Envió la CNDH visitadores a la entidad Departamento de Estado: los conflictos en Guerrero no causarán inestabilidad en México
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a ayer a Chilpancingo, Guerrero, a un grupo de visitadores adjuntos, luego de la aparición allí del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y para recibir cualquier tipo de quejas. En un comunicado de tres párrafos, la CNDH indicó que los visitadores se establecerán en la sede de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, que colaborará con los enviados del ombudsman nacional.
Por separado, el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez, dijo que el gobierno federal no tiene prevista una mesa especial para tratar el asunto del EPR. ``Me parece que están violentando la ley, que su actitud no contribuye a la superación de los rezagos (en Guerrero)'', argumentó, y rechazó calificar al grupo armado. La violencia no es el camino para resolver los rezagos, que en el caso de Guerrero son innegables, argumentó.
En conferencia de prensa, el senador Félix Salgado dijo que si efectivamente hay guerrilla en Guerrero, el Congreso tiene la obligación de desaparecer los poderes allí, en donde es obvio que se vive una situación de ``ingobernabilidad'', y suspender las elecciones previstas para el próximo octubre.
Señaló el perredista que la aparición del EPR ha generado una ola represiva para intimidar a los dirigentes sociales, y que le sigue pareciendo extraño este grupo que muestra gran inconsistencia ideológica. También señaló que el único favorecido en esta confusión resultó ser Rubén Figueroa.
El legislador guerrerense lamentó que los sucesos del viernes pasado en Aguas Blancas se conmemoraba el asesinato de 17 campesinos a manos de la policía haya servido de caldo de cultivo para que el gobierno emprenda una cacería de brujas, y dijo que esta situación sólo servirá para ``inhibir el voto en el próximo proceso electoral'', lo que redundará en perjuicio para su partido.
Salgado Macedonio recordó que los perredistas son la segunda fuerza electoral en Guerrero, en donde obtuvieron en los pasados comicios alrededor de 280 mil votos, apenas 20 mil menos que el PRI.
Además, explicó que el surgimiento del EPR fortalece las tesis de Figueroa, de que campesinos de la sierra están armados, son violentos y guerrilleros; ``con ello Figueroa buscó justificar la masacre y distraer a la opinión pública para que no se haga caso a nuestra exigencia de que se castigue a los verdaderos responsables, entre quienes figura él mismo'', dijo.
Salgado no descartó que en Guerrero puedan formarse, por las gravísimas condiciones sociales, grupos armados, pero definitivamente puso en tela de juicio al EPR, ya que caracterizó es notoria su inconsistencia ideológica, además que en su manifiesto nunca se refiere a que es necesario que se castigue a los responsables de la matanza. Negó categórico que campesinos hayan sido los que protegieran la llegada del grupo y pidió la urgente liberación de los tres miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) detenidos.
Después de una reunión de seguimiento de los trabajos que realiza el gobierno federal en Chiapas, celebrada en la Secretaría de Gobernación, el coordinador de la delegación gubernamental para el diálogo de paz, Marco Antonio Bernal, dijo que no conocía la naturaleza del EPR. ``Lo que he escuchado es que se trata de un grupo de delincuentes que se disfrazó con algunos símbolos y formas del EZLN'', expuso.
Sobre el grupo armado, manifestó que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para que los problemas encuentren una solución en la ley y las instituciones y ha dado espacios políticos para que no se justifiquen acciones de este tipo.
Pero esta situación en Guerrero influye en Chiapas?
No, porque simple y sencillamente los zapatistas declararon que nada tienen que ver con ese grupo. Nosotros así lo creemos y tenemos un compromiso conjunto de que el diálogo continúe y avance por la vía pacífica. De tal manera que la delegación del gobierno federal y la representación zapatista reiniciarán las negociaciones formales el 8 de julio en San Andrés Larráinzar.
A su salida de la Secretaría de Gobernación, Rojas Gutiérrez informó a la prensa que recibió instrucciones de la Presidencia de la República para viajar a Guerrero, con el propósito de evaluar los daños del huracán Boris y conversar con el gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero sobre los programas de desarrollo social.
Comentó que no quería hacer comentarios sobre la irrupción del EPR ni lanzar calificativos. ``Lo que no podemos esconder es que Guerrero, especialmente en esas zonas, tiene rezagos muy importantes que hay que atender, que tenemos que resolver y en eso estamos empeñados''.
Agregó que se va a seguir apoyando a las autoridades de Guerrero y ``vamos a seguir canalizando el mayor volumen de recursos para resolver sus problemas''.
A su vez, Porfirio Camarena Castro, senador por Guerrero, opinó que el EPR es ``sumamente extraño y sospechoso'', que no corresponde a ningún concepto ni esquema guerrillero. Se trata, continuó, de una organización sin definición política, con una declaración política ambigua y que ``se debe considerar ajeno a un interés reivindicatorio de los problemas de Guerrero''.
Adelantó que si algo tiene que ver con alguna asociación sería con la OCSS, ``que es lo que ahora se está investigando''. Sobre la posibilidad de que sea promovido por Figueroa, el legislador priísta se negó a opinar porque ``me sumaría a una opinión demasiado especulativa''. En cuanto a las causas estos brotes de descontento, comentó que ``no hay duda que hay un problema de fondo en este tipo de acciones: el rezago social, la miseria, la pobreza ancestral''.
Por otra parte, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, las secretarías de Gobernación y de Hacienda instrumentaron, a través de la Policía Fiscal Federal, un operativo para detectar armas y cartuchos de contrabando en el aeropuerto, estaciones de autobuses y de ferrocarril y en los puentes internacionales.
Tras la aparición del grupo armado en Guerrero, las revisiones en la frontera se intensificaron, lo que ha provocado retrasos hasta de dos horas a las personas que pretenden internar productos no permitidos.
En Juchitán, Oaxaca, el dirigente de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, Jesús Vicente, afirmó que allí ``no se descarta la existencia de grupos armados porque las condiciones de extrema pobreza y antecedentes de lucha armada son similares a las de Guerrero''.
Para el obispo emérito de Ciudad Juárez, Manuel Talamás Candamari, el surgimiento del EPR puede provocar que el gobierno tome medidas fuertes para combatirlo, situación que consideró propicia para el surgimiento de una ``dictadura militar''.
En León, Guanajuato, Heberto Castillo, candidato a la dirigencia nacional perredista, dijo que la presencia de un grupo armado en Guerrero muestra ``el gran descontento existente en el país por el fracaso de la política económica''. Agregó que el gobierno niega que existan grupos armados para no crear incertidumbre, ``además de pretender que hacia el exterior tengamos otra imagen''. (De la redacción)