Expulsan de sus tierras al pueblo mayo

Matilde Pérez U., enviada /I Choix, Sin La Constitución, leyes Agraria y de Expropiación, así como la normatividad internacional fueron violadas con la construcción de la presa Huites, obra con la que se expulsó al pueblo mayo de su territorio y fue convertido de manera violenta en una población marginal urbana sin medios de vida, lo que ha puesto en serio riesgo las condiciones de su reproducción cultural.

Ahora, la Comisión Nacional del Agua (CNA) y hasta la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) niegan el acceso a los expedientes al Instituto Nacional Indigenista (INI), interesado en conocer el caso a fondo para defender a los indígenas y saber cómo nació esta obra realizada en sólo tres años y que tuvo un costo de 682 millones de dólares.

Pablo Llanes, subdirector de Antropología Jurídica del INI, precisa: ``El Instituto no ha tenido debido acceso a la información, que por su naturaleza debiera ser de dominio público y no sólo de las instituciones. Es fundamental que en este tipo de obras, las comunidades y las instituciones pertinentes tengan conocimiento desde el momento de la planeación''.

En la llamada colonia Huites, donde fueron reubicadas 60 familias mayos -de las 930 afectadas reconocidas oficialmente por la CNA y que el INI considera que el número es mayor- Llanes afirma: ``Esta es una situación inaceptable''.

Explica que el decreto expropiatorio para la comunidad fue publicado apenas en febrero de este año, pero las tierras del pueblo mayo ya se han inundado y se han hecho profundas modificaciones a todo el entorno natural que hacen prácticamente imposible revertir las condiciones del decreto, porque la presa ya está allí.

Un corrido que ya se escucha en esta región fronteriza con Sonora y Chihuahua, dice clara y directamente: En la construcción de Huites hubo mucha falsedad.

Compuesto para que lo escuchara el presidente Ernesto Zedillo en diciembre del año pasado, durante la inauguración de la presa con el nombre de Luis Donaldo Colosio, la canción señala: En la construcción de Huites hubo muchos afectados. Unos salieron de pobres pero otros más amolados. Por los malos dirigentes los que no eran, afectaron. Todo resultó al revés, fueron los beneficiados. Los señores ingenieros al campesino explotaron, por sus casas y terrenos una miseria aportaron. Todita esa pobre gente ayuda no recibió, sus raíces y costumbres en el agua se perdieron. Usted señor Presidente debe saber la verdad, en la construcción de Huites hubo mucha falsedad.

El subdirector de Antropología Jurídica del INI, reconoce que el organismo intervino hasta que la comunidad mayo de Huites le pidió ayuda. ``El área de procuración de justicia no tenía conocimiento de que la construcción de la presa afectara a población indígena. Llegamos cuando ya estaba ejecutada la reubicación, las tierras prácticamente inundadas y construida el 80 por ciento de la cortina''.

Por lo pronto, precisa Llanes, el compromiso del INI es lograr mejores acuerdos jurídica y políticamente para la comunidad mayo de Huites. ``Debe establecerse un precedente de que las cosas tienen que hacerse de manera distinta, sobre todo ahora que estamos hablando de la promoción de los derechos indígenas. Se pueden tomar un conjunto de medidas que puedan reparar el daño; consideramos que nada es irreversible''.

Pero aclara que -en el INI- no asumirán actitudes paternalistas, asistenciales o acciones paliativas, porque este es un problema de violación de derechos y por eso se promoverá la organización de los indígenas mayos para que los defiendan. La Constitución establece que deberá protegerse la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas, el derecho de éstos a desarrollar su cultura y contar con sus propias formas de organización social, y en este caso se está atentando contra esos derechos.

También advierte que el Instituto podría enfrentar obstáculos políticos y jurídicos. ``Es posible la existencia de fuerzas que consideren inapropiada la propuesta de cambio en materia de expropiación, pero consideramos que hay también un apoyo social amplio. Muchas de las ideas que se han manejado en materia de mejoría cualitativa de las condiciones de expropiación de las comunidades indígenas están firmadas por el gobierno federal y el EZLN, en los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

La idea es ir modificando las condiciones de indemnización y expropiación de las tierras de las poblaciones y eso va adquiriendo un nivel de consenso nacional que a veces no podemos conocer''.

La única información pública en torno a las afectaciones que ha dado a conocer la CNA, está inserta en el folleto Presa y Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el cual indica: ``En materia de tenencia de la tierra y de aspectos sociales en la conformación del vaso de la presa y su zona federal, se implementaron 12 acciones agrarias expropiatorias que implican 5 mil 693 hectáreas, así como una acción expropiatoria en propiedad particular para 2 mil 354 hectáreas y se tienen además mil 337 hectáreas de terrenos nacionales, lo que representa un total de 9 mil 384 hectáreas''.

Los afectados, según el documento, fueron reacomodados en los poblados Nuevo Techobampo, Tahonitas y colonia Huites, ``en donde se observó la normatividad ecológica y de crecimiento urbano, beneficiando a 198 familias en 34 hectáreas''. Como apoyo social -abunda pero no precisa a cuáles familias- ``se dotó a las comunidades con un transbordador de 20 toneladas de capacidad y dos lanchas de 16 pies, para facilitar la comunicación entre las poblaciones ribereñas. Se donaron ocho lanchas a comunidades para desarrollar actividades de acuacultura, explotación turística y pesquera''.