Aduce Washington un acuerdo firmado en 1979; Bogotá responde que éste ya fue abolido

Ap, Efe, Afp, Dpa, Ansa y Reuter, Washington, 27 de junio Estados Unidos insistió hoy en demandar a Colombia la extradición de los cuatro principales jefes del cártel de Cali, al considerar que sigue vigente el tratado bilateral en la materia signado en 1979 y que las autoridades colombianas dan por abolido.

La secretaria de Justicia, Janet Reno, en una conferencia de prensa defendió la solicitud de extradición que la víspera hizo llegar al gobierno del presidente Ernesto Samper, en la que pide la entrega de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Carlos Ramírez Abadía y Helmer Herrera, bajo proceso en territorio estadunidense.

Sin embargo, esta noche el presidente Samper confirmó que su gobierno ha desestimado la petición de Estados Unidos. ``Aunque haya opiniones en contrario, a partir de 1991 quedó claramente establecido por la Constitución la prohibición de extraditar ciudadanos nacionales'', expuso.

El gobernante dijo que este mismo día se le envió a la fiscal Reno un mensaje informándole de la negativa, y anunció para las próximas horas un comunicado con la posición oficial colombiana. Añadió que no veía la petición estadunidense como una forma de presión política contra su gobierno, como consideran otros sectores colombianos.

``Nosotros creemos que bajo nuestro tratado con Colombia, ellos tienen todavía la autoridad para extraditar'', había expresado por su parte Reno, y subrayó que la meta final del gobierno de Bill Clinton se encamina a asegurar que los presuntos narcotraficantes sean llevados ante la justicia y ``reciban sentencia apropiada por sus delitos''.

Apuntó además que se trabajará con sumo cuidado para asegurarse que los acuerdos y las leyes que existen entre ambos países se cumplan en forma apropiada.

A la pregunta de si Washington aplicará sanciones a Colombia en caso de que ese país rechace la solicitud, la procuradora estadunidense respondió que eso se verá en su momento. Estados Unidos negó este año a Colombia la certificación en la lucha antidrogas y mantiene suspendida la cooperación en materia judicial.

Especialistas colombianos comentaron que la solicitud estadunidense se hace a sabiendas de que el Tratado de Extradición bilateral se halla congelado por la Constitución nacional, y en momentos en que las relaciones entre los dos países se ha deteriorado luego de la absolución de Samper por el Congreso, sobre acusaciones de nexos con el narcotráfico.

El presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, señaló que en caso de que el presidente Samper accediera a extraditar a los cuatro capos estaría incurriendo en delito y, por tanto, tendría que ser llevado a un juicio político. Consideró que la exigencia estadunidense tiene más carácter político, pero que es inejecutable por carecer de piso jurídico.

El líder parlamentario conservador, Jaime Arias, señaló que la petición estadunidense busca colocar al presidente ``contra las cuerdas''. Resaltó que ante este planteamiento, Samper no tiene forma de ganar, ya que de aceptar estaría violando una normatividad jurídica interna y negarse implica una mala imagen ante el exterior de no colaboración.

El vicefiscal Adolfo Salamanca, comentó que si bien el tratado no se puede aplicar porque está prohibido por la Constitución, se inclinó en favor de que esto sea revisado. Asimismo, se declaró partidario de aceptar la extradición, al considerar que se trata de delitos con repercusiones de orden internacional.

Salamanca externó sus temores de lo que puede ocurrir ante una negativa de Colombia. Al respecto, se refirió a ``consecuencias funestas'' al recordar el caso del general Manuel Antonio Noriega, en Panamá, cuando Estados Unidos invadió ese país en 1989, con el pretexto de detener al militar bajo la acusación de narcotráfico.

Carlos Esteban Jaramillo, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló en cambio que el Tratado de Extradición está vigente y, por tanto, el gobierno colombiano ``debe fijar una posición oficial sobre el tema''. A la par, un sondeo de opinión local arrojó que el 68 por ciento de los colombianos se opone a que se juzgue a nacionales en Estados Unidos.

Por otro lado, Samper reclamó al fiscal general, Alfonso Valdivieso, por la divulgación de un testimonio de la ex parlamentaria María Izquierda, quien sostuvo que el mandatario se reunió en julio de 1993 con familiares y allegados de los capos del cártel de Cali. Samper negó esto y dijo que no permitirá que se ``juegue'' con su honra.