En la última semana se han dado pasos importantes en la negociación de la reforma política. Los partidos con representación parlamentaria parecen avanzar en los consensos para sacar adelante la reforma constitucional que será su base jurídica. Esto es un buen avance pero no es suficiente; los acuerdos interpartidarios tendrán que recorrer todavía un largo camino para cristalizar en una reforma radical y decisiva que se ha retrasado de forma inexplicable.

Otra señal de que las cosas están cambiando, fue el rechazo por parte del Consejo General del IFE de las solicitudes de registro condicionado como partidos políticos presentadas por el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Popular Socialista (PPS). Estas organizaciones perdieron su registro en 1994 por no alcanzar el mínimo de la votación requerida para mantenerlo y ahora volvieron a solicitarlo. Nadie duda de la respetabilidad de las ideologías de ambos partidos, de su trayectoria política ni de la vigencia de los derechos de sus militantes, pero hubo motivos muy sólidos para la negativa. Atengámonos a los hechos:1. El IFE estableció entre los requisitos para obtener el registro, que las asociaciones solicitantes tuvieran por lo menos 9 mil afiliados distribuidos geográficamente (900 en por lo menos 10 entidades o 90 en por lo menos 100 distritos electorales).

2. El PDM y el PPS presentaron listas en las que afirmaron bajo protesta de decir verdad contar con 53 mil 501 y 42 mil 740 afiliados, respectivamente, con lo que aparentemente sobrepasaban con mucho el requisito legal de 9 mil afiliados. Sin embargo, en la revisión hecha por el IFE se descubrieron inconsistencias y falsedades en los datos presentados.3. En relación con el PPS, se hizo una revisión muestral de 10 mil 5 firmas de los supuestos afiliados presentados por este partido, en la que se descubrió que mil 638 de ellas eran ostensiblemente diferentes a las firmas de los mismos ciudadanos que aparecen en las credenciales de elector y que se encuentran registradas en los archivos del Registgro Federal de Electores. Respecto del PDM se revisaron 10 mil 59 firmas y se descubrió que mil 727 de ellas presentaban la misma irregularidad.

4. Lo anterior es un hecho grave, toda vez que las organizaciones políticas aludidas declararon bajo protesta de decir verdad que todos los datos contenidos en su solicitud eran verdaderos. Más aún, no es la primera vez que el PPS y el PDM incurren en este tipo de inexactitudes o falsedades. En el pasado, según consta en archivos del IFE, ambas asociaciones habían presentado datos probadamente falsos o inexactos con el objeto de obtener su registro como partidos políticos. Baste recordar que hace sólo seis meses en enero de 1996- el Consejo General del IFE ya había negado el registro definitivo al PPS por incurrir en situaciones análogas a las que ahora se mencionan. Aquella vez la falsedad de mil 244 de las firmas presentadas se corroboró mediante un peritaje. Curiosamente, varias de esas firmas falsas volvieron a ser presentadas ahora por el PPS, a pesar de que el IFE le advirtió la irregularidad. Por ende, ya no puede hablarse de simple error o descuido sino de indicios de una conducta reiterada y contumaz que pretende sorprender con engaños a la autoridad electoral para obtener el registro como partido político.

5. No se puede perder de vista el carácter de los partidos como instituciones del más alto interés público y la función que les atribuye el artículo 41 de la Constitución como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática, como colaboradores en la integración de la representacion nacional y como las organizaciones que hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal libre, secreto y directo. Es evidente que las conductas ilícitas en que incurrieron el PPS y el PDM son incompatibles con el carácter de instituciones de interés público y con las funciones que la Constitución atribuye a los partidos.

6. Resulta muy agraviante que el primer acto jurídico con el que estos partidos intentan retornar a la lid política esté acompañada por conductas ilícitas que además son reincidentes y contumaces, lo que los descalifica en el plano ético, jurídico y político para convertirse en partidos políticos capaces de representar a los ciudadanos en la lucha por el poder. Por ello, la resolución que negó el registro al PPS y al PDM es una señal de la voluntad que tiene la autoridad electoral para que empiece a disolverse la escisión entre el espíritu de la ley y el comportamiento de los agentes políticos, y así comenzar a revertir la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, en los políticos y en la política.