Guerrero, Tabasco y Chiapas constituyen hoy puntos de alta tensión política y social frente a los cuales es necesaria la mayor dosis posible de prudencia y entendimiento, para evitar que sirvan de referente justificatorio para el endurecimiento de la política oficial.

La aparición, ayer, en circunstancias insuficientemente claras, del grupo armado denominado Ejército Popular Revolucionario, durante la primera conmemoración del asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, generó ya consecuencias que conviene revisar con cuidado. Dos hechos de alcance local parecen consolidarse a partir del surgimiento del grupo guerrillero: en primer lugar, el reforzamiento y expansión de la presencia militar tanto en el foco específico de surgimiento del EPR como en las regiones aledañas, donde se han incubado largamente graves conflictos sociales y económicos. Por otra parte, el clima de amedrentamiento de la ciudadanía que se reflejará en los comicios locales del próximo 6 de octubre.

En un plano de más largo alcance, resulta preocupante el comunicado emitido anoche por la Procuraduría General de la República, cuyo primer párrafo da como contexto de la aparición del EPR la realización de un mitin de ciudadanos ``encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas''. Al informar que ha iniciado las averiguaciones del caso, la PGR señala que para la debida integración de tales se ``citará a las personas involucradas en los hechos mencionados''. La peculiar contextualización del suceso de Aguas Blancas, y la conocida ambigedad con la que se ha manejado la PGR en otros casos con implicaciones políticas, despierta la preocupación de jurisperitos como Emilio Krieger, quien encuentra en los términos jurídicos incertidumbre que acaso pudiera conducir a acciones contra personajes políticos incómodos para el poder. Como dice Krieger, es necesaria una rápida precisión de la PGR para no propiciar un clima político enrarecido.

En Tabasco, mientras tanto, aparte del hecho sin precedentes de la paliza propinada a un diputado perredista, se suscita el atentado criminal contra la casa y la familia de Andrés Manuel López Obrador, entre otros hechos de violencia que han llevado a los dos principales partidos de oposición, PAN y PRD, a insistir en la urgente necesidad de que Roberto Madrazo deje la gubernatura de Tabasco.

En Chiapas, por otra parte, subsiste y se agrava la tensión, particularmente en el norte del Estado, y la misma Iglesia católica se declara ``perseguida'' y es acusada de agudizar la tensión y de jugar la carta de la subversión. En el sureste se ubica hoy la tensión, y en el centro, en donde se concentran los hilos de la política, debe estar hoy la prudencia, el cuidado y el raciocinio suficientes para no ceder a las tentaciones del endurecimiento y para no permitir que los segmentos más intolerantes de las cúpulas del poder aprovechen las circunstancias para apretar el puño.