A Samuel del Villar, abogado de los familiares de las víctimas, que con tesón, valor, capacidad profesional y férreo deseo de tener confianza en las instituciones judiciales de la nación se ha enfrentado a los autores del crimen, manteniendo viva la demanda de justicia en el caso de Aguas Blancas y dando alientos a la vigencia de un régimen de derecho en nuestro país.

Hace un año los mexicanos nos estremecimos con la noticia de los múltiples asesinatos del vado de Aguas Blancas. Al estupor por lo inconcebible de los hechos siguió una gran indignación, una rabia que no acaba, provocada por la brutalidad del ataque de los judiciales contra campesinos inermes y por la evidencia de que la operación para cometer esos asesinatos premeditados y con toda alevosía se había montado y había estado dirigida por Rubén Figueroa Alcocer y varios de sus colaboradores más cercanos.

Han transcurrido 365 días de dolor para quienes perdieron a sus seres queridos; 365 días en que los crímenes permanecen sin castigo, y por el otro lado, días que han sido de argumentaciones, recursos y esfuerzos en los tribunales para oponerse a la aplicación torcida de la justicia, que brinda impunidad y protege a los autores intelectuales de esas muertes, y corroe la base misma de la institucionalidad constitucional.

Hace unos meses supimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervendría en el caso de Aguas Blancas. Hace unos semanas conocimos el informe que rindió la Corte, del que se infieren graves responsabilidades en el crimen para Figueroa y sus cómplices, y quisimos ver en ello un rayo de esperanza de que al fin podría hacerse justicia. Pero cacicazgo y compadrazgo se siguen protegiendo, buscando con acciones que niegan el derecho a inhibir la vigencia y aplicación de la ley: es por eso que el fiscal especial designado por Figueroa lo exoneró de todo cargo, que la Procuraduría General de la República se ha negado a atraer el caso para continuar las investigaciones hasta esclarecerlo y que la Procuraduría de Justicia de Guerrero no se atreve a enfrentar a su jefe político Rubén Figueroa.

Contra estos hechos de indignidad y descaro, que contrarían y ofenden al tribunal más alto del país, los familiares de las víctimas han interpuesto amparos y distintos recursos que están poniendo a prueba la capacidad de hacer justicia del Poder Judicial.

En la resolución del caso de Aguas Blancas no está en juego sólo el que se protejan los derechos de la gente o el que prevalezca la injusticia, que se haga valer la ley o que se impongan la prepotencia y la arbitrariedad en este caso particular. Está en juego algo mucho más trascendente. De la forma como se resuelva este caso dependerá que el Poder Judicial sobreviva como institución garante del orden legal de la nación o que sólo quede como mera ficción en un régimen que acabe por perder todo su sustento ético y toda capacidad de regeneración por las vías de la aplicación y el cumplimiento de la ley. El fallo que se dé al caso de Aguas Blancas nos dirá de la calidad y valentía de los integrantes del Poder Judicial de la nación y nos dará la dimensión de la confianza que en ellos podemos depositar.

La salud de la nación exige que cesen las impunidades y que finalmente se abra paso y se imponga la justicia.