Hacia el fin de la semana pasada, los dioses del viento y del mar engendraron la furia del huracán Alma, y con ello, el pretexto ideal que tal vez necesitaba Zedillo para cancelar su gira a Tabasco y ganar el tiempo necesario para que la ``justicia'' le quitara de encima a Madrazo. Pero los dioses del viento y del mar no fueron atendidos, y ahora, en consecuencia, la crisis terminal del sistema político mexicano ha entrado en una fase aun más aguda.

En un régimen centralista, presidencialista y autoritario que sin embargo se precia de ser federal, republicano y democrático, el Poder Ejecutivo era tradicionalmente el espacio de mediación donde se resolvían tanto las pugnas entre los grupos de poder como las contradicciones entre las clases y dentro de las clases mismas. Esto, siempre, en favor de un equilibrio desigual, que a lo largo de casi 70 años logró la coexistencia de un régimen de injusticia social, basado en la estabilidad política y, en determinadas etapas, el desarrollo económico.

Pero esto se acabó

Desde la fundación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, hasta el sexenio de Salinas de Gortari, el sistema político mexicano funcionó bajo la batuta del Poder Ejecutivo, gracias no a las virtudes personales de los sucesivos presidentes, sino a las características del Estado nacional que surgió a raíz de la Constitución de 1917, fruto del acuerdo pactado entre los vencedores y los vencidos de la guerra civil revolucionaria.El fracaso del proyecto económico de Echeverría y López Portillo (1970-1982), se tradujo en la derrota política de las corrientes nacionalistas y socialdemócratas del sistema, que en 1987, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, se dividieron al pasar una parte a la oposición activa y someterse la otra al servicio de los neoliberales, que a su vez desecharon las perspectivas de cualquier proyecto nacional de desarrollo, para inscribirse en la lógica de la globalización y la especulación financiera. En su intento por ``modernizar'' desmantelar el Estado nacional según las exigencias de la élite que controla la economía del planeta, los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari destruyeron el pacto social de 1917, que se expresaba, día con día, precisamente en la vigencia del Estado. Pero roto el pacto social y reducido el Estado a su mínima capacidad de acción, el régimen presidencialista, por lógica elemental, o sea, por la inercia de su propio peso, cayó en declive.Desde el sexenio de Salinas de Gortari, se puso de manifiesto la pérdida del poder presidencial. Salinas debió admitiraunque en ciertos casos indujo la ``renuncia'' de 17 gobernadores, y su falso mandato, que nació en medio de una impugnación gigantesca a la legitimidad de su origen, concluyó, formalmente, con una insurrección popular, indígena y campesina. Al debilitamiento estructural del Estado, y por ello, del sistema político, y por ello, del Poder Ejecutivo, se suma la descomposición social causada por el nuevo ``modelo'' económico, que tras una fase de lumpenización creciente de la élite (el ascenso del narcopoder a la sombra de la economía especulativa), culminó con el asesinato de Colosio y toda la cauda de crímenes que lo precede.

Hoy, ante el desastre económico del ``modelo'', la sumisión de los neoliberales al supremo gobierno del planeta, la sujeción del titular del Ejecutivo a los grupos que empiezan a imponer el nuevo federalismo del hampa y la ausencia de expectativas de cambio para la población a través de los medios tradicionales, el partido de Estado de un Estado nacional que ya no existe se encuentra no sólo en una profunda decadencia sino en vías de perder, en las próximas elecciones, el control del Poder Legislativo y el dominio territorial de la ciudad de México.

País en desacuerdo

En un esquema de continuidad institucional, que hoy resulta impensable, el sentido común augura que el PRI será derrotado en las elecciones legislativas de 1997. Pero ante la conducta criminal de la élite dominante ratificada por la exoneración de Figueroa y de Madrazo, y las secuelas imprevisibles de la gira de Zedillo a Tabasco hoy es seguro que el PRI (el sindicato de gobernadores salinistas que éste representa), no tiene la menor intención de dejar el poder por las buenas.

Por el contrario, la élite hará hasta lo inimaginable para retener el poder a cualquier precio, incluso el de la represión indiscriminada, con o sin presidente constitucional de por medio. Si optan por el golpe de Estado y la dictadura fascista, o bien por un nuevo fraude en las elecciones de 1997, están condenados al fracaso: su proyecto carece de respuestas puntuales a las necesidades inaplazables de 100 millones de personas que, mientras más se esfuerzan por adquirir la plena condición de ciudadanos, día tras día se ven reducidos a la mera calidad de habitantes. La patente debilidad del actual titular del Ejecutivo es la prueba más visible de la crisis terminal del régimen priísta: sin una Constitución política vigente, sin un Estado que refrende, proteja y haga valer el contrato social de los mexicanos, y sin un sistema político que regule y administre ese contrato, el país no puede darse el lujo de tener ni reclamar sin ingenuidad un presidente fuerte. Esto es ya, y será quizá por mucho tiempo, absolutamente imposible. Mientras no se establezca un nuevo pacto político entre los grupos y las clases, no habrá un nuevo Estado; mientras no se defina y adopte una nueva Constitución ni se ponga en funcionamiento un nuevo sistema político, estaremos condenados a luchar, en forma cada día menos civilizada, para construir un nuevo régimen.

Qué tipo de régimen?

Hoy padecemos la ausencia de oficio político del titular del Ejecutivo, así como antaño sufrimos la fuerza abrumadora, el poder de seducción, la ira, la demencia, la maldad y las supuestas bondades de presidentes que concentraban la jefatura del Estado, del gobierno, de las fuerzas armadas, del partido, de los órganos electorales y de los medios de comunicación masiva. En todos los casos, el presidencialismo (antes encarnado en el virrey y antes en el tlatoani) ha sido la causa de nuestra deseducación política, de nuestro atrofiado desarrollo como sociedad democrática y de nuestra incapacidad para resolver las grandes crisis nacionales sin apelar a la guerra.

Para reconstruir el país, debemos consensar un nuevo acuerdo político, insisto; para ello, es necesario convenir, mediante el consenso de las mayorías pero también de las minorías, un nuevo proyecto económico. Sin embargo, para lograr estos objetivos sin el recurso de la violencia ni el peligro de la desintegración en el marco de una nueva guerra civil revolucionaria, tenemos que generar una nueva relación entre los poderes de la República.

La dimensión del Poder Ejecutivo en México, hoy en día, es precisamente aquella que se propusieron asignarle los ejecutores del experimento neoliberal: un gobierno chico, expresión de un Estado chico (y más barato), encabezado por un presidente de aliento menor, en un esquema en que el Poder Legislativo y el Poder Judicial sean, y sigan siendo, aun más pequeños. Para qué? Para que los habitantes del país vivan en el máximo estado de indefensión posible ante los jerarcas del poder global.

Tal vez suene esto como argumento de película del año 2000, pero después de todo faltan poco más de tres años para el año 2000, cuando todos, sin exceptuar a nadie, seremos vestigios del siglo pasado: tan antiguos como a nuestros ojos hoy resultan nuestros abuelos. Generar, pues, una nueva relación entre los poderes federales y oponerse al destino que nos prescriben desde Wall Street no significa sino fortalecer, como nunca antes en nuestra historia, el Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que tome en sus manos el control de la política, que defina un plan económico de emergencia, que designe a los miembros del gabinete de gobierno y que pueda quedar disuelto, cuando los ciudadanos lo exijan, para volver a constituirse a través de elecciones libres. Frente a un poder de este tamaño, fundado en las razones de una amalgama de corrientes políticas populares y ciudadanas, el Poder Judicial cobrará insospechables alcances, y podrá restituir el Estado de derecho, apoyado por la fuerza pacífica esto es, el consenso de una nueva mayoría, que hoy, dispersa en infinitas minorías aisladas e inconexas, está en busca de espacios de encuentro para integrarse.Si los dioses del viento y del mar y del fuego, pero sobre todo, si los dioses de la Tierra permiten que algún día este país cuente con un nuevo régimen político, no dictatorial, éste ya no será presidencialista, centralista y autoritario, sino parlamentario, federal, republicano y, con suerte, quizá, chance, un poco más democrático.*

Ponencia que el tonto del pueblo presentará en el Foro para la reforma del Estado que, auspiciado por el EZLN y la Cocopa, se inaugura mañana, 30 de junio de 1996, en San Cristóbal de Las Casas.