Militarización de las policías
Para contener la delincuencia, o la protesta ciudadana?

Ottawa, Canadá En rigor, no es una novedad que un militar se haga cargo de la policía capitalina. Allá por 1982, en tiempos de crisis, como los actuales, el general Ramón Mota Sanchez fue llevado a ese cargo, y luego lo sustituyó otro militar, José Domingo Ramírez Garrido Abreu, quien por cierto fue asaltado en una ocasión cuando dirigía la policía del Distrito Federal. También han llegado a ese cargo ex jefes de la Dirección Federal de Seguridad, como Miguel Nassar Haro y Javier García Paniagua.

Los elementos militares también han encontrado lugar en actividades policiacas, como Américo Javier Flores Nava y Luis Roberto Gutiérrez Flores, de la Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, respectivamente.

Pero además se sabe de la participación de efectivos de origen militar quienes, con disciplina y formación castrense, han integrado grupos policiacos especiales que se desempeñan en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y que en por lo menos dos ocasiones han desplazado a los policías judiciales, federales y estatales, en sonados casos de detención de narcotraficantes, como los de Juan García Abrego y el boliviano José Pereira Sales.

Con la llegada del general de división Enrique Tomás Salgado Cordero a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se conforma un equipo en el que las principales policías del país Judicial Federal, del Distrito y capitalina están dirigidas por militares de alto rango, quienes poco a poco han ido aplicando en sus respectivos cuerpos de seguridad la disciplina y la formación castrenses.

En el fondo, y más alla de los altos índices de criminalidad y violencia que hay en todo el territorio nacional, y particularmente en la capital del país, todo indica que finalmente el gobierno federal se decidió por la militarización de los cuerpos policiacos, más en prevención de protestas ciudadanas incontenibles que para detener a la delincuencia.

La iniciativa, incluso, se podrá extender a todos los estados del país, como parte del Plan Nacional de Seguridad, en cuya presentación tuvo un destacado papel el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.

Pero tampoco es nuevo que asesores del gobierno de Ernesto Zedillo, realizaron un minucioso análisis sobre la participación militar en el campo de la seguridad pública, sobre todo ante la ineficiencia y la corrupción mostradas por los civiles al frente de los grupos de seguridad. Esa iniciativa considera incluso la incorporación, con base en modelos extranjeros, de los militares en las policías, en lo que se consideraría un sector más del desarrollo militar.

Sin embargo, la incursión castrense en las policías o incluso en el gobierno no ha dado resultados positivos, lo que es fácilmente comprobable en Morelos y Chiapas, sólo por mencionar dos casos recientes, pero incluso acontecimientos ya históricos, como el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 que ayer cumplió 25 años, se originaron en gran medida por la participación militar en las policías.

Y es precisamente aquí donde aparece uno de los aspectos relevantes de la reciente designación del general de división Enrique Tomás Salgado Cordero, como jefe de la policía capitalina. Militar de carrera, Salgado Cordero se desempeñó hasta hace pocos días como jefe militar en Guerrero, en donde a raíz de la presunta existencia de grupos armados afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llevó a cabo una intensa militarización de ese estado.

Más aún, el ahora director de la Secretaría de Seguridad Pública tuvo una estrecha relación con el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quien defendió sistemáticamente cuando en todos los sectores se alzaban reclamos de justicia por la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas. Para Enrique Tomás Salgado, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) era un ``grupo radical'' de ``ideas extrañas''. A mayor abundamiento, cuando arreciaban las críticas a Figueroa y aparecieron indicios de que en la fecha cercana al asesinato de Aguas Blancas el general Mario Arturo Acosta Chaparro había visitado Guerrero, Salgado Cordero negó la versión, misma que luego se confirmó.

Si bien existen sectores que apelan a la militarización de las fuerzas de seguridad pública, la llegada de militares a esos cargos no es ajena al avance de los sectores políticos duros en el gobierno, lo que prefigura un panorama de represión, más que a la delincuencia, a la protesta ciudadana. En el fondo, la militarización de los grupos policiacos se acerca más a una estrategia encaminada a contener el descontento social que a combatir la creciente ola delictiva. O ya se nos olvidaron el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971?