Conceden a líderes del Sutaur dos amparos contra su encarcelamiento

Andrea Becerril El segundo tribunal colegiado de circuito en materia penal concedió amparo a Ricardo Barco y a los 11 líderes presos del Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100), en contra del auto de formal prisión que les dictó en mayo de 1995 el juez Enrique Gallegos Garcilazo, en dos de los procesos penales que se siguen a los dirigentes.

``Debieron pasar más de 13 meses para ganar esos dos amparos, que vienen a demostrar que es ilegal el encarcelamiento'', precisó el apoderado legal del Sutaur 100, Arturo Fernández Arras.

Precisó que los amparos se circunscriben a dos de los siete procesos seguidos contra la dirigencia del sindicato, pero ``son un paso importante, ya que se refieren a las primeras causas, a las que posteriormente se acumularon otras''.

Fernández Arras dijo que confían en que las resoluciones de los otros cinco amparos que los abogados de Barco interpusieron también el año pasado se resuelvan con el mismo criterio, ya que se trata de la misma acusación ``improcedente'' de abuso de confianza, en su modalidad de retención de recursos.

El apoderado legal del Sutaur 100 comentó que ``desafortunadamente esta vía jurídica es muy tardada'' y por ello esperan que la Comisión Plural de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal avance en sus gestiones para lograr una pronta liberación de los líderes, como acordaron ese organismo y las autoridades capitalinas en el acuerdo político firmado el 26 de abril por el Sutaur 100 y el Departamento del Distrito Federal.

Las recientes resoluciones del segundo tribunal colegiado de circuito en materia penal del Distrito Federal se refieren a los juicios de amparo 785/95 y 653/95, que los abogados de los líderes del Sutaur 100 presentaron en contra del auto de formal prisión dictado por el juez 16 penal, Enrique Gallegos Garcilazo.

En primera instancia, la jueza tercera de distrito en materia penal, Olga Sánchez Contreras, emitió fallos en contra y la defensa de los dirigentes presentó un recurso de revisión ante el segundo tribunal colegiado de circuito, que ordenó revocar la primera sentencia y concedió los dos amparos.

Fernández Arras argumentó que se privó ilegalmente de la libertad a Ricardo Barco, Gabino Camacho, Ernesto Avila, Cristóbal Flores de la Huerta, Octaviano Sánchez, Adalberto Loza, Eduardo Jáuregui, Hilario Carabantes, Jorge Núñez, Marcos del Razo y Filemón Ponce.

El juez 16 penal, ``en una interpretación torcida de la ley, motivada por razones políticas'', dictó autos de formal prisión a los 11 dirigentes sujetos a proceso, y luego acumuló varias causas con la finalidad de alargar los juicios, pues el supuesto delito, como él mismo lo reconoció, es de los catalogados como menores.

Sin embargo, añadió Fernández Arras, para que los acusados tampoco lograran salir de prisión bajo fianza, les fijó cauciones de casi 22 millones de pesos a cada uno.

En la demanda de amparo, argumenta que no procede el auto de formal prisión, ya que el origen de los procesos es la demanda de un grupo de querellantes en torno a un fideicomiso de los trabajadores del Sutaur 100; ``es decir, hicimos ver que se trata de una reclamación de tipo mercantil, que debe dirimir un juez civil, no penal''.

Además, sostuvo, es falso que Barco y los líderes hayan incurrido en los ilícitos que se les imputan, ya que nunca formaron parte del comité técnico encargado de la administración del fideicomiso en controversia. ``Es decir, no pudieron retener las cantidades que les reclaman, porque nunca tuvieron posesión de ellas''.

Ello se demuestra ``con la simple lectura del contenido de los contratos de fideicomiso y porque la ley aplicable (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito) y la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales así lo han establecido''.

Por su parte, Guillermo Barco comentó que el Sutaur 100 espera que haya ``seriedad'' de las autoridades para que él y los dirigentes sindicales puedan salir lo más pronto posible del Reclusorio Oriente.

Para ello, dijo, es necesario que se intensifiquen los trabajos de la Comisión Plural, que se retrasaron luego del ``trágico y lamentable fallecimiento de Leopoldo Ensástiga''.

En los dos meses transcurridos desde la firma del acuerdo político con el DDF, el Sutaur 100 ha hecho su parte. ``Los compañeros ya están organizados para las nuevas formas de trabajo, pero falta que comiencen a laborar, que nuestros dirigentes y el asesor legal estén en completa libertad y que nuestros ahorros hayan sido descongelados. Mientras ello no ocurra, el conflicto no estará resuelto'', concluyó Barco.