En 10 años, 850 víctimas mortales en el conflicto agrario brasileño

Ansa, Efe, Pl y Reuter, Río de Janeiro, 13 de junio Al menos cinco personas fueron muertas durante un enfrentamiento en una hacienda que había sido invadida por campesinos sin tierra en el estado brasileño de Maranhao, al norte del país, confirmó el presidente Fernando Henrique Cardoso.

Por otra parte, el mandatario reiteró que su gobierno beneficiará este año a 60 mil familias de campesinos con su programa de reforma agraria.

En lo que representó un nuevo revés para Cardoso, el Congreso rechazó una propuesta para reformar el sistema de seguridad social orientada a reducir la participación del Estado en la financiación de los fondos de pensión en las empresas estatales.

Las bancadas oficialistas no pudieron bloquear anoche las enmiendas hechas por la oposición a una propuesta del Ejecutivo sobre reformas en la seguridad social, lo que si bien fue considerado por analistas como un golpe a los mercados, no causará una salida masiva de inversiones.

En tanto, la Comisión Pastoral de la Tierra dijo que unos 30 hombres armados, posiblemente ``asesinos a sueldo'', cercaron y dispararon indiscriminadamente contra las 600 familias campesinas que ocuparon esta semana la hacienda Cikel, en el municipio de Buriticupú, que habían desalojado el pasado 29 de mayo a raíz de una orden judicial.

Pedro Marinho, de la Comisión Pastoral de la Tierra, indicó: ``Estamos con dificultades para entrar en el área por causa de los pistoleros. El ataque dejó cinco campesinos muertos''.

La policía de Maranhao aseguró que diez campesinos sin tierra murieron el miércoles durante un enfrentamiento con armas de fuego en una hacienda que había sido invadida por unos 300 labriegos, en el municipio de Buriticupú.

Sin precisar quiénes fueron los atacantes, la policía agregó que una decena de los sin tierra resultaron heridos, mientras dos niños fueron reportados como desaparecidos.

Pero más tarde, el vocero presidencial Sergio Amaral dijo que el enfrentamiento ocasionó cinco muertos, de los cuales tres eran colonos y dos guardias de seguridad de la hacienda de Cikel.

Cardoso, a través de Amaral, condenó la matanza y envió a dos ministros a la región a investigar los sucesos. Sostuvo que los actos de violencia ``vengan de donde vengan'' y las invasiones a las haciendas no modificarán su plan de reforma agraria que pretende beneficiar a 60 mil familias durante este año.

La gobernadora de Maranhao, Roseane Sarney, hija del ex presidente José Sarney, dijo que los invasores eran más de 500, y subrayó que únicamente uno de ellos perdió la vida durante el choque. Asimismo ordenó el envío de elementos de la Policía Militar al alejado municipio de Buriticupú, y solicitó a la Secretaría de Seguridad una amplia investigación sobre el enfrentamiento.

El superintendente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria en Maranhao, Orlando Muñiz, confirmó que la hacienda Cikel fue calificada como ``improductiva'' por los técnicos de la entidad, y actualmente se encuentra en proceso de expropiación para ser incluida en el plan de reforma agraria.

El presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura, Avelino Ganzer, sostuvo que el enfrentamiento se produjo la tarde el miércoles, cuando los sin tierra se negaron a acatar ultimátum para desalojar el predio cuyo derecho de propiedad, según el juez Reinaldo Jesús Aragón, fue restituido a los dueños originales del terreno.

Aragón dijo que ante una demanda de los propietarios, que exigieron la restitución de la tierra y el desalojo de los labriegos, firmó una sentencia que obligaba alas autoridades a retirar de la hacienda a los sin tierra.

Con esta matanza se elevaría a 850 el número de personas que pierden la vida en conflictos agrarios en los últimos diez años, y se produjo dos meses después de que 19 campesinos del Movimiento de los Sin Tierra fueron asesinados por elementos de la Policía Militar en el municipio Eldorado Carajás, en el amazónico estado de Pará.

En otro orden, el gobierno firmó con el Banco de Brasil un convenio de cooperación con el que se destinará al programa de reforma agraria las tierras entregadas a esa institución bancaria por propietarios rurales que no pudieron liquidar sus deudas, y que cubre una superficie de unas 120 mil hectáreas.