En lo que va de 1996, dos fraudes contra el IMSS por $1,361 millones

En menos de seis meses se han documentado dos fraudes en perjuicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por un monto superior a los mil 361 millones de pesos.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), la primera denuncia presentada por el instituto, en febrero, consistió en la falsificación de diversos documentos hacendarios, así como la de un cheque de Banpaís expedido en favor de la Tesorería contra la cuenta del IMSS.

En la segunda denuncia, Carlos Peñaloza Webb, ex tesorero general del organismo, se benefició invirtiendo a su favor 360 millones de pesos, pertenecientes a los fondos del instituto. El ex funcionario quedó arraigado ayer en su domicilio, en tanto continúa la integración de la averiguación previa en su contra.

Información del instituto señala que ``el patrimonio no fue afectado a pesar del fraude cometido por el ex tesorero Carlos Tomás Peñaloza Webb. Se trata de recursos que el instituto dejó de ganar''.

El organismo detalló que en 1991 las reservas ascendieron a 2 mil 196 millones de pesos, para 1995 se ubicaron en 6 mil 717 millones, mientras que al cierre de 1992 los fondos fueron de 2 mil 996 millones; en 1993 llegaron a 4 mil 55 millones, y en 1994, 6 mil 89 millones de pesos.

``El patrimonio no fue tocado ni sufrió disminución alguna'', insistió Roberto Calleja, director de Comunicación Social del IMSS. ``Quizá hubiera habido un poco más ganancia, pero no la hubo por el fraude que hasta el momento asciende a 360 millones de pesos. Hasta el momento agregó este asunto es el único que se investiga''.

A su vez, en reunión con el consejo técnico del IMSS, el director general, Genaro Borrego Estrada, informó que se presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, con base en la información emitida por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y la Comisión Nacional Bancaria. Mientras, los consejeros aseguraron que los hechos delictivos detectados no afectarán la operación institucional ni el otorgamiento de las prestaciones de ley.

Durante la reunión de ayer, el director general informó al consejo técnico sobre la denuncia presentada por la Secodam, al tiempo que reiteró que los hechos representan una grave deslealtad a la institución, un agravio a la clase trabajadora y al sector empresarial, que confiaron su dinero para la prestación de servicios.

Los fraudes

Según la averiguación previa 1513/D/96, abierta para el primer caso, se comprobó una defraudación por la cantidad de mil millones 62 mil 872 pesos. Las investigaciones de la PGR indican que Carlos Alberto Hernández Bohórquez, gestor encargado de realizar el pago de impuestos federales, recibió un cheque por la cantidad mencionada y, de acuerdo con otras personas, alteró el nombre del beneficiario.

Hernández Bohórquez cambió el texto de Tesorería de la Federación por el de Herramientas Dick, lo que permitió que se abonara en una cuenta de Banca Serfin la cantidad mencionada, de la que se dispuso posteriormente a través de diversos cheques de caja.

El pago de los impuestos federales fue justificado por medio de formatos sellados de recibido por la Tesorería, entidad que desconoce su validez.

De la coordinación entre la PGR, el IMSS, la Comisión Bancaria y de Valores y Banca Serfin para realizar la investigación correspondiente, se logró el aseguramiento de diversas cuentas bancarias donde se hicieron los depósitos de diversos cheques de caja, así como la detección de otras que suman 800 millones de pesos.

Este fraude se suma al consignado el pasado lunes por el titular de la Secodam, Arsenio Farell Cubillas, que asciende a 360 millones de pesos, mismo que fraguó el ex tesorero general del organismo, Carlos Tomás Peñaloza Webb.

El procurador general de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, confirmó ayer que Peñaloza Webb no ha sido consignado y que sólo fue citado a declarar, además que la dependencia a su cargo solicitó el arraigo, mismo que fue concedido ayer por el juez séptimo en materia penal. Asimismo, dijo, hay un requerimiento de citación para los otros dos involucrados en este fraude, José Luis Sánchez Pizzini y Leticia Mendoza Pastor.

``La investigación está en curso. Efectivamente recibimos una denuncia que estamos integrando y que estamos perfeccionando y pondremos a consideración del juez'', dijo el funcionario.

Por su parte, los integrantes del Consejo Técnico expresaron su interés de que se mantenga la política de control interno en las diversas dependencias del instituto por parte de la comisión de vigilancia y la auditoría general, para que se continúen utilizando con transparencia los recursos institucionales.

Los consejeros también apoyarán al director general en la denuncia de hechos ante la PGR, para lo cual se aportarán todos los elementos necesarios para determinar responsabilidades, y a fin de que en los próximos meses el perjuicio ocasionado al instituto sea resarcido con medidas adoptadas para asegurar las cuentas y bienes de los presuntos responsables (Ciro Pérez Silva, Juan Manuel Venegas y Angeles Cruz).