La crisis bancaria en México no está superada y la manera como se está administrando acarrea cada vez mayores costos, además de que provoca una profunda reestructuración del sistema financiero en términos de su propiedad.

La situación actual de los bancos proviene de excesos especulativos cometidos durante la época de euforia económica que se dio especialmente en la segunda mitad del sexenio anterior. La especulación y la euforia financieras han sido recurrentes en la historia y generalmente terminan en una severa crisis. Durante la euforia las ganancias se apropian de manera privada, pero en la crisis las pérdidas se socializan y sus costos se distribuyen de manera muy inequitativa. Este no es un planteamiento teórico sino que es una situación perfectamente clara hoy para todos en el país.

Los costos del salvamento de la banca son difíciles de contabilizar por la manera como se aplican los mecanismos de apoyo. La información que al respecto publica la prensa no es consistente y proviene generalmente de estimaciones de analistas que trabajan para instituciones financieras del exterior con fuertes intereses en el país. En todo caso las cifras que se ofrecen son millonarias: 90 mil millones de dólares, 120 mil millones de dólares y así hay diversos montos para escoger. Estas cantidades representan diversas proporciones del PIB: unos dicen que 6 por ciento, otros 25 por ciento, escojan sus números señores! Lo que no está disponible en un informe directo y oportuno de las autoridades de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de la gestión de la crisis bancaria. Esto es también parte del derecho a la información que exige esta sociedad y no es suficiente con reiterar que la situación está bajo control. Lo está realmente?Es claro que el gobierno no puede desentenderse de la fragilidad bancaria puesto que el sector financiero está en el centro de la actividad económica, y también porque los bancos son depositarios de los recursos del público y de las empresas. Pero de ello no se desprende que la manera en que se está conduciendo la política en este sector sea la más eficiente. Hay demasiados compromisos entre el gobierno y los banqueros, y son tantas las relaciones no siempre claras entre esas instituciones y las grandes empresas (y hasta con campañas políticas) que ello determina la forma de intervención que se ha establecido. Esto significa una decisión de carácter político y no solamente técnico, sobre la asignación de los recursos de la sociedad y en esa medida genera una confrontación que se expresa en el creciente cuestionamiento de la política económica en su conjunto.

La reglamentación bajo la que operaban los bancos antes de la crisis era insuficiente y demasiado laxa. Aun ahora en plena crisis la Comisión Bancaria parece todavía rebasada en sus funciones de supervisión y reglamentación. Siguen apareciendo casos de excesos y fraudes en diversas instituciones que han llevado a su intervención por parte del gobierno. La reciente noticia de los malos manejos del ``banquero'' Cabal Peniche, de los cuales habría estado enterada la SHCP es cuando menos potencialmente escandalosa. (Véase El Financiero del 20 de junio.) Los recursos públicos siguen siendo utilizados para salvar a estas instituciones y también para evitar la insolvencia de los deudores. En la visión pública persiste la impresión de que el rescate es para los grandes empresarios de las finanzas a costa del ya muy reducido bienestar de los ciudadanos, incluyendo a los que no deben nada a los bancos. Y esto ocurre mientras la situación económica mejora en cada discurso de los funcionarios públicos y se reitera que el gobierno no puede ejercer una política fiscal que aliente la recuperación pues no puede comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Esta es cuando menos una extraña manera de ejercer la responsabilidad pública de gobierno mediante la política económica.

La reestructuración del sistema bancario y del sistema financiero en su conjunto se está dando en el momento de mayor debilidad. Conforme a lo negociado en el Tratado de Libre Comercio en el capítulo de los servicios financieros, el sector tendría un periodo de ajuste de diez años antes de que ocurriera la apertura total a la inversión extranjera. Las condiciones pactadas no se sostuvieron ni siquiera por un año y hoy es cada vez mayor la participación externa en el sector. Es necesaria una explicación política al respecto de parte de los negociadores mexicanos que aparecieron durante el curso de los innumerables viajes a Washington como ejemplo de capacidad técnica y virtud política modernizadora. Sí es necesaria esa explicación pero será posible?La recuperación económica del país pasa necesariamente por el saneamiento y la reestructuración del sistema bancario y por la recreación de las condiciones de pago de los deudores. Pero la política económica parece ponerse candados para alcanzar este objetivo en los plazos que ella misma se ha fijado. Mientras esto ocurre, las demás cosas no permanecen igual sino que se debilitan las condiciones de muchos sectores de la población y no se establecen los equilibrios productivos para generar la actividad económica del país en términos de su extensión más allá de aquellos sectores que prácticamente no han resentido la crisis.