Reestructuración total anticrimen en la PGJDF

Ricardo Olayo Para combatir la delincuencia en la ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) plantea una reestructuración ``definitiva'' de su funcionamiento, que consistirá en dividir la investigación de los ilícitos en tres subprocuradurías: A, B, y C. También se crearán 10 direcciones generales con base en la gravedad e incidencia de los delitos, y se desconcentrará el mando de la Policía Judicial, de manera que el actual director de la corporación sólo conserve bajo sus órdenes a 700 de los tres mil 500 integrantes adscritos.

Además de la integración de una nueva subprocuraduría --la quinta en la dependencia--, una de las direcciones investigará ilícitos sofisticados como los financieros o de cuello blanco, que están relacionados con casas de bolsa, factoraje, fraudes y abusos de confianza, los cuales al año suman alrededor de 2 mil 500 expedientes.

Por su alta incidencia y su elevado número de quejas, se investigarán en forma especial los robos a transportes de carga, taxis y microbuses, así como a negocios y empresas prestadoras de servicio; ambos renglones acumulan en lo que va del año casi 25 mil denuncias.

Por primera vez habrá un área que unificará todas las denuncias de robos bancarios, ilícito cuya cifra es de 30 en lo que va del año; en 1994 se reportaron 25 casos.

Otra de las direcciones que se integrará es la de secuestros, la cual se llamará Delitos contra la Seguridad de las Personas, Instituciones y Administración de Justicia. En ella estarán asignados policías judiciales especializados en reacción inmediata y rescates.

La reestructuración es el punto final de los cambios legales y operativos emprendidos desde febrero de 1995, cuando llegó a la PGJDF José Antonio González Fernández en lugar de Rubén Valdez Abascal, quien renunció.

Es un esfuerzo ``frontal'' para abatir la delincuencia y por ello se requieren más recursos, como helicópteros y nuevas instalaciones para una mejor actuación, señalaron fuentes de la dependencia.

Una de las direcciones atenderá los asuntos de negligencia profesional, los delitos de servidores públicos y los de administración de justicia que se denuncian ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

En el caso de la dirección general que investigará lo relacionado con el robo a camiones de carga, se informó que se tiene que determinar el tipo de hurto, pues hay asaltos que requieren de la especialización de los agentes del Ministerio Público.

El planteamiento de la reestructuración y los nombres de quienes estarán al frente de las nuevas áreas serán anunciados hoy al presidente de la República por el procurador José Antonio González Fernández, como parte del reglamento de la Ley Orgánica de la PGJDF y un acuerdo de adscripción.

La fuentes consultadas explicaron que actualmente sólo la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas se encarga de la investigación de delitos. Ahora serán tres las subprocuradurías --que se denominarán de Procedimientos Penales-- las que realizarán las investigaciones y se les designará con letras.

La Subprocuraduría A, su base será Control de Procesos, estará a cargo de Mariano Herrán Salvatti e investigará los secuestros.

Además le serán transferidas las áreas de la Policía Judicial y Servicios Periciales, actualmente adscritas a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas.

Sobre la Policía Judicial se plantea que su director, Luis Roberto Gutiérrez Flores, sólo se hará cargo del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) --el cual de 100 integrantes pasará a casi 300--, de escoltas y de otros 300 judiciales para cumplir las órdenes de aprehensión, así como de la custodia de testigos.

La Subprocuraduría B ocupará el sitio de Averiguaciones Previas, la cual es encabezada actualmente por José Elías Romero Apis. Ahí se concentrarán las direcciones de investigación de delitos de mayor incidencia.

La Subprocuraduría C estará encabezada por Humberto Moheno Díez, quien es oficial mayor en la Procuraduría. Anteriormente se desempeñó como coordinador de asesores de Mario Ruiz Massieu y delegado de la zona norte en la PGR.

La nueva característica de las subprocuradurías de procedimientos penales es que tendrán cada una direcciones de consignaciones para enviar los expedientes a los jueces, responsabilidad que antes estaba dividida de los ministerios públicos.

También cambiará la denominación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad por el de Atención a las Víctimas y Servicios a la Comunidad, y continuará bajo la conducción de Alejandro Díaz de León.

La Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Política Criminal será ahora Jurídica y de Derechos Humanos, con Eduardo Ibarrola al frente. Asimismo, a la oficina del procurador serán adscritas la Visitaduría, la Contraloría y la Coordinación de Auxiliares, éstos últimos encargados de revisar los expedientes en que se decide el no ejercicio de la acción penal.

Las 16 delegaciones regionales tendrán a su cargo agentes judiciales y se dedicarán a la investigación de lesiones, accidentes vehiculares, asalto a transeúnte --12 mil 160 casos hasta el 30 de mayo--, entre otros.