``La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral (IFE), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

``El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; el Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará, en los términos que señale la ley, por su presidente, consejeros del Poder Legislativo, consejeros electorales, así como con representantes de los partidos políticos y el director general que concurrirán con voz, pero sin voto. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Los servidores del organismo público regirán sus relaciones de trabajo por las disposiciones de la ley electoral y por el estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos''.

Así dicen, textualmente, dos de los párrafos de lo que sería el nuevo artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma que está en proceso. Este es uno de los párrafos que en principio ocasionaron el descontento de los partidos de oposición porque en apariencia, los legisladores del PRI habían optado por la vía del albazo para rechazar algunos cambios que ya se habían aprobado en las mesas de negociaciones, pero que supuestamente no eran del gusto de la línea dura del tricolor.

Los representantes del PRI, principalmente los diputados Píndaro Urióstegui Miranda y Jorge Moreno Collado, quienes fueron acusados de ser el instrumento para el albazo, explicaron que no había tal intención, sino que ese documento lo presentaron con el único interés de que las comisiones legislativas de trabajo tuvieran una base para sus negociaciones y que a partir de ella se elaboraran los artículos tal como deberán de aparecer en la iniciativa que se turnará a la Comisión Permanente, para que ésta a su vez convoque al periodo extraordinario de sesiones en el cual se revisarán las propuestas de modificaciones a la Constitución para consolidar la tantas veces anunciada reforma política de Estado en su aspecto político-electoral.

Casi todo igual

La redacción actual del referido artículo 41 constitucional establece que ``el órgano superior de dirección (del IFE) se integrará por consejeros y consejeros ciudadanos designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo y representantes nombrados por los partidos políticos''.

Esta es la parte donde la iniciativa priísta introduce un cambio, pues como se puede apreciar, habla de un presidente del instituto, de consejeros del Poder Legislativo y de consejeros electorales. Es decir, se propone fortalecer la autonomía y una menor representación del Poder Ejecutivo, que es lo que desean los partidos de oposición, para que ya el gobierno no pueda ser juez y parte.Inclusive en el caso de que el presidente del IFE fuera de alguna manera un representante del Ejecutivo, su fuerza sería muy limitada y podría ser contrarrestada fácilmente con los votos de los consejeros del Poder Legislativo que en esencia lo son de los partidos políticos, pues se eligen uno por la mayoría y el otro por la primera minoría y sobre todo de los consejeros ciudadanos.De hecho, la integración actual del Consejo General y la forma como se reparte el derecho al voto aseguran que tiene mayoría y por tanto pueden imponer su criterio los ciudadanos sin partido, los consejeros ciudadanos. Por ejemplo, en reciente votación para decidir si se concedía el registro condicionado de nueva cuenta al PDM y al PPS se impuso el criterio de la mayoría de los consejeros ciudadanos y se desechó la propuesta a favor que había elaborado la Dirección General del IFE.

La mencionada Dirección General también está involucrada en los cambios propuestos por la bancada del PRI en el controvertido documento que provocó tantas reacciones negativas. Ese cargo desaparece y sólo queda la figura de presidente, que actualmente corresponde al secretario de Gobernación, pero que en el futuro, si se acepta esta propuesta del PRI, sería elegido por los integrantes de la Cámara de Diputados, como actualmente acontece con el director general.

``El presidente del Consejo General será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos, por la Comisión Permanente, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal. Si la propuesta no obtuviere la mayoría calificada requerida se presentará una segunda y hasta una tercera si tampoco se lograra dicha mayoría en el segundo caso. En el supuesto de que la última propuesta no lograre el número de votos necesario, se procederá de inmediato a designarlo por insaculación, de entre las tres propuestas presentadas'', dice textualmente la propuesta priísta que aún está sujeta a discusión en las comisiones legislativas que, como se sabe, trabajan ahora por el sistema de conferencia, es decir, con participación al mismo tiempo de diputados y senadores.

La cosecha

Muy ligados a la reforma político-electoral en marcha están los trabajos del Primer Seminario Nacional de Análisis del Registro Civil, que ayer inauguró el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. Entre otros temas, en ese evento se analiza la posibilidad de expedir la cédula de identificación ciudadana que, eventualmente, podría sustituir a la actual credencial de elector. Al respecto, el titular de Gobernación citó a don Melchor Ocampo, el reformador que estableció en nuestro país el registro civil: ``poco habrá que decir sobre la necesidad, no sólo conveniente, de que la autoridad tenga noticia directa del nacimiento, del matrimonio y de la muerte de sus súbditos, puesto que todos los efectos mundanos de estos actos civiles y de las constancias de ellos, parten los ciudadanos y los tribunales civiles para aplicar a los hombres las leyes también civiles''... El presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, José Bonilla Robles, informó que esa organización brinda asesoría a sus agremiados para que puedan beneficiarse de los recursos proporcionados por el gobierno federal a través de la Alianza para la Recuperación del Campo, y anunció apoyos para los pequeños propietarios de Baja California por 209 millones de pesos.