La ley antídoto deberá aprobarse antes de agosto

David Aponte Las autoridades administrativas y judiciales mexicanas no procederán en contra de las compañías nacionales cuando reciban requerimientos legales de Estados Unidos con motivo de la aplicación de la Helms-Burton, y las empresas mexicanas podrán contrademandar en México cuando sufran daño patrimonial por los efectos de legislación estadunidense, de acuerdo con el proyecto de ley antídoto enviado por un grupo de senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores a la Cancillería.

La también llamada legislación espejo no deberá afectar los flujos comerciales que legalmente son válidos y convenientes para México, y el Congreso de la Unión deberá aprobar la legislación antes del primero de agosto, considera.

El documento explica que el título tercero de la también denominada Acta para la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática, que establece la posibilidad de comenzar demandas judiciales contra las empresas extranjeras que tienen lazos comerciales con Cuba, ``es el aspecto más agresivo de extraterritorialidad'' de la legislación estadunidense. A pesar de que las querellas están consideradas hasta el primero de noviembre de 1996, los efectos podrían comenzar a sentirse desde el primero de agosto, indica el texto.

``Esta situación crea una gran incertidumbre y perjuicio económico potencial muy serio a las empresas mexicanas y a la planta exportadora del país. Por ello, idealmente una legislación antídoto en México debiera estar promulgada antes del primero de agosto próximo'', argumenta.

Para esos efectos, el Congreso de la Unión tiene ya un punto de acuerdo. La iniciativa privada del país ha apoyado la idea de una ley espejo, y las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio realizan los estudios técnicos y los análisis comparativos con las legislaciones de Canadá, Gran Bretaña y Holanda, conocidas como blocking statute, menciona.

El proyecto indica que los principales efectos previsibles de la Helms-Burton están relacionados con los requerimientos de información de ciudadanos y autoridades judiciales de Estados Unidos, la solicitud de embargos o congelamiento en México de compañías mexicanas y la petición de ejecución de sentencias sobre los bienes de las empresas nacionales, con las resoluciones de jueces estadunidenses.

Ante esos posibles escenarios, el proyecto enviado a la Consultoría Jurídica de Cancillería señala que la ley antídoto debe considerar la prohibición de los efectos extraterritoriales de la Helms-Burton en México, y la aplicación de sanciones por su incumplimiento.

``Los rubros más importantes tendrían que ser el establecimiento de líneas claras para que las autoridades administrativas y judiciales mexicanas no procedan contra las empresas nacionales cuando se reciban requerimientos de autoridades estadunidenses con motivo de una ley extraterritorial.

``También será importante prever algún tipo de acción judicial en México para que las empresas mexicanas que podrían resultar afectadas tengan posibilidades de contrademandar en nuestro país, cuando sufran un daño patrimonial respecto de la aplicación indebida de una ley extraterritorial'', precisa.

El texto de los senadores incluye estos cuatro puntos como objetivos centrales de la ley antídoto, .pero aclara que esta legislación no debe afectar los flujos comerciales del país, asunto que tendría que ser analizado con detenimiento.

En un apartado de preguntas y respuestas agrega que ``dada la magnitud del problema, existe la posibilidad de legislar sobre un mecanismo de bloqueo, antídoto o espejo para enfrentar los efectos de la Helms-Burton. ''Tengamos presente que nuestro Congreso es el reflejo de la sociedad plural en que vivimos. Por lo tanto, se tienen que afirmar los consensos entre PRI, PAN, PRD y PT para lograr una respuesta legal``.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Murad manifestó que la ley antídoto tendría como propósito dar protección a las personas físicas o morales, y negar cualquier información a las autoridades estadunidenses, ``que tenga por objeto ejercer vigilancia, control, coacción y supervisión'' sobre las actividades de los empresarios mexicanos.

Por el momento, los abogados de la SRE analizan los proyectos que han presentado los senadores, diputados, empresarios y las barras de abogados. El consultor jurídico Miguel Angel González Félix considera que el proyecto podría estar listo la próxima semana, para ser presentado en un periodo extraordinario antes de agosto.