Se cumplió el primer aniversario de la ejecución sumaria de diecisiete personas por el gobierno de Rubén Figueroa, en el Valle de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995. La ejecución llevó al extremo el genocidio, como forma de gobierno, en contra de la población del estado que ha intentado organizarse para resistir el atropello de sus derechos inherentes a su dignidad humana. También se cumple un año de impunidad por la ejecución y la criminalidad organizada más peligrosa hecha gobierno. Se han impuesto sobre el gobierno del doctor Ernesto Zedillo, sobre sus reclamos de perseguir el Estado de derecho, y sobre sus propias reformas más significativas consecuentes.

El doble aniversario, el de la ejecución y el de la impunidad, plantean en definitiva la encrucijada en la que se encuentra no sólo Guerrero, sino México en su conjunto: si la efectividad de la ley va a conducir a México fuera de la crisis, o si la arbitrariedad, la violencia y la criminalidad van a rematar al país. En el fondo, la crisis económica política y social sexenalmente acumulativa de México es por la inefectividad de la ley para sujetar al gobierno a ella, y a partir de este principio fundar los actos de gobierno en la legalidad. La irresponsabilidad de los gobernantes ante la ley, es la base no sólo de la arbitrariedad y la corrupción que norma el trato regular del mexicano con la autoridad, sino también de la disposición, el despilfarro y el saqueo creciente e inauditamente escandalosos de los derechos patrimoniales de los mexicanos por los ``intocables'' que han hundido al país en la más profunda depresión económica. La irresponsabilidad ante la ley es lo que funda lo mismo el fraude económico que el electoral y, más grave aún, la violencia criminal en ascenso cuya visibilidad nacional e internacional en Aguas Blancas ha colocado al gobierno del doctor Zedillo en la contradicción más definitoria de su destino.

Por una parte están las reformas más significativas del gobierno del doctor Zedillo, de diciembre de 1994, para que el Estado de derecho encauzase el rumbo y la reconstrucción de México. Estableció bases de integración de una Suprema Corte de Justicia con la calidad moral y profesional capaz de sujetar los actos de gobierno a la supremacía de la Constitución y de las leyes emanadas de ella. Estableció la garantía constitucional contra la impunidad sujetando a control judicial las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal. El doctor Zedillo motivó la reforma argumentando que ``no debe tolerarse que por el comportamiento negligente, y menos aún por actos de corrupción, quede ningún delito sin ser perseguido''.

Por otra parte, su gobierno no sólo ha tolerado, sino que ha fomentado activamente la impunidad por los delitos que más ofenden a la sociedad y más destruyen el Estado de derecho, con los de Aguas Blancas a la cabeza. El eje de la impunidad y de la destrucción del Estado de derecho ha sido su Procuraduría General de la República (PGR). Ante la conmoción pública por los hechos de hace un año, el procurador Antonio Lozano declara, el 6 de julio de 1995, que se abstendría de conocer el caso por la ``imposibilidad de que se dedique a todos esos asuntos'', sin que hubiese practicado investigación o diligencia alguna. Mantiene a piedra y lodo su negativa a cumplir con su obligación constitucional de procurar justicia, combatiendo frontalmente las reformas del doctor Zedillo para que su impartición encauzase el rumbo del país por el cumplimiento de la ley.

Las reformas parecieron comenzar a fructificar cuando la Suprema Corte de Justicia emite el histórico dictamen de su investigación, el 23 de abril de 1996, después de que el propio doctor Zedillo la solicitó a raíz del escándalo público por el encubrimiento grotesco del ``fiscal especial'' al servicio de Figueroa. La Corte confirmó la responsabilidad de Rubén Figueroa y de sus principales asistentes. Lo remite al procurador Lozano para la persecución de los evidentes delitos federales. Con la referencia en dos líneas a ``un estudio'' desconocido y con absoluta arbitrariedad, el procurador tiró al cesto de la basura la investigación trascendental y sus resultados del máximo tribunal del país. Más aún, la PGR se lanzó también a luchar por consolidar la impunidad que el ``fiscal especial'' dio a Figueroa en el fuero común, pidiendo a la justicia federal que ignorara la reforma del doctor Zedillo en el amparo contra la arbitraria e ilícita exoneración.

Con una Procuraduría empeñada en consolidar la impunidad por los delitos que pulverizan el Estado de derecho en México y en asfixiar el incipiente significado de un Poder Judicial en que se pueda sostener, el país está de antemano derrotado en la encrucijada decisiva que se le plantea con el primer aniversario del sacrificio de Aguas Blancas, entre el imperio de la ley o el imperio de la criminalidad, la corrupción y en última instancia la violencia.