expresan desde la oposición o desde la crítica independiente, o con el pesimismo ciudadano propio de situaciones de crisis como la que pasamos. El rumor es un juego sucio muy costoso para el país, porque deteriora la confianza y golpea las perspectivas de futuro. Sin embargo, es necesario analizarlo.

Hay problemas evidentes que generan el clima propicio, por ejemplo la cuestión del liderazgo presidencial; en este caso la actualización del rumor se debió a una declaración del candidato a la dirección del PRD, López Obrador. Pero quizá el problema de fondo sea que la demanda de liderazgo presidencial no pida, por lo menos para los que su apuesta es por un cambio democrático, el regreso al presidencialismo autoritario, sino a una nueva forma de ejercer el poder en esta etapa preparatoria de una posible transición. Un presidencialismo que de alguna manera encabece la convocatoria, construya las alianzas y cierre espacios a los que quieren la restauración, porque cualquier vacío o duda será ocupado por estos grupos.

El discurso del secretario de Gobernación es una respuesta al rumor, el cual reconoció de entrada la existencia de dos grupos: los que quieren regresar al pasado y los que quieren un nuevo orden. En esa ocasión la pieza retórica de Chuayffet hizo un catálogo de caricaturas a las posiciones críticas y estableció seis categorías: los que quieren congelar la realidad, los que piden actos de autoridad, los que quieren liderazgo fuerte, pero en realidad buscan un cacique, los que sólo ven el modelo económico, pero no proponen otra solución, los que condenan la libertad de los medios y los que generan los rumores. Esta clasificación sirvió de base para concluir que el presidente Zedillo terminará su mandato en el año 2000 y dejará un mejor país (La Jornada, 8/VI/96). De alguna forma, este texto es una respuesta a cualquier crítica; paradójicamente se hizo el día de la libertad de expresión, con el mensaje formal de que la prensa libre y la pluralidad son bienvenidas, pero con la contundencia de que el que no está de acuerdo conmigo, está en mi contra. En esta apertura desigual a la libertad de expresión, también hace falta una cultura política del poder más tolerante a la crítica y a la diferencia.

Otro de los signos que mejor definen el momento actual es, sin duda, la mezcla de la política y el mundo policiaco, no sólo por las resistencias y las inercias para construir un Estado de derecho que termine con la impunidad y brinde certeza legal a todos, sino por la descomposición del mismo sistema político. Después de leer las declaraciones del procurador Lozano Gracia, quedan tres sensaciones: la tarea de generar un Estado de leyes será una de las labores más arduas y complejas del México de fin de siglo; los resultados de los grandes casos políticos serán mucho más modestos en términos penales, respecto a las grandes expectativas políticas que tiene el país sobre ellos; estamos inmersos en una cultura política en la que las jerarquías políticas y las reglas jurídicas no son muy compatibles.

Mientras se despejan dudas e incertidumbres sobre los grandes problemas nacionales, y el calendario político y jurídico muestra resultados claros para construir confianza y nuevos consensos, México seguirá caminando sobre el filo de una navaja, donde los márgenes son estrechos, el tiempo es corto y los peligros de una caída o una restauración son factibles.