``Para ser precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República se deberá haber desempeñado un cargo de elección popular, así como un cargo de dirigencia partidista o sectorial a nivel estatal o nacional''.

La anterior demanda está contenida en un documento de trabajo para la XVII Asamblea Nacional del partido gubernamental, presentada por organizaciones del sector popular, que está en proceso de volverse a denominar Confederación Nacional de Organizaciones Populares y que es sin duda la organización más importante de ese instituto político oficial por el número de sus miembros que desempeñan cargos de elección popular, a nivel municipal, estatal y federal.

Aunque la Asamblea Nacional, cuya fase final fue pospuesta tentativamente para septiembre u octubre, no hiciera más cambios en su estructura interna ni en sus procedimientos para elegir candidatos y dirigentes, sino que que se limitara tan sólo a aprobar este cambio, se covertiría en la más trascendente en la historia de casi siete décadas de ese partido político.

Para apreciar la trascendencia de exigir que los candidatos presidenciales priístas hayan desempeñado con anterioridad cargos de elección popular y directivos dentro del partido y sus sectores, basta señalar que el actual jefe del Ejecutivo Federal, Ernesto Zedillo, no hubiera podido llegar a ese cargo.

Pocos son los llamados

Con vistas a las futuras elecciones del año 2000, una disposición de tal calibre dejaría fuera de la contienda por la nominación presidencial a la gran mayoría del gabinete presidencial, que es tradicionalmente la antesala para la candidatura a la Presidencia de la República.

Un rápido ejercicio de memoria indica que sólo dos titulares de despacho, el de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y el de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa ambos ex gobernadores, de los estado de México y de Sinaloa, respectivamente, cumplen con los requisitos. Y si la disposición se aplicara un con poco de flexibilidad, también podría ser incluido el titular de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, que tiene antecedentes en la dirigencia partidista, aunque no cargos de elección popular. En cambio, todos los tecnócratas estarían eliminados.

Los propuesta del sector popular dista mucho de estar aprobada. De hecho, hay que recordar que una exigencia similar se planteó en la XIV Asamblea Nacional, la que le correspondió organizar al malogrado Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien tuvo que emplear todos sus recursos políticos (auxiliado por sus inmediatos colaboradores Jesús Salazar Toledado, Roberto Madrazo Pintado y Eduardo Robledo Rincón) para convencer a los convencionistas de que se retirara la demanda.

En ese tiempo la lucha por la sucesión dentro de las filas priístas ya estaba abierta, lo cual no ocurre ahora. Por ello, Carlos Salinas se opuso a cualquier cambio que lo limitara en su capacidad de decisión.

Ahora Zedillo ha dicho que no intervendrá en la designación de candidatos y por ello podría prosperar la idea de ponerle más condiciones a quienes aspiran a ser candidatos presidenciales.

Mientras se determina si cambian los requisitos para los aspirantes priístas a cargos de elección popular, continuaron ayer los trabajos de definición de los diversos aspectos que se tendrán que definir en la anunciada XVII Asamblea Nacional.

En privado, el presidente del PRI, Santiago Oñate Laborde, se reunió ayer con ocho de sus antecesores en el cargo: María de los Angeles Moreno, Lauro Ortega, Alfonso Martínez Domínguez, Gustavo Carvajal Moreno, Pedro Ojeda Paullada, Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la Vega Domínguez e Ignacio Pichardo Pagaza. Hubo casi ``lleno completo'', pues sólo faltaron Fernando Ortiz Arana que en su condición de coordinador de la mayoría priísta en el Senado fue invitado al viaje presidencial a Canadá y Genaro Borrego Estrada, quien también tuvo que cumplir con una gira de trabajo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hasta donde trascendió, los ex presidentes priístas que por decisión del Consejo Político del partido tienen condición de asesores de la actual dirigencia no quisieron involucrarse en lo que respecta a la llamada democratización de los procesos de elección de candidatos y dirigentes. En vez de ello prefirieron comenzar el análisis de las condiciones del partido con vistas a las elecciones federales de 1997.

Diversos estudios de opinión revelan que hay el riesgo de que el PRI pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y por ello la actual dirigencia, y los ex presidentes están muy interesados en que el equipo electoral funcione cabalmente y no ocurra lo que en otros comicios en que carecieron de representantes en numerosas casillas.

El cambio en el PAN

Para la elección del próximo 20 de junio nada está definido: no hay votos ``amarrados'' ni inclinación de la balanza hacia alguno de los aspirantes a la presidencia del Partido Acción Naciona en el Distrito Federal.

Lo anterior resume la posición que prevalece en el equipo de Gonzalo Altamirano Dimas, asambleísta y actual presidente del partido en la capital del país, quien busca la relección por un periodo de tres años más.

Su único rival registrado es el ex diputado Jesús Galván, quien recientemente aseguró que tiene el respaldo de la mayor parte de los consejeros que elegirán al dirigente capitalino del PAN. Asimismo, advirtió que de continuar Altamirano Dimas al frente del instituto político opositor, se corre el riesgo de no aprovechar la oportunidad de triunfo que suponen tener los panistas.

En conferencia de prensa y en respuesta a las acusaciones de su compañero de partido, Altamirano Dimas sostuvo que su mejor respuesta es el trabajo realizado durante el periodo que está por concluir, en el cual su instituto político resultó más fortalecido, con mayor presencia y mejor estructurado.

Según los conocedores de la vida interna de Acción Nacional, en esta elección tendrá mucha importancia la actitud que asuma su dirigente nacional, Felipe Calderón Hinojosa. En las filas de Galván se asegura que su candidato es quien tiene el respaldo del presidente nacional, mientras que Altamirano negó que exista preferencia de aquél por alguno de los candidatos.

La cosecha

Como uno de los múltiples aspectos que comprende el conflicto de Chiapas, resulta positivo el acuerdo suscrito entre los ocho partidos con registro en esa entidad federativa para crear el Fondo Pluripartidista para la Reconciliación y el Desarrollo del Estado, que tiene como finalidad fomentar el trabajo conjunto con vistas proponer soluciones a los principales problemas de estado, como los conflictos agrarios, la procuración de justicia, la ``remunicipalización'' y el desarrollo de las comunidades indígenas... El tema de la seguridad en la gran ciudad fue abordado ayer por funcionarios tanto del gobierno del estado de México como del Distrito Federal. La delegada en Miguel Hidalgo, María Esther Sherman, comentó que ha tenido mucho éxito el sistema de vigilancia comunitaria, con la instalación de alarmadas en las casas, ya que se ha logrado reducir el índice de delitos. En tanto, al término de una reunión en el conurbado municipio de Naucalpan, el vocal ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública destacó asimismo las experiencias positivas en ese municipio en los programas de seguridad, que también se basan en una amplia participación ciudadana. Indicó asimismo que Naucalpan es el único municipio que tiene totalmente integrado el servicio de emergencia 08, con más de 70 mil usuarios.