Entre el mar de noticias, casi todas malas, con las que nos bombardean cotidianamente los medios de comunicación, rescato tres publicadas en los últimos cuatro días por La Jornada y que tienen en común no aparecer en primera plana ni ocupar amplios espacios, y también que se refieren a la violencia en contra de grupos indígenas de diversos lugares de nuestro país.

La primera es la denuncia que hacen los jesuitas de Chihuahua sobre la violación casi permanente a los derechos humanos de los indios tarahumaras, que a más de la pobreza extrema y del abandono, tienen que soportar ahora violencia en su contra y aun asesinatos, como el de José Cruz Gardea autoridad del paraje o pueblo, no sé qué será, de Norogachi, muerto por intentar, sin arma alguna, detener una agresión en contra de sus vecinos y coterráneos, atacados por advenedizos blancos o mestizos. Los sacerdotes de la Compañía de Jesús fueron los únicos en alzar la voz en defensa de los agredidos y exigir justicia.

Como se ve, no todos los hombres de iglesia juegan placenteramente al golf, ni sólo en Estados Unidos hay que defender a los mexicanos de ataques racistas.

La segunda noticia que llamó mi atención es la denuncia de la diócesis de Tuxpan, Veracruz, sobre abusos y asesinatos a campesinos e indígenas en la zona de Huayacocotla, y el intento, fallido por ahora, de tomar la transmisora de radio operada también por jesuitas y conocida como La voz de los campesinos, emisora que se ha distinguido por hacer honor a su nombre y, en efecto, ser voz de la gente de campo de la zona. Como tal, se ha echado de enemigos a los caciques y a los explotadores de indígenas.

La tercera noticia se refiere a la nota de ayer del corresponsal en Nayarit, Jesús Narváez Robles, quien nos informa de abusos policiacos contra grupos étnicos de la sierra y las injusticias contra indígenas encarcelados. En este caso, quien alza la voz en defensa de las víctimas es la encargada del departamento jurídico del Instituto Nacional Indigenista, Lucinda Arias González.

Seguramente hay, como los señalados, muchos casos de atropellos y violencias y también, afortunadamente, personas como la abogada de Nayarit o los jesuitas de Chihuahua y la Huasteca veracruzana que se ocupan de dar testimonio y luchar por evitar los abusos y las arbitrariedades.

Pero, como se ha visto en otros rumbos de México, no basta con denunciar abusos y defender a los marginados, si no hay una respuesta desde las esferas del poder, tanto local como federal, para evitar las injusticias y paliar las diferencias. Esperamos que no se requiera de otro enérgico ``ya basta'' como el del EZLN de Chiapas para que se nombren comisiones, se entablen pláticas y se busquen soluciones a las dificultades sociales y a las faltas de equidad denunciadas.

Las autoridades debieran, en cumplimiento de su deber o al menos en prevención de dificultades mayores, atender, escuchar a quienes, como la abogada Arias González y los jesuitas, pueden ser conducto para el entendimiento entre estos dos mundos que tardan ya más de 500 años en integrarse: el de los pueblos nativos mexicanos y el de los criollos y mestizos que somos ahora mayoría.

Para la integración de todos en una sola nación, con una misma cultura e intereses comunes o al menos compatibles, hay que hacer un gran esfuerzo, como lo hacen los religiosos y la abogada a que me refiero, ejemplos a seguir y, al fin de cuentas, buenas noticias entre tantas malas.