La Jornada 24 de junio de 1996

IFE: al PRI, 83.2% de fondos privados en 94

Salvador Guerrero Chiprés El Partido Revolucionario Institucional concentró 83.2 por ciento del financiamiento proveniente del sector privado en 1994, al recibir de ``simpatizantes'', ``militantes'', supuesto ``autofinanciamiento'', de ``fondos y fideicomisos'', así como por ``otros conceptos'' un total de 500 millones 141 mil pesos. Esta cantidad es cinco veces mayor que la recibida por la suma de las cinco vías legítimas de financiamiento público, según un informe del Instituto Federal Electoral (IFE).

El organismo detalló que, por cada peso de dinero público que los priístas ocuparon en sus campañas de 1994, utilizaron cinco pesos de aportaciones privadas: 99 millones 424 mil pesos y 500 millones 141 mil, respectivamente.

La desproporción de los recursos de origen privado canalizados al PRI en ese año también está vinculada a la ventaja que ese partido tenía: 49.3 por ciento de toda la aportación estatal fue para ese partido, actualmente enfrascado con el PAN, PRD y PT en la discusión sobre los montos y topes del financiamiento público y privado, en el contexto de la elaboración del proyecto de reforma electoral.

Los recursos priístas provenientes de aportaciones privadas superaron 5.6 veces los recibidos por Acción Nacional y fueron 67.9 veces mayores que los que percibió el PRD por la misma vía.

En la víspera de 1997, año de elecciones, el PRI podrá gastar 145 millones 608 mil pesos de recursos públicos, 48 por ciento más en términos nominales --sin haber descontado la inflación-- que lo autorizado por el IFE y que lo utilizado en 1994 por el mismo concepto.

Hermilo Herrejón Silva, responsable de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, explicó que el apoyo financiero a las organizaciones está estipulado en la ley electoral, que especifica las diferentes fuentes de ingreso de los partidos, ya sean privadas o públicas.

Entre éstas últimas se encuentran las cinco formas de financiar a los partidos estipuladas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe): financiamiento por actividad electoral, por actividades generales, por subrogación del Estado a las contribuciones que realicen los legisladores a sus partidos, por ``actividades específicas'' y ``para el desarrollo'' de los partidos.

En 1996, detalló el funcionario, se repartirán 299 millones de pesos entre los seis partidos con registro: el PRI recibirá 145.6 millones; PAN, 70.4 millones; PRD, 44.3; PT, 16.7; PVEM, 10.9 y PFCRN, 10.5 millones de pesos.

Responsable desde 1990 de la Dirección de Prerrogativas del IFE, Herrejón Silva destacó que en 1995 la erogación total fue de 171.6 millones, frente a 201.3 millones en 1994, año de la última elección presidencial.

En 1991, año de comicios federales, el financiamiento público totalizó 106 millones de pesos.

El Consejo General del IFE determina el financiamiento estatal a partir de la presencia electoral de los partidos y de diversos criterios que el órgano directivo del instituto revisa en enero de cada año.

Los partidos tienen hasta el 16 de ese mes para presentar comprobantes de actividades específicas. Existe la posibilidad de ampliar esa fuente de financiamiento en las semanas siguientes, incluso hasta mayo.

``En financiamiento público no tenemos propiamente un límite; eso depende de las previsiones del Cofipe, de sus presupuestos, de la aplicación de esas reglas depende la determinación del monto'', indicó.

El principal rubro del financiamiento --en promedio, más de 50 por ciento-- es el que se calcula ``por actividad electoral''. Se fija en función del ``costo mínimo'' de una campaña. El Consejo General del IFE precisa este costo para campañas de diputados y senadores y esas cantidades se multiplican por el número de candidatos registrados. El resultado es el monto de financiamiento.

El cálculo se realiza cada tres años. En 1994 el costo mínimo de una campaña para diputado era de 141 mil 200 nuevos pesos, y para senador en 271 mil 700 pesos. La referencia es vigente para los tres años siguientes, por lo que regirá para 1997, agregó el entrevistado.

El límite del financiamiento ``por actividades generales'' equivale a 10 por ciento del total de financiamiento por actividad electoral.

Los montos por subrogación dependen de las dietas que perciben los diputados y senadores; el de ``actividades específicas'' se fija con base en lo que gasten los organismos políticos y las disponibilidades presupuestales que para ese rubro apruebe el Consejo General. ``Hasta ahora todo se ha pagado a 50 por ciento de los gastos comprobados del año anterior'', apuntó Herrejón Silva.

El renglón de ``desarrollo'' también tiene un límite legal, ya que no puede ser mayor a cinco por ciento del rubro de ``actividad electoral''.

Durante 1994, el partido que postuló a Ernesto Zedillo a la Presidencia de la República gastó 599.5 millones de pesos entre recursos públicos y de origen privado.

Acción Nacional utilizó 28.9 millones de financiamiento público y 89.1 millones de dinero privado para respaldar a Diego Fernández de Cevallos y a los candidatos a otros puestos federales.

El PRD utilizó 20.7 millones de dinero público y 7.3 millones de financiamiento privado para impulsar a Cuauhtémoc Cárdenas y a los candidatos de ese partido al Congreso de la Unión.

Del dinero gastado por el PRI en los comicios de ese año, 83.8 por ciento provino de fuentes privadas; 14.9 por ciento de los recursos del PAN tuvieron la misma procedencia, y en el caso del PRD sólo fue 2.6 por ciento.

Del total de los recursos públicos y privados gastados en las campañas de 1994, el PRI ocupó 73.3 por ciento; Acción Nacional, 14.4 por ciento y el PRD tres por ciento. El resto lo gastaron seis partidos, de los cuales solo el PT logró suficientes votos para tener representación en la Cámara de Diputados.