Adolfo Sánchez Rebolledo
Corrupción e inseguridad

El nombramiento de un general del Ejército al frente de la policía capitalina hoy Secretaría de Protección y Vialidad actualizó el viejo debate sobre las causas de la corrupción policiaca que muchos ciudadanos asocian con la extensión de la inseguridad pública.

Las primeras palabras del nuevo funcionario fueron claras al respecto: su principal cometido consiste en moralizar a unos cuerpos de seguridad que a ojos vistas están perdiendo la batalla contra el sofisticado ``crimen organizado'', sin dominar tampoco a la delincuencia ``clásica'', en auge gracias a las circunstancias favorables creadas por la crisis que vive el país.

El mensaje implícito es obvio: se requiere de una mano firme que pueda meter en cintura a los jefes policiacos y poner orden en las filas de los cuerpos de seguridad. Y vaya que hace falta, de eso no hay duda, pero será posible?La moralización de la policía ha sido durante los años recientes el tema recurrente de gobernantes y legisladores, la queja eterna de una descreída ciudadanía, la empresa inacabada de los procuradores mejor intencionados, pero el problema permanece. La Federación y los estados gastan dinero en capacitar a los elementos policiacos, mas el trabajo de las escuelas, en muchos casos incompleto, es anulado casi al instante por la sumisión de los mandos a las inercias de un sistema asentado sobre la improvisación y la ausencia de una real profesionalización del servicio público.

El mismo secretario de Gobernación señaló hace un par de meses que en 335 municipios del país no hay un solo elemento de seguridad pública, que 749 tienen entre 1 y 10 policías, y a la vez, en el resto se registra una deserción alarmante de los efectivos, pues de un total de 12 mil 900 policías y 32 mil 800 agentes judiciales federales que recibieron capacitación, sólo están en servicio activo 7 mil policías y 3 mil agentes, que son muy pocos para enfrentar la oleada delictiva que nos aqueja .

Estas cifras dan idea de la magnitud de la tarea que la sociedad mexicana tiene por delante. No creo, pues, que la solución al problema de la corrupción policiaca radique en la mera modernización de las corporaciones o en una conducción honesta de sus jefes, apretando las tuercas de la ley contra los corruptos. Esas son condiciones imprescindibles, pero no suficientes.

Verdad es que los grandes corruptos son siempre unos cuantos. Pero el problema es inseparable de una ``actitud cultural'' que es la que debería desterrarse de nuestra sociedad. La corrupción recibe, en efecto, todas las condenas públicas, pero secretamente se agradece su existencia pues sin ella sería imposible navegar en el laberinto burocrático o impedir la indefensión que significaría quedar en manos de la justicia. Los prohombres de hoy pueden ser los corruptos de mañana. Y ese es el punto. Sería mucho más productivo encarar de frente la cuestión, investigar qué significa y cuánto cuesta al país la corrupción, descubrir los mecanismos precisos a través de los cuáles incide en la práctica ``normal'' de muchas actividades y negocios legítimos y legales. En suma, asumir que es imposible combatir sus efectos más notorios sin reconocer que hay una dimensión de la realidad donde prosperan las variadas formas de la corrupción sin que éstas se pongan en entredicho.

En otras palabras: para combatir la corrupción es necesario reconocer que es un problema de orden general y, por lo tanto, no un fenómeno sectorial; admitir que es un problema legal, pero también un asunto ético que ningún jefe policiaco puede resolver.

Decidir qué es lo que debe cambiar, eso es harina de otro costal.