Entre los tironeos confusos de la negociación para la reforma electoral, hay una demanda que aparece reiteradamente y que no está incluida en las ``conclusiones'' que se acordaron en el diálogo de Bucareli: la posibilidad de presentar candidaturas independientes a los distintos puestos de representación ciudadana.

En una negociación entre partidos políticos no es extraña la ausencia: éstos tienden a ver como ``desorganizadora'' y espuria la posibilidad de que asociaciones ciudadanas, que no constituyen partidos políticos, presenten candidaturas por fuera de la organización partidaria.

Pueden sin embargo señalarse infinidad de razones de orden social y político que hacen altamente recomendable, y necesaria, esa inclusión. En primer lugar el hecho de que hoy los partidos políticos están lejos de llenar todo el espectro político nacional, y de que la genérica sociedad civil tiene gran actividad política, muchas veces al margen y fuera de los partidos. Actividad que en un proceso amplio de transición democrática tiene importancia decisiva.

En mi opinión, sin la posibilidad de la presentación de candidaturas independientes no habría reforma electoral definitiva, y ni siquiera una reforma electoral que procure realmente atender las condiciones, la verdad efectiva de la sociedad mexicana hoy. Por supuesto que en la transición los partidos juegan un papel clave, pero no puede ser ni único ni exclusivo. Si se piensa en una genuina transición democrática la presencia política de la sociedad civil inclusive a través de candidaturas independientes no puede disminuirse y menos olvidarse.

Los tiempos de transición no son excluyentes, sino por definición incluyentes. Y cualquier monopolio que se pretenda ejercer sobre la actividad social y política resulta un freno a la transformación del conjunto, a la profundización de las exigencias contemporáneas.

Sería negativo que los partidos se erigieran en bastiones únicos y exclusivos de la vida política. Tal cosa no correspondería a la situación real de la sociedad y a la larga sería contraproducente para ellos mismos y para la transformación democrática de México. Por infinidad de razones, la sociedad está lejos de encontrar ``representación'' satisfactoria en alguno de los partidos políticos actuales. Taponar entonces la expresión política de las organizaciones sociales equivale a frenar el desarrollo político de México, a quedar prisioneros de los atavismos del pasado, de la concentración excluyente del poder, de las ventajas y prerrogativas de un papel monopólico en la vida del país.

La transición democrática, debe quedar claro, no es solamente una reforma electoral, sino a la larga una transformación profunda de la vida del país. Comienza con los cambios constitucionales y legales que se refieren a las elecciones (transparencia del voto, independencia de los órganos electorales, equidad de los partidos en las campañas y financiamiento adecuado de las mismas, nuevas modalidades en México como el referendum y el plebiscito, etcétera), ha de continuar con la Reforma del Estado, pero su alcance a la postre es mucho más radical, y se refiere en definitiva a la permanente participación de la sociedad en la ``cuestión pública''.

Es decir, a que se mantenga la ``identidad'' entre sociedad y Estado o, si se quiere, a la necesidad en toda democracia de que el Estado se vincule permanentemente a la sociedad, de que el poder político no se aísle o separe de su imprescindible base social, sino que responda puntualmente a ella y con ella se comprometa.

Para el proceso democrático en su conjunto sería entonces necesario y altamente saludable reglamentar otorgándoles previamente el derecho expresolas candidaturas independientes de la sociedad. Para los partidos a pesar de los espejismos de lo inmediato sería también alentador a la postre la fundación de esas candidaturas. La posibilidad de alianzas y combinaciones electorales se amplía, la participación ciudadana se intensifica, a la larga enriqueciendo a los propios partidos; en general la vida política del país se emulsionaría grandemente.

Por cierto, un avance electoral de esa naturaleza no requiere de reforma constitucional alguna, ya que según la Carta Magna todo ciudadano mexicano es titular del derecho activo y pasivo del voto, tiene derecho a ``votar y a ser votado''. Faltaría pues, únicamente, la reglamentación correspondiente al derecho de la ciudadanía a presentar candidatos independientes.

Sin ese derecho la reforma electoral, en este tiempo de intensa participación social en los asuntos públicos, quedaría trunca y mutilada, lejos de cumplir con las expectativas que ha levantado.