Eduardo Montes
Irresponsabilidad gubernamental

La afirmación del presidente Zedillo de que acudió a Tabasco ``para constatar el compromiso, el esfuerzo y las realizaciones del gobierno que encabeza Roberto Madrazo por voluntad de la mayoría de los tabasqueños'', no deja lugar a dudas sobre las razones verdaderas de la visita presidencial a aquel estado. Esto es, poner todo el peso político de la autoridad del Presidente en favor del gobernador tabasqueño.

Pero al dar ese paso, el doctor Zedillo en alguna medida se pone frente a la ley. No ignoraba ni las irregularidades con las cuales llegó Madrazo al gobierno de aquel estado ni que es objeto de investigación del Ministerio Público tanto estatal como federal, precisamente en relación con las cuantiosas sumas de dinero muy por encima de las previstas por la ley, gastadas en su campaña para alcanzar la gubernatura.

Es grave que el presidente de la República haga caso omiso de los serios cuestionamientos y acusaciones de que fue objeto el gobernador tabasqueño desde el momento mismo de la elección. Ya como jefe del gobierno estatal Madrazo ha sido motivo de conflicto y de inestabilidad permanente en el estado. Franjas anchas de ciudadanos y las principales fuerzas de oposición, el PRD sobre todo, y su dirigente Andrés Manuel López Obrador, no han aceptado, y seguramente no va a aceptar, que se ignoren sus denuncias y sus razones, las que han defendido legal y pacíficamente.

La visita presidencial del martes 25 y su declaración de apoyo al gobernador son, además, una especie de luz verde al priismo local y nacional para continuar la defensa de Madrazo a toda costa, con todos los medios a su alcance. Constituye, asimismo, una clara toma de posición del gobierno federal. Reafirma su alineamiento con el inmovilismo político más conservador del sistema, que tiene dos máscaras: por una parte habla del perfeccionamiento de la democracia, para llegar a algo tan ambiguo como la normalidad democrática; pregona el respeto a la legalidad y al Estado de derecho, así como el rechazo a la corrupción, pero en la práctica alienta conductas por completo distintas y adversas. Lo mismo protege al cacique guerrerense Rubén Figueroa Alcocer quien un años después de la masacre de Aguas Blancas, con la complicidad del sistema sigue sustraído a la acción de la justicia, que presenta tenaz resistencia a la ya inaplazable necesidad de cambios políticos y económicos que saquen al país de la crisis prolongada en que vive y se abran las puertas a la democracia verdadera y a la justicia. En el caso que nos ocupa, la solidaridad del sistema con sus hombres se convierte en la defensa política a toda costa de Madrazo, pese a las pruebas de la ilegalidad de su gasto electoral, a que es un gobernador sometido a averiguaciones por el Ministerio Público, entre otras la del origen de 13 millones de pesos entregados por Carlos Cabal Peniche prófugo de la justicia y sospechoso de vinculaciones con el lavado de dinero del narcotráfico.

En este asunto es evidente y por completo irresponsable el menosprecio gubernamental a los reclamos de miles de tabasqueños y de segmentos importantes de la opinión pública que han realizado la crítica a fondo de la conducta de Madrazo y demandan congruencia gubernamental entre sus palabras y sus hechos. Al darle el espaldarazo al gobernador de Tabasco el gobierno federal desafía al PRD tal vez fue uno de sus propósitos concretos, pone a prueba la política de este partido y la inteligencia y firmeza de sus dirigentes. En medio de contradicciones van definiendo una posición pero lo que seguramente no va a aceptar el PRD es que el gobierno juegue a ofrecerles la zanahoria de la negociación en la mesa donde se prepara reforma electoral (no una reforma del Estado, que es otra cosa) y el garrote en Tabasco.

En todo caso las consecuencias directas e inmediatas de la visita presidencial a Tabasco, además de la agresión a los plantones del PRD el día 25, ha sido alentar la violencia de grupos priistas, que envalentonados toman una estación de radio para proclamar su apoyo al gobernador, secuestran y golpean al diputado perredista Julio Alvarez Santos y amenazan con impedir la entrada de López Obrador a Tabasco. En suma, lo único que ha conseguido el gobierno es atizar el fuego de la inconformidad social y política en aquel estado y enturbiar el ambiente político nacional.