La semana pasada la prensa publicó dos experiencias de reciclamiento urbano en el Distrito Federal (Reforma, junio 27-9). Muy distintas entre sí, la primera se refiere al estadio que pretende construir el Cruz Azul en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca; y la segunda a la invasión de un edificio en la delegación Gustavo A. Madero por parte de un grupo autodenominado ``PASH''. Tienen en común un argumento explícito: que uno y otro sitio están subocupados; y otro implícito: que representan una oportunidad para quien tome la iniciativa. Por tanto, parecen concluir promoventes y autoridades, deben ser reutilizados para satisfacer determinadas necesidades de la sociedad, en un caso deportivas de corte comercial, y en otro sociales de vivienda.

Como antes lo fue para disputarse la periferia rural de la ciudad, hoy concurren actores urbanos con intereses diversos para disputarse los espacios desocupados al interior de la misma. Se conoce a este otro modo de poblamiento como ``urbanización hacia adentro'' o involución territorial. También se le denomina ``segunda urbanización'' de las ciudades. En México se le llama ``reciclamiento urbano'', probablemente por analogía con los países que desde hace dos décadas emplean este término para nombrar tanto el fenómeno en sí como las políticas para conducirlo. Así es señalado en la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Art. 7, fracc. XXVII; Art. 31 y Art. 34) y en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (pp. 64-65).

El problema es que como proceso social este otro tipo de poblamiento le está ganando terreno a la planeación del desarrollo urbano. Así fue en la periferia y así está siendo al interior de la ciudad. A los pronunciamientos formales les están faltando medidas y proyectos específicos para incidir adecuadamente en el proceso social del reciclamiento. De otro modo la iniciativa, cobijada ahora por la ley, la harán suya invasores (no ya únicamente de terrenos sino también de casas y edificios semiabandonados) y especuladores.

En el caso del estadio, dicen las notas que los directivos del Cruz Azul entregaron al DDF estudios de impacto ambiental, vialidad, mecánica de suelos e impacto social donde se afirma que los efectos serán de baja intensidad y que por ello pueden ser solucionados. En su diagnóstico afirman que en la zona no existen áreas naturales de reserva ni zonas arqueológicas o de alto valor histórico. Describen a la Magdalena Mixhuca como ``área recreativa con espacios subutilizados''. La vida útil del proyecto la calculan en 40 años (luego de los cuales, cabe suponer, podrá reciclarse nuevamente). Se financiará mediante la privatización comercial de una área que desde su origen, precisamente hace 40 años, es pública, y que consiste en la preventa de plateas y palcos, espacios concesionables, capital semilla aportado por el Club, créditos puente para la construcción, etcétera. Ninguna mención a los argumentos formulados por la comunidad y los defensores del patrimonio social de la ciudad. Tampoco a los compromisos de sustentabilidad signados recientemente por el gobierno mexicano en Estambul.

En el caso del edificio ubicado en la colonia Industrial de la delegación Gustavo A. Madero, desocupado tal vez por años hasta el 13 de abril pasado, se informa que una organización llamada PASH de antecedentes y vínculos políticos desconocidos rompió chapas e invadió el inmueble; después inició obras de remodelación para vender los ocho departamentos que lo conforman, y luego ante la denuncia de despojo levantada por el propietario propuso como ``solución'' quedarse con un departamento y el local comercial de la planta baja a cambio de devolverlo. Del asunto tomó nota el subdelegado de la zona 5, Gustavo Oike, ante quien el propietario del inmueble escucho decir a Olegario Martínez García, líder de los invasores, que la toma se había efectuado con el consentimiento de las autoridades. El dueño afirma que las obras continúan, que en el lugar habitan personas que se transportan en coche y se comunican por teléfono celular. ``Esto, a todas luces, no es una invasión de personas necesitadas''. Los departamentos se venden con un enganche de 6 mil pesos y al parecer ya hay nuevos pobladores habitando ``sus condominios''. Mientras tanto la delegación, que había clausurado las obras, turnó a la procuraduría capitalina una petición para que se investigue el asunto porque fuera de clausurarlo lo demás escapa a su competencia. En ese tenor no se sabrá nada antes de varios meses, cuando probablemente ya hayan sido ``vendidos'' los departamentos o el propietario haya cedido al chantaje.

Es éste el curso que podría tomar el reciclamiento urbano en el Distrito Federal si se le deja a la deriva. Siendo diferentes los casos que lo ejemplifican, en el fondo reclaman lo mismo y manifiestan el mismo resultado: expropiación al margen de la ley y desconcierto (acaso disposición) de las autoridades.