La Jornada 19 de junio de 1996

Acusan a Hillary Clinton de mentirosa y abuso de poder

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 18 de junio Después de 14 meses y 260 testigos, la investigación del caso Whitewater, a cargo de un comité del Senado, concluyó hoy con un duro intercambio de ataques partidarios en un obvio contexto electoral, luego de que se acusó a Hillary Rodham, esposa del presidente Bill Clinton, de ser ``una mentirosa''.

Así, la primera dama estadunidense resultó ser la principal acusada de obstaculizar y entorpecer la investigación del papel de la pareja presidencial en el complicado asunto Whitewater.

El comité de investigación presidido por el senador republicano Alfonse D'Amato, dio a conocer sus conclusiones y entre ellas la principal: la Casa Blanca cometió ``un abuso del poder'', principalmente Hillary Clinton, a fin de obstaculizar la investigación. En la conferencia de prensa en que presentó su informe, D'Amato declaró: ``Una y otra vez la Casa Blanca falló en ofrecer la verdad al pueblo estadunidense''.

Agregó que ``la presidencia hizo mal uso de su poder, excedió los límites de su autoridad e intentó manipular la verdad''. Entre otras cosas, los republicanos del comité denunciaron que los fiscales recibieron ``testimonios incompletos e inexactos de varios colaboradores presidenciales''.

La controversia Whitewater es claramente partidista y los miembros demócratas del comité emitieron su contrainforme, atacando en tono feroz las conclusiones de sus colegas republicanos. ``La ponzoña con la que la mayoría (legislativa) centra su ataque en Hillary Rodham Clinton es sorprendente, hasta en el contexto de la investigación'', afirman los correligionarios de Clinton.

El senador Paul Sarbanes, quien participó en el comité de investigación, aseveró que las acusaciones fueron políticamente motivadas. Para el también senador demócrata, Christopher Dodd, en las conclusiones ``no hay sorpresa. Los republicanos están atrás en las encuestas... esto es tirar lodo sobre la primera familia''. Los demócratas calificaron el informe como ``mil cuartillas de invectiva política''.

El vocero de la Casa Blanca, Mike McCurry, alabó el contrainforme demócrata, al que calificó de un ``documento poderoso que pone en su contexto lo que el comité (senatorial) ha hecho a gran costo de los contribuyentes (el gasto del comité fue de 1.8 millones de dólares), hacerle daño político al presidente sin ninguna otra razón'' y reiteró que el informe de la mayoría republicana no tiene ``nada nuevo''.

El controvertido asunto surgió al cuestionarse el manejo de inversiones en las que participaron los Clinton, en un proyecto de desarrollo de bienes raíces, hace más de diez años en Arkansas y que se denominaba Whitewater. El proyecto fracasó y contribuyó a la bancarrota de Madison Guaranty, una institución de crédito y ahorro, que junto con cientos de empresas similares quebraron y provocaron la gran crisis de este tipo de instituciones en los años 80.

Los funcionarios de Madison Guaranty --socios de los Clinton en Whitewater-- aprobaron una serie de créditos y arreglos de financiamiento para apoyar a inversiones especulativas en proyectos de desarrollo de vivienda conocidos como Whitewater y Castle Grande. Hillary Clinton integraba en ese entonces una firma de abogados y fue contratada para representar a Madison Guaranty.

Los republicanos alegan que existen por lo menos evidencias circunstanciales de que ella debería haber tenido conocimiento, y posiblemente fue advertida, de las actividades fraudulentas del personal de Madison Guaranty en torno a créditos vinculados con Whitewater y Castle Grande.

Hoy, en respuesta a críticos que señalaban que la investigación del Senado sobre Whitewater sólo tenía motivos políticos para dañar la reputación de los Clinton, y que finalmente no descubrió ninguna violación legal, el senador republicano Pete Domenici, recordó que la investigación criminal del asunto ya ha resultado en la condena penal de 33 funcionarios de Whitewater y de Madison Guaranty.

Pero el escándalo en torno a los Clinton se amplió cuando se comenzó a investigar no sólo la inversión y su manejo en sí, sino la sospecha de un intento de encubrir lo ocurrido una vez instalado el matrimonio en la Casa Blanca. De ahí, se rumora, está vinculado el todavía misterioso suicidio de Vincent Foster, abogado de la pareja presidencial en Washington y que llevaba expedientes relacionados con Whitewater, así como las acciones del presidente y su esposa para detener el ``escándalo'' que con todo entusiasmo buscaban crear los republicanos.

El informe de la mayoría republicana presentado hoy critica particularmente a Hillary Clinton, y en varios puntos sugiere esencialmente que la esposa del mandatario está mintiendo sobre sus actividades en torno a este asunto.

Por ejemplo, aunque Rodham Clinton ha presentado un declaración bajo juramento en que sostiene no tener ninguna idea de cómo se perdieron y luego aparecieron --dos años después-- en la Casa Blanca documentos de contabilidad que la vinculan a Madison Guaranty, los republicanos alegan que fue Hillary Clinton, ``más que cualquier otra persona'', la responsable de haber depositado esos documentos en la residencia oficial.

El informe republicano destaca que la primera dama ``ordenó la destrucción de otros documentos relacionados con su trabajo para Madison Guaranty''. Los registros de facturación (de su trabajo como abogada para la quebrada institución de ahorro y crédito) fueron las únicas pruebas documentales disponibles que reflejan la verdadera extensión del papel de la señora Clinton, en relación con la trama fraudulenta.

``Hemos sido testigos... de una arrogancia que socava la base misma del sistema estadunidense'', declaró D'Amato. El senador buscó alargar hasta donde pudo la investigación congresional para mantenerla activa en pleno año electoral, maniobra criticada repetidamente por los demócratas. La estrategia rindió algunos de los frutos deseados: aunque no se descubrió información explosiva, se exhibió ante el público estadunidense una serie de acciones de la Casa Blanca que constantemente provocaban dudas y sospechas sobre sus ocupantes.

El impacto de este escándalo todavía se está midiendo en Washington. Varias encuestas demuestran que una mayoría cree que los Clinton ``hicieron algo malo'' en Whitewater, pero varias de estas mismas encuestas indican también que el asunto no es un factor decisivo en la tendencia del voto de la gente. Sin embargo, los temas de honestidad e integridad que han perseguido a los inquilinos de la Casa Blanca desde el principio de la presidencia demócrata continuarán formando parte de la batalla electoral de este año.

Ahora, el FBI

Hoy, el diario The Washington Post en su editorial principal criticó severamente las explicaciones ofrecidas por la presidencia del porqué se mantuvieron expedientes del FBI de republicanos prominentes en una caja fuerte durante dos años. Al concluir que las explicaciones ``no son creíbles'' en torno a este nuevo escándalo, el rotativo propone que se lleve a cabo una investigación más amplia de cómo fueron obtenidos los expedientes secretos preparados por el FBI.

El viernes pasado, Louis Freeh, director del Buró Federal de Investigaciones, concluyó que al menos 408 expedientes secretos sobre empleados de un gobierno republicano fueron solicitados y enviados a la Casa Blanca demócrata sin justificación, a fines de 1993 y principios de 1994. Clinton se disculpó y atribuyó el incidente a ``un error burocrático de buena fe'', pero los republicanos no están conformes y consideraron que pudiera tratarse de una ``lista negra'' elaborada por los demócratas, y luego de exigir una investigación a fondo del asunto anunciaron que planean realizar audiencias sobre el caso.

La procuradora general, Janet Reno, ordenó al FBI realizar una investigación a fondo sobre la controversia, luego de que el fiscal independiente, Kenneth Starr, quien investiga el caso Whitewater, le indicó que carece de autoridad para indagar esta nueva polémica de la administración Clinton.