Durante semanas, miles de maestros del Distrito Federal y otras entidades del país, organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han ocupado las calles del Centro Histórico con plantones, campamentos y manifestaciones multitudinarias. Sus demandas son salariales y de mejoramientos de sus condiciones laborales y de vida. Han sido estrechamente vigilados por las ``fuerzas del orden'' que en una ocasión los reprimieron violentamente. Han enfrentado la oposición de los ``comerciantes organizados'', quienes quejándose de la caída de sus ventas, amenazaron con recurrir a la violencia para desalojarlos de sus zonas. Muchos capitalinos se quejan, con razón, de que esta movilización afecta gravemente la circulación y el transporte público en amplias zonas de la capital. Es, sin lugar a dudas, otro más de los múltiples conflictos urbanos que padece la capital.

Las reacciones airadas o violentas no sirven para entender o resolver el problema; tenemos que ir al fondo de sus causas y circunstancias y el gobierno debe dar soluciones reales y estructurales para solucionarlo. Durante 20 años, el gobierno ha aplicado a los maestros de todo el sistema de educación pública una férrea política de ``topes salariales'' inferiores a la tasa de inflación que ha reducido el poder de compra del salario, las prestaciones sociales y las jubilaciones a menos de un tercio; el resultado ha sido un empobrecimiento violento de los educadores que, por persona interpuesta, afecta gravemente la calidad de la educación impartida a la niñez y la juventud mexicanas.

En el mismo sentido actúa la disminución absoluta y relativa del presupuesto para la educación pública, lo que, además, deteriora las condiciones laborales de los educadores.

La ``descentralización educativa'' ha sido incompleta y formal: se da en lo administrativo, pero no en lo presupuestal. El gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública y, sobre todo, la de Hacienda, controlan el gasto en educación y la política salarial, sin que los estados y las autoridades locales o institucionales puedan definir las condiciones de negociación con los trabajadores. Así, la negociación de los maestros (y de otros sectores) se vuelve un juego de ping-pong, donde la bolita va del gobierno federal al estatal, que carece de capacidad negociadora real. El centralismo inherente al régimen político vigente hace que todo tenga que negociarse con el gobierno federal y en su sede: el Distrito Federal. Por eso se concentran los conflictos en la capital.

No existe una relación bilateral real entre trabajadores de la educación y gobierno patrón. Las decisiones en materia laboral y salarial las toma el Poder Ejecutivo y las impone autoritariamente a los trabajadores mediante las ``razones de Estado'' y los mecanismos de control del sindicalismo corporativo. Al no existir formas democráticas de negociación, los trabajadores recurren a la única vía que tienen para hacer oír sus demandas y ser vistos por el resto de la ciudadanía: las movilizaciones, marchas, mítines y plantones que afectan la vida urbana y, por ello, son vistas y oídas por la nación y comunicadas por los medios de comunicación de masas, en su mayoría sometidos aún al control estatal, sordos, ciegos y mudos en otras circunstancias.

Estas contradicciones, válidas para muchos otros sectores sociales excluidos, explotados u oprimidos política y socialmente, convierten las calles de la ciudad en escenario de luchas reivindicativas que afectan seriamente su funcionamiento. Los culpables no son los manifestantes y la solución no pasa por la denigración pública, la vigilancia policiaca y la represión, o el enfrentamiento con otros sectores, pues los que llevan a cabo las movilizaciones tienen derechos ciudadanos y civiles constitucionales que deben también ser respetados.

La solución está en una reforma política, económica y social que eleve sustancialmente el gasto público en educación, garantice la recuperación rápida de las salarios de los educadores, asigne a la educación su papel prioritario y estratégico, desmonte los mecanismos de control sindical corporativo, garantice la negociación bilateral y el respeto de los derechos ciudadanos y descentralice realmente la educación.

En las condiciones actuales, la educación en todos los niveles, no puede garantizar la recuperación de un crecimiento económico sostenido, la competitividad internacional, el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente. Todo ello será espejismo coyuntural o discurso demagógico, mientras no cambie la política educativa actual.