200 amparos de la IP contra nuevos impuestos del DDF

Víctor Ballinas El Departamento del Distrito Federal (DDF) ha recibido hasta la fecha 200 amparos de contribuyentes contra el cobro de los nuevos impuestos a la venta de bebidas alcohólicas, al hospedaje y al de anuncios espectaculares, informó ayer el procurador fiscal del gobierno capitalino, Julio Olivos Ugalde.

No obstante, explicó el procurador, los empresarios y propietarios de ese tipo de comercios y servicios tendrán que empezar a pagar los impuestos respectivos, y ``sólo en caso de que la resolución final de la Suprema Corte de Justicia les sea favorable, el gobierno capitalino tendría que devolver los pagos respectivos que hayan hecho''.

Sin embargo, comentó el funcionario de la administración capitalina que el año pasado el DDF, a través de la Procuraduría Fiscal, recibió 400 amparos de contribuyentes contra los impuetos sobre el 2 por ciento sobre nóminas y el impuesto predial.

De ese total hubo diez resoluciones de juicio, nueve otorgaron el amparo y una lo negó, añadió el funcionario.

Sin embargo, el gobierno de la ciudad recurrió al recurso de revisión en la Suprema Corte, el pleno conoció los asuntos y, luego de un análisis a la última reforma política del Distrito Federal -misma que concede facultades legislativas a la Asamblea de Representantes, por lo cual puede legislar en materia de creación de nuevos impuestos y contribuciones-, estableció que la Asamblea sí puede crear nuevos impuestos, con lo cual declaró constitucionales y válidos los impuestos.

En este caso, señaló Olivos Ugalde, la Corte analizó si el impuesto del 2 por ciento sobre nóminas era constitucional, y también en el caso del predial revisó si el incremento que se cobró a los inmuebles destinados a otros usos que no eran habitacionales eran justos, y el pleno determinó que estaban apegados a derecho.

Esas resoluciones, emitidas en noviembre del año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que reconocen la constitucionalidad de dichos impuestos -en el caso del impuesto sobre nóminas y el predial a inmuebles de uso no habitacional-, dieron seguridad a las finanzas de la ciudad, apuntó.

Fue un hecho trascendente, añadió el procurador fiscal, porque si la Corte hubiera determinado que los impuestos impugandos no eran constitucionales, la ciudad se hubiera visto en problemas.

También el año pasado hubo una una inconformidad por el cobro de derechos de descarga que ya estipula el Código Financiero como contribuciones. ``Nosotros -explicó- creemos que es justo el impuesto y equitativo. Si la gente o empresas tienen pozos en sus casas o empresas, tienen que pagar por las descargas que arrojan a la red hidráulica''.

Respecto del tiempo que se pueda tardar el desahogo de los juicios de amparo contra las tres nuevas contribuiciones, Olivos Ugalde dijo que podrían quedar resueltos a parincipios de 1997, pero mientras tanto los empresarios deben cumplir con sus obligaciones tributarias