Es por demás preocupante la declaración de Carlos Tello Macías, director del Instituto Nacional Indigenista, en el sentido de que el gobierno federal carece de los recursos necesarios para atender a los indígenas del país, 90 por ciento de los cuales se encuentra en la extrema pobreza.

La carencia señalada por el funcionario implicaría que se ha producido, en los hechos, una renuncia del Estado a procurar el desarrollo y una vida digna para los indios, pobres entre los pobres y marginados entre los marginados, y que se limitaría a brindar tareas de carácter asistencial.

Pero la desatención presupuestaria no es el único factor preocupante. Igualmente grave es que, a cuatro años del siglo XXI, se sigan cometiendo abusos y atropellos como la expulsión de sus tierras de los mayos de Huites, una historia documentada en estas páginasy que se siga ejerciendo en contra de los indígenas una violencia que parece heredera remota, pero directa, de la conquista española, como ocurre en Chiapas, Guerrero, la Huasteca y otros estados y regiones del territorio nacional.

Al desinterés, al menosprecio y a las agresiones, se suman en muchos casos la explotación y el saqueo de los recursos naturales y la depredación de tierras que pertenecen a comunidades indias y que revisten, para la economía, la cultura y la vida de sus habitantes, una importancia mucho mayor de lo que puede sospecharse desde un punto de vista urbano o mestizo.En otro sentido, el dato de que la enorme mayoría de los indígenas viva en condiciones de estricta subsistencia (una proporción radicalmente distinta a la de los sectores no indígenas de la sociedad) debiera ser un motivo de franca indignación y alarma, en la medida en que sugiere que estos mexicanos no tienen cabida en los planes de desarrollo ni en las políticas sociales y económicas.Aunque esta vergonzosa realidad ha sido abundantemente documentada, denunciada, comentada y debatida, y a pesar de que en las tres últimas décadas se han acumulado incontables planes, proyectos y programas para resolverla, México no ha logrado saldar su terrible deuda social, económica e histórica con los indios. Es lamentable que el gobierno y el conjunto de la sociedad no hayan cobrado lucidez acerca de la lacerante y exasperante situación de los indígenas mexicanos y que, más de dos años después del levantamiento indígena ocurrido en Chiapas, no se haya hecho la suficiente conciencia de la grave señal de alarma que representa esa insurrección.