Detectan inmuebles y cuentas bancarias de Mario Ruiz Massieu en Europa

David Aponte y Jesús Aranda La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la existencia de cuentas bancarias y de inmuebles propiedad de Mario Salvador Ruiz Massieu en Suiza y Dinamarca, de acuerdo con el contenido de un documento enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con motivo de una demanda de inconstitucionalidad del Tratado de Extradición México-Estados Unidos promovida por el ex subprocurador.Al respecto, el área de Asuntos Internacionales de la PGR solicitó al Departamento de Justicia y de Policía de la Confederación Helvética de Suiza y al Ministerio de Justicia de Dinamarca, la incautación precautoria de los bienes de Ruiz Massieu, para evitar ``cualquier maquinación que tienda al ocultamiento o transferencia de recursos depositados o invertidos'' en esas naciones, señala.

Hasta el momento, la PGR no ha determinado el monto de los depósitos o bienes del ex subprocurador general de la República en Suiza y Dinamarca (en esta última nación fungió como embajador de México). Sin embargo, envió los oficios DGALI/0912/95 y DGALI/0913/95 a las autoridades policiacas de esos países europeos para solicitar su apoyo en las pesquisas, indica.En el caso de las cuentas bancarias detectadas en Texas, la documentación recuerda que el gobierno de México pidió la asistencia jurídica de Washington con el propósito de ``inmovilizar'' los depósitos. No obstante, la medida tuvo lugar en cumplimiento de una orden judicial de la Corte Federal de Justicia de Houston ``por considerar el órgano jurisdiccional que Mario Salvador Ruiz Massieu había cometido un delito en territorio estadunidense''.

El asunto de las cuentas, bienes muebles e inmuebles sale a relucir en el expediente 1146/95 de la SCNJ, porque el ex subprocurador buscó también un amparo contra la intervención y aseguramiento de sus pertenencias en territorio nacional y el embargo precautorio de sus depósitos bancarios en el Texas Commerce Bank.

La PGR informa informa al máximo tribunal del país sobre las investigaciones de las posibles cuentas bancarias del ex funcionario mexicano en Estados Unidos, Suiza y Dinamarca, y de la solicitud de apoyo a las autoridades policiacas de esas naciones para congelar los bienes del ahora quejoso ``con el objetivo de evitar cualquier maquinación, ocultamiento o transferencia de los recursos depositados o invertidos en el exterior''. Desde el año pasado, antes de conocer los fallos de los jueces estadunidenses, quienes en cuatro ocasiones negaron su extradición a territorio mexicano, Ruiz Massieu interpuso una demanda de inconstitucionalidad del Tratado de Extradición celebrado entre México y Estados Unidos ante la SCJN, en la cual cuestiona los actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la embajada de México en Washington y de la PGR.

Ruiz Massieu reclama la ``ilegal e inconstitucional'' intervención del entonces titular de la SRE, Santiago Roel, en la firma del protocolo bilateral, bajo el supuesto de que los convenios internacionales sólo pueden ser firmados por el presidente de la República. Afirma que la Cancillería, autoridad administrativa, no tiene atribuciones constitucionales para la persecución de los delitos ``y mucho menos en el caso de la aplicación de un Tratado de Extradición inconstitucional'', y expresa su desacuerdo con las medidas de aseguramiento de sus bienes, autorizadas por la PGR, ``en agravio de mi patrimonio''.

Las dependencias del Ejecutivo responden que el quejoso hace una ``interpretación errónea'' de las actividades de la SRE, dependencia que sólo trasmitió las peticiones de la PGR para la detención provisional con fines de extradición de Ruiz Massieu. Contrariamente a lo que alega el ex subprocurador en la demanda de garantías, el Tratado de Extradición firmado el 4 de mayo de 1978 no resulta ser inconstitucional, porque no viola lo dispuesto en la Constitución General, que en su artículo 133 señala que los acuerdos celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado serán Ley Suprema de la Unión.

En su momento, el juez de primera instancia negó el amparo y la protección de la justicia federal a Mario Salvador Ruiz Massieu, el quejoso, quien inconforme con esa sentencia interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya presidencia lo admitió el 15 de agosto de 1995, para su análisis.

El amparo solicitado por el ex funcionario fue enlistado en la primera quincena de diciembre pasado, una vez que la ministra Olga María Sánchez Cordero elaboró el proyecto de dictamen respectivo.

Sin embargo, los 11 ministros de la Corte decidieron aplazar su resolución, a pesar de que el proyecto en cuestión concedía el amparo a Ruiz Massieu en contra del Tratado de Extradición.

Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento de que el proyecto en cuestión sería favorable para el ex subprocurador, el canciller José Angel Gurría solicitó una entrevista con los ministros de la Corte a principios de este año, con el fin de explicarles ampliamente las repercusiones que tendría un fallo en ese sentido.

La reunión tuvo lugar en la sede del máximo tribunal de justicia del país. Finalmente, los ministros optaron por aplazar la discusión sobre el tema, para tener ``mayores elementos de juicio'', y con el objetivo de buscar una postura de consenso en relación con el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, toda vez que hay por lo menos seis asuntos pendientes, en los que se alega la inconstitucionalidad de dicho instrumento jurídico internacional.

Es de esperarse que la decisión que adopte el pleno de la Corte en este asunto será la que prevalezca en el resto de los casos pendientes.