Cambios constitucionales en materia agraria, educativa y derechos humanos, proponen en el foro en San Cristóbal

José Gil Olmos, enviado, Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de julio En el tercer día de trabajo del Foro especial sobre la reforma del Estado, los más de 900 ponentes no sólo hablaron de las reformas electorales. También señalaron la necesidad de modificar conceptos constitucionales en materia agraria, educativa, económica y de derechos humanos, como parte de la transición democrática y ante la crisis del sistema político nacional.

El Partido del Trabajo, en su ponencia sobre la transición democrática, reconoció que en el debate de la reforma electoral se advirtió la necesidad de discutir también los temas económico y social, y enfatizó que lo ``estrecho'' del espacio de discusión, otorgado sólo a los partidos políticos, dejó fuera a la sociedad civil.

Arribo de los delegados del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena del EZLN a la mesa uno del
foro para reforma del Estado. Foto: Raúl Ortega

``De ahí la trascendencia de este foro convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que permite, una vez más, escuchar las voces de aquellos sectores a quienes se ha negado la voz y el reconocimiento de su representatividad''.

En el plano económico, el investigador Sergio de la Peña dijo que, a pesar de las ``reacciones positivas'' que ha dejado el neoliberalismo, como el saneamiento de la economía, lo inaceptable es el ``dogmatismo'' y la simplificación de los objetivos, sin tomar en cuenta los costos sociales, los compromisos con los pueblos o las prioridades elementales. ``Después de todo, el objetivo de la economía es el bienestar de la población, no las ganancias'', precisó.

Hasta ahora, explicó, el neoliberalismo se reduce a un corpus de política económica. ``No es un proyecto de régimen social. Para hacerlo a estas alturas de la historia tiene que ser incluyente, participativo y democrático, y la democracia de finales del siglo XX no se reduce al simple ejercicio de elecciones libres, sino demanda libertad en todos los sentidos, igualdad y fraternidad; derecho al bienestar, a la educación, a la salud, a la creatividad individual y colectiva, o sea, lo que no pretende ni logra el neoliberalismo''.

Por su parte, la diputada Carlota Botey habló de la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional. En su opinión, hoy más que nunca tenemos en México un campo devastado, una política agraria y agropecuaria totalmente errática que sigue produciendo, en lugar de granos, más violencia en el campo. ``Este hecho nos amenaza con el sometimiento por hambre ante los graneros de Estados Unidos'', aseguró.

Bajo esta idea, dijo que para lograr un nuevo artículo 27 y una nueva Constitución en las actuales circunstancias políticas, es indispensable construir un nuevo poder y un nuevo gobierno, en el que el principal beneficiario sea el pueblo. Los cambios y la democracia que requiere México no pueden darse a partir de una ``transición pactada que deje fuera las principales demandas de la población: empleo, educación, techo, tierra y mejor salario''.

En el aspecto educativo, luego de analizar la incidencia del Banco Mundial, el comité promotor del FZLN en la UNAM señaló en una ponencia que mientras no se reconozca la prioridad de algunos derechos como los de la infancia y la juventud, a la alimentación y a la educación, nuestra democracia será una simulación.

Propusieron la modificación del artículo tercero constitucional para terminar con el monopolio del Ejecutivo federal sobre los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal, y crear un organismo independiente y plural que establezca los contenidos educativos mínimos para todo el país.

Para este jueves se espera la presencia y participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en los trabajos del foro, cuya etapa de presentación de ponencias finalizará, e iniciará la síntesis de puntos concretos del documento final, que será entregado a la Comisión de Concordía y Pacificación (Cocopa), instancia encargada de presentarlo en el Congreso de la Unión como parte del debate de la reforma del Estado mexicano.