Se están afinando los últimos detalles de la llamada reforma electoral, que es la enésima versión de otras, cuyo origen sólo recuerdan los especialistas, pues se pierde en la noche de los sexenios.

Las primeras reformas, algunas de ellas designadas con otros nombres, como el de apertura democrática, fueron para consolidar a un solo partido como eje de la política y como brazo ejecutor de las decisiones presidenciales; las más recientes admiten ya la presencia de un club selecto de partidos ``grandes'' que participan de algunas de las ventajas, que por años y años sólo tuvo el PRI.

Cuando las duras y cada vez más insistentes críticas a la falta de democracia en México, y el surgimiento de grupos independientes de ciudadanos, algunos de ellos con voz y presencia pública, pusieron al sistema en el predicamento de cambiar, se optó por el camino que mejor conoce el sistema: incorporar a sus rivales concediéndoles participación en el juego político a la mexicana, esto es, en primer lugar con dinero, mucho dinero, con lo que los opositores de antaño, en número suficiente diría yo, aceptaron esa incorporación, se afiliaron a la línea del gradualismo; invento diabólico por el que se avanza indefinidamente a la democracia sin alcanzarla nunca y apuntalarán al sistema.

Hace unos días, el 14 de este mes, se cerró una etapa de este proceso al impedir el paso a otros partidos a la participación electoral. Los ejecutores de este acto, poco notorio en los medios, fueron los integrantes del Consejo del IFE y la bien entrenada burocracia que revisó con lujo de detalle las solicitudes de los aspirantes.

Ninguno de los quince pretendientes alcanzó la mano de la princesa, al menos por ahora; falta aún saber la última palabra del Tribunal Electoral, ante quien sin duda acudirán varios de los aspirantes al registro condicionado.

En mi opinión, al margen de formalidades casi imposibles de llenar; al margen de requisitos excesivos y burocráticos, que en el fondo dejan ver la intención de impedir o cuando menos dificultar al máximo el acceso a nuevos partidos al juicio de la ciudadanía, está un hecho político claro. Quienes no abrieron las puertas a los nuevos grupos tienen en su conciencia o en su inconsciente la convicción de que los cuatro grupos políticos ``oficiales'' PRI, PAN, PRD y el misterioro PT son suficientes opciones para ``todos'' los mexicanos, que ``deben'' escoger necesariamente entre los partidos oficializados.

Con las resoluciones tomadas, los integrantes del Consejo del IFE en realidad se están adelantando al futuro, puesto que en las pláticas de Bucareli, en las de Chapultepec y en las de Barcelona, y ahora en las de San Lázaro, se suprime la figura de partidos con registro condicionado, y en la futura ley que dará cuerpo a la inminente nueva reforma electoral se confirmará seguramente esa figura jurídica, que permitía a los partidos emergentes o pequeños apelar a la opinión de los ciudadanos para que sean ellos los que decidan quién se va y quién se queda en el campo de la contienda política. Con las, por otra parte esperadas, resoluciones del IFE, en 1997 los mexicanos volverán a encontrarse en las urnas con sus viejos conocidos, probablemente remozados, con muchos recursos para publicidad y dispuestos a pelear por los votos en los comicios y por los cargos en las mesas de negociación.