Es difícil explicarse las razones que el presidente Ernesto Zedillo tuvo para visitar Tabasco el pasado martes 25 de junio, a sabiendas de que tal hecho exacerbaría los enconos ya existentes y podría ocasionar, como ocasionó, graves enfrentamientos en los cuales, a la postre, hubo decenas de heridos. No es difícil entender, en cambio, que la infortunada visita presidencial hija de la irreflexión y la irresponsabilidad se ha constituido en el detonador de una escalada de violencia en contra de quienes se oponen al gobernador Roberto Madrazo Pintado, sean militantes del Partido de la Revolución Democrática o no.Aparte de las movilizaciones y choques ocurridos el mismo martes, que ensombrecieron la gira presidencial y obligaron al Ejecutivo a trasladarse por helicóptero porque no podía hacerlo por tierra, a partir del día siguiente ha habido una serie de hechos ilegales que no pueden ser tolerados. Primero fue la ocupación de una radioemisora tabasqueña para obligarla, no con argumentos o en demanda de pluralidad sino por la fuerza, a difundir propaganda en favor del ilegítimo gobernador. Valdría la pena preguntarse qué pasaría si los militantes perredistas se posesionaran de las instalaciones de Televisa para forzarla a difundir propaganda en favor de su partido o en contra del gobierno.

Al día siguiente, en la sede misma del Congreso de Tabasco, golpeadores encabezados por un funcionario del Poder Legislativo agredieron al diputado perredista Julio Alvarez Santos, sin que las instancias legislativas evitaran el ataque ni lo condenaran. Y ayer, en el colmo de la irracionalidad y la infamia, fue lanzada una bomba molotov, por fortuna sin consecuencias, en contra de la casa del líder perredista Andrés Manuel López Obrador, quien recorre el país en pos de la presidencia nacional del PRD y cuya esposa e hijos sí estaban en Villahermosa. Es obvio que los autores de todos estos hechos están vinculados con la ilegítima causa madracista y que deben ser procesados y castigados sin miramientos.

Es muy evidente, también, que la visita presidencial y el explícito respaldo al todavía gobernador crearon el marco para que los violentos hechos se perpetraran. Las protestas contra la presencia del mandatario fueron, sí, condicionantes para la violencia de ese día, pero en su génesis se halla la inconformidad contra la presencia de Roberto Madrazo en el Poder Ejecutivo. Qué podría esperarse de un amplio sector de la sociedad tabasqueña que se siente agraviado por la injustificada permanencia de este personaje en la gubernatura y por el inexplicable respaldo presidencial? Sería razonable exigirle pasividad de brazos cruzados?Como lo han reiterado con insistencia los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, la gira presidencial entrañó una clara provocación a la importante porción del electorado de Tabasco que no votó por Roberto Madrazo Pintado para gobernador y que está convencida, como lo estamos muchos mexicanos fuera de ese estado, de su ilegitimidad derivada del uso, en su campaña electoral, de recursos no sólo desproporcionadamente excesivos sino sospechosos de lavado de dinero.

Como es sobradamente sabido, el líder perredista Andrés Manuel López Obrador documentó exhaustivamente, con sus célebres cajas de documentos priístas, el gasto electoral de Madrazo, que rebasó más de 50 veces el tope acordado, y recientemente la Procuraduría General de la República comprobó lo excesivo del gasto y la ilegalidad de su origen, el cual vinculó con el banquero prófugo Carlos Cabal Peniche.

Después de lo anterior, resultaba ya una vergenza nacional la permanencia de Roberto Madrado Pintado en la gubernatura tabasqueña. Hoy, ante la descomposición política que se manifiesta en hechos como los descritos y ante el peligro evidentísimo de que las fuerzas más obscuras de Tabasco continúen su escalada de violencia, la salida de Madrazo del Poder Ejecutivo es una urgencia nacional. No puede permanecer más ahí, y de ello deben tomar nota el Congreso de la Unión, para declarar la desaparición de poderes en esa entidad, y el Ejecutivo para proponer la terna de la cual saldrá el gobernador provisional, conforme a la fracción V del artículo 76 constitucional.

No es suficiente para ello la serie de hechos violentos, sobre todo la infamia del atentado contra la familia de López Obrador? Qué pasará si, a pesar de los reiterados llamamientos de éste a la cordura, los perredistas deciden responder también con violencia? Es necesario que, como en Guerrero, deba intervenir la parca para lograr la remoción de un gobernador?