Con una demanda contra la Presidencia de la República terminó la primera etapa del programa de Alianza Cívica de ``adopción de funcionarios''.

En noviembre de 1994 Alianza Cívica organización de la que formo parteestableció un programa para monitorear funcionarios públicos. El primer proyecto se dedicó a la Presidencia de la República cuyo titular, Ernesto Zedillo, se había comprometido a ``encabezar un gobierno informador, comprometido a proporcionar información amplia, veraz y oportuna a la ciudadanía''.

Durante meses un pequeño equipo se puso a buscar información sobre la Presidencia. Fue entonces cuando apareció la distancia entre la realidad y las buenas intenciones. Independientemente de las declaraciones, es práctica de los gobernantes encerrar la información bajo siete candados ocultos tras un metro de telarañas acumuladas en siglos de autoritarismo.

Pese a las dificultades, pudieron armarse dos informes que mostraban aspectos poco claros en los ingresos presidenciales y en el manejo de los presupuestos a su disposición.

Simultáneamente se buscaban los medios legales que permitieran obtener información oficial. El camino más promisorio fue el artículo 8o. de la Constitución, que garantiza el ``derecho de petición''. Esto quiere decir que si un ciudadano pide información por escrito a una autoridad del nivel que sea, ésta debe responder en un plazo de cuatro meses.

Amparados en ese derecho, los miembros de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica le hicieron dos peticiones a la Presidencia de la República. En la primera (marzo 29, 1995) solicitaban información sobre los ingresos del presidente y los presupuestos a su cargo. En la segunda, (abril 18, 1995), preguntaban si la Presidencia apoyaba de alguna forma al ``Centro Internacional de Prensa y a la Asociación de Corresponsales Extranjeros de México (ACEM)''.

Pasó un año y la Presidencia no respondió ninguna de las peticiones. Como eso violaba garantías constitucionales, los integrantes de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica solicitaron el amparo de la Justicia Federal. El 16 de mayo, la Juez Quinto de Distrito, Rosa Elena Rivera Barbosa, falló a favor de Alianza Cívica y fue entonces que la Presidencia de la República respondió, aunque de manera incompleta y parcial, a algunas de las preguntas. Después de eso, la Procuraduría General de la República, en representación del presidente, se inconformó y el asunto sigue en los tribunales.

Pese a los jaloneos jurídicos, la Presidencia mantiene en la penumbra lo relacionado con recursos que maneja la Presidencia de la República. El Ramo 00023 (``Provisiones Salariales y Económicas'') tiene asignados para este año 31 mil millones de pesos (más de cuatro mil millones de dólares). En ese Ramo está una ``partida secreta'' de 650 millones de pesos (86 millones de dólares) que el presidente ejerce con discrecionalidad.

De esos cuatro mil millones de dólares el 60 por ciento está dedicado a proteger el salario de los servidores públicos. Es una cantidad tan grande que supera en más de un 100 por ciento al ``Programa contra la Pobreza''.

Parece que estos recursos se dedican a cubrir los generosos aumentos y las millonarias bonificaciones que se otorga la alta burocracia. Entre 1994 y 1996 el sueldo del presidente se incrementó en un 328 por ciento, mientras que el salario mínimo subió en sólo 47 por ciento. En diciembre de 1995 el regente de la ciudad de México recibió 700 mil pesos de aguinaldo, y hay fuentes que aseguran que algunas dependencias gubernamentales entregaron hasta ocho meses de salario como bonos especiales. Este manejo de los presupuestos no es ilegal, pero en la crisis que vivimos es inmoral y contradice las promesas de apertura hechas por el presidente.

La investigación y la demanda demuestran, una vez más, que la transparencia en la gestión pública no vendrá de graciosas concesiones gubernamentales. Tendrá que ser conquistada con la participación ciudadana que puede utilizar el derecho de petición y el amparo como instrumentos legales.

Para algunos, demandar a un presidente asediado es un irresponsable y sacrílego ataque a las instituciones. Desde otro punto de vista es una oportunidad para que la Presidencia se reconcilie con su pueblo. En la medida en que el ciudadano Ernesto Zedillo informe sobre la forma en que maneja los presupuestos que la nación le entrega, y en la medida en que modere los aumentos y bonificaciones otorgados a la alta burocracia, demostrará que entiende las privaciones en que vive la mayoría de los gobernados. En tanto no lo haga, seguirá apegándose a patrones de comportamiento establecidos por sus predecesores.