Demanda de los telefonistas contra Infonavit

Andrea Becerril El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) presentó ayer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) una demanda en contra del Infonavit, en la que pide al tribunal laboral que se aplique una auditoría al organismo con el fin de determinar el destino de 600 millones de pesos que ha aportado ese gremio.

En la demanda, el Sindicato de Telefonistas exige asimismo que se obligue al Infonavit a cumplir con el mandato constitucional de proporcionar vivienda digna a ese gremio y plantea que, de no cumplirse con esos dos puntos, las aportaciones de Teléfonos de México se depositen en una institución bancaria y el STRM se desincorpore del organismo.

Los abogados del STRM, José Luis Mendoza y Héctor Barba, solicitan en el documento depositado después de las 13:00 horas en la Junta Especial 14 de la JFCA que a partir de ayer en que el tribunal laboral dio entrada a la demanda, las cuotas de Telmex al Infonavit se depositen en una cuenta separada para que el organismo no pueda hacer uso de esos recursos.

Entrevistado por separado, el secretario general del STRM, Francisco Hernández Juárez, comentó que se trata de un problema estrictamente laboral y no político como se ha empezado a rumorar. Precisó que está consciente de las turbulencias actuales que hay en el movimiento obrero, pero el conflicto con el Infonavit data de mucho antes.

``Desde el año pasado he venido insistiendo en ello, porque no es justo que siendo el Sindicato de Telefonistas una de las organizaciones que más aporta al Infonavit, no obtengamos ningún crédito y nuestros recursos sirvan para darles casas a otros''.

Precisó que finalmente decidieron optar por la vía laboral, ya que es un problema de esta índole.

En la demanda, el STRM argumenta que en la Constitución se establece que el Infonavit debe proporcionar vivienda digna a los trabajadores y en la Ley Federal del Trabajo se precisa que el otorgamiento de los créditos entre quienes aportan será equitativo.

Sin embargo, agregan en el documento, tanto el mandato constitucional como la LFT quedan rebasados por la ley orgánica del Infonavit, la que fue reformada en 1993 y da preferencia a los trabajadores que ganan menos de cuatro salarios mínimos, lo que deja fuera de la posibilidad de un crédito a los telefonistas.

El STRM pide que paralelamente la JFCA ordene la realización de una auditoría al Infonavit, a fin de determinar qué hizo el Instituto con más de 600 millones de pesos que los telefonistas han aportado de 1972 a la fecha.

Hernández Juárez reiteró que tiene el respaldo de los telefonistas para seguir adelante y esperan una respuesta positiva de la JFCA. ``No hay nada de político en este asunto, ya había hablado antes de salir del Infonavit y me esperé hasta este momento, porque nos habían pedido que esperáramos al periodo de sesiones de mayo, en que se reformaría la Ley del Infonavit, pero no fue así''.

El dirigente dijo asimismo que las cifras que dio un funcionario del Infonavit en días pasados, en el sentido de que han recibido 2 mil créditos en los últimos tres años, son inexactas.

``El Infonavit ha faltado a su deber, al no darnos vivienda y por lo tanto el compromiso está roto y nos da margen para plantear nuestra inconformidad'', concluyó.