Después de transitar un azaroso camino, que no ha estado exento de malos entendidos, presiones y rupturas, la reforma político-electoral, que está por aprobarse en el Congreso de la Unión, es producto de un proceso alimentado por la sociedad pero, sobre todo, por la intensa actividad de los partidos políticos más representativos del país y por la irrupción de nuevos actores socio-políticos cuyo reclamo es la integración a la vida política nacional.

Lo convenido hasta ahora, que incorpora las aportaciones de los Consensos de Chapultepec y los Acuerdos de Bucareli entre los partidos del Trabajo, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, confirman la voluntad de los distintos actores de cambiar viejas prácticas y poner el sistema electoral al orden de nuestro tiempo.

Entre los avances consensados se ubican: la elección de gobernador para el Distrito Federal; la incorporación del referéndum y la iniciativa popular; la modificación del procedimiento para la calificación presidencial; la libre afiliación partidista; el voto de los mexicanos radicados en el extranjero; los principios constitucionales para que los congresos locales asuman las modificaciones electorales, y la equidad en el acceso de los partidos a los medios de comunicación y financiamiento.

Los ciudadanos del Distrito Federal tendremos la oportunidad de elegir a nuestro gobernante aunque el controvertido tema de la elección de delegados políticos quede pendiente, contar con una instancia legislativa con las facultades que caracterizan a las del resto de los estados de la República y con nuevas bases para que la competencia entre partidos políticos sea equitativa.

Esta reforma representa un gran avance en materia electoral, de ahí el imperativo de pronunciarnos en contra de presiones que quieran obstaculizarla o descalificarla. Quedan, sin embargo, pendientes diversos aspectos: financiamiento, conformación de organismos electorales y participación de la SCJN en leyes que afectan derechos individuales, que deberán resolverse con verdadero espíritu democrático.

Este momento requiere de congruencia política de todas las partes, y de una visión estratégica que tenga la capacidad para diferenciar las rutas posibles de las deseables, para que de esta manera se lleve a cabo una reforma electoral que dé certidumbre política. Dicho de otra manera, de no ganarle a las inercias y predisposiciones, en el Congreso de la Unión se podrían empantanar las negociaciones cerrando los espacios para los acuerdos políticos, negando los esfuerzos para superar las dificultades por las que el país atraviesa.

No cabe duda de que la reforma representa un avance más del proceso democrático; sin embargo, se quedaron en el tintero aspectos que aún pueden atenderse, como las asociaciones políticas que pueden constituir mecanismos que recuperen las manifestaciones de nuevas formas de organización social, o las candidaturas independientes que abrirían interesantes espacios para los ciudadanos que no encuentran alternativas de participación y representación en el espectro político actual.

Sería una lástima que las oportunidades que el momento político presenta no fueran capitalizadas. De no existir acuerdos para un nuevo ordenamiento electoral, el riesgo de la polarización nos podría llevar al pasado, a aumentar las tensiones sobre el clima político y económico del país, o cosas peores. Los próximos acuerdos en el Congreso, si bien no estarán exentos de debates, deberán ser la mejor manifestación de que mediante la negociación y el diálogo se pueden encontrar soluciones consensadas que eviten cualquier riesgo contra la estabilidad política y social del país, y constituyan un paso firme en la construcción democrática.